El promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha propuesto a los 7 miembros que componen la Comisión Disciplinaria una sanción de 7 meses de suspensión de empleo y sueldo y el traslado forzoso de destino, para la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, por la supuesta comisión de una falta grave.
El expediente disciplinario tiene como origen las supuestas dilaciones indebidas en el contexto de la numerosas (y mediáticas) macrocausas que lleva, como la Carioca (relacionada con redes de explotación sexual), sobre redes de proxenetismo, o la Pokémon y la del Garañón, sobre corrupción política.
La propuesta de resolución del teniente fiscal -número 2 de la Fiscalía-, Luis Navajas, por su parte, es de «tres meses de suspensión de empleo y sueldo».
Según el abogado de De Lara, Agustín Azparren -exvocal del CGPJ y magistrado en excedencia-, recibió la comunicación del CGPJ el pasado viernes.
Desde su punto de vista, en la propuesta se mantienen “alguna de las imputaciones sobre retrasos que se le atribuyen a la magistrada, pese a que la propia Inspección del CGPJ, en un escrito posterior, reconoció y rectificó varios errores que tenía, por ejemplo en un caso en que se le imputaba un retraso que no le correspondía a ella sino a una juez que la había sustituido».
Azparren tiene plazo hasta la próxima semana para presentar el escrito de alegaciones consiguiente, con lo que se entraría en la fase final de este caso.
De acuerdo con Azparren, eso «despenderá de si se estima el recurso, si se tuviera que hacer la prueba testifical habría que retrotraer el expediente a ese momento y practicarse las pruebas”.
Si no es así, el pAD trasladará su propuesta, y la del teniente fiscal, a la Comisión Disciplinaria del CGPJ.
Los magistrados Wenceslao Francisco Olea Godoy -presidente-, María Victoria Cinto Lapuente, Roser Bach Fabregó y Carmen Llombart Pérez, los abogadosEnrique Lucas Murillo de la Cueva y Vicente Guilarte Gutiérrez y la letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Carmona Vergara, tendrán la última palabra.
En el caso de que ratificaran la propuesta del pAD o la del teniente fiscal, Azparren podría recurrir en vía potestativa ante el Pleno del órgano de gobierno de los jueces y, después, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
La propuesta de sanción del pAD está basada en un completo informe de la situación del Juzgado realizado por el Servicio de Inspección del CGPJ.
