Emilio Quevedo está investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellà (Barcelona) por la supuesta pasividad de la policía catalana para impedir el referéndum.
Otro jefe de los Mossos confirma que advirtieron hasta en dos ocasiones al gobierno catalán de los riesgos del 1-O
Aluce al "clima de tensión que se vivía en Cataluña" antes del referéndum, que llevó a los Mossos a tomar medidas de protección de edificios públicos del Estado
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11/3/2019 13:33
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Actualizado: 11/3/2019 13:33
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El que fuera máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos d’Esquadra en la jornada del referéndum ilegal del 1-O, Emilio Quevedo Malo, ha confirmado hoy en el juicio del ‘procés’ que la policía autonómica advirtió hasta en dos ocasiones de los riesgos previsibles si se mantenía la convocatoria. En concreto, el 26 y el 28 de septiembre de 2017.
Emilio Quevedo está investigado por un juez de Cornellà de Llobregat (Barcelona) por la supuesta pasividad de la policía catalana para impedir el referéndum. A diferencia de lo que ha venido ocurriendo hasta el momento con imputados en otros procedimientos en Cataluña, Quevedo ha accedido a declarar ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo, pese a que la ley le permite no hacerlo.
El comisario, ya en segunda actividad, ha hablado del «clima de tensión que se vivía en Cataluña» antes del 1-O, que llevó a los Mossos a tomar medidas de protección de edificios públicos del Estado. A su juicio, «no cabe duda» que ante «las iniciativas políticas que se estaban llevando a cabo en Cataluña» era «bastante obvio que se podían generar tensiones en la comunidad».
A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, ha explicado que el mayor de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, se reunió el 26 de septiembre de 2017 con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y con el exconsejero de Interior Joaquim Forn, donde les trasladó la «preocupación que había en los Mossos por la situación que había en general en el país».
Ha contado que en ese encuentro, al que él no asistió, se les planteó la posibilidad de desconvocar el referéndum y se les insistió en que «indudablemente» los Mossos iban a cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) de actuar como «policía judicial».
Quevedo estuvo presente en otra reunión celebrada dos días después, que solicitó Trapero, ya que la anterior «no había tenido éxito», para volver «intentar disuadir a los máximos responsables del Govern de la Generalitat» de que no siguiesen adelante con su intención de celebrar la consulta.
Ha dicho que en esa reunión se les reiteró dicha «preocupación», así como la «disconformidad» del cuerpo por las manifestaciones públicas realizadas por parte de miembros del gobierno catalán, como Forn, en las que, a su entender, se proyectaba a la ciudadanía la «prevalencia» entre la actuación policial y el cumplimiento del mandato judicial.
Preguntado por el fiscal sobre si les advirtieron de la posibilidad de una «alta movilización de personas» que podrían generar problemas de seguridad, Quevedo ha respondido que fue Castellví quien lo expuso y que puso como ejemplo que se podrían dar «enfrentamientos entre favorables y contrarios al referéndum».
Asimismo, ha afirmado que uno de los escenarios previstos era los choques entre las fuerzas policiales y los concentrados en los colegios electorales.
Ha señalado que pese a esta advertencia, Puigdemont aseguró que sus planes seguían en pie porque el gobierno catalán «tenía un mandato que cumplir y lo iban a llevar adelante porque tenían un mandato avalado por resultados electorales».
También ha comentado que estos dos encuentros de los Mossos con Puigdemont tuvieron un «carácter poco habitual». Ha explicado que «eran reuniones casi sin precedentes» porque lo normal era reunirse con el consejero, pero no con el presidente.
Quevedo se ha pronunciado en la misma línea que el comisario de Información de los Mossos el 1-O, Manel Castellví, quien la semana pasada manifestó que los mandos de la policía autonómica advirtieron en una reunión a Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y al exconsejero de Interior Joaquim Forn de la posibilidad de que se produjera una “escalada de violencia” el día del referéndum.
Castellví ha matizado hoy que las previsiones que habían hecho de episodios de violencia durante el referéndum no se cumplieron, porque no se constituyeron los grupos que se habían señalado como los que podían alterar el orden.
AFIRMA QUE JUNQUERAS DIJO A LOS MOSSOS QUE «NO HABRÍA NINGÚN TIPO DE RESISTENCIA» EL 1-O
Quevedo también ha indicado que Junqueras sólo señaló que creía que «no habría ningún tipo de resistencia» contra los agentes de la policía.
Además, ha contado el malestar de la policía catalana ante unas declaraciones del exconsejero de Interior Joaquim Forn de que los Mossos se comportarían el 1-O de la misma forma que en una jornada electoral.
«Eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad», ha explicado Quevedo, y ha expuesto que la policía autonómica sabía que el 1 de octubre no podía actuar «como en cualquier otra jornada electoral normal» porque era «una actividad política que había sido prohibida», y que así se lo trasladaron al gobierno catalán antes del referéndum.
Ha explicado que a consecuencia de las instrucciones del fiscal superior de Cataluña encaminadas a impedir el 1-O, Trapero, empezado explicando que a consecuencia de las instrucciones del fiscal superior de Cataluña encaminadas a impedir el 1-O, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero -que próximamente será juzgado en la Audiencia Nacional, encargó a su departamento un informe técnico, en el que se plasmó la necesidad de «entre 30.000 y 40.000» agentes de los Mossos para cerrar colegios y establecer un perímetro de seguridad.
Ha informado de que el 1 de octubre de 2017 trabajaron 11.000 mossos, aunque para el dispositivo sólo se destinaron 7.850 agentes; mientras que en una jornada electoral normal se hace uso de entre 2.550 y 3.500 efectivos.
Asimismo, ha reconocido que eran conscientes de que con dos o tres agentes de los mossos en cada uno de los colegios «no podrían hacer frente» al cierre de los mismos, pero consideraban que este «binomio» de Mossos era lo más efectivo porque permitía tener «una información veraz y directa» para conocer lo que ocurría y que el centro de coordinación pudiera «activar» las medidas de refuerzo necesarias para llevar a cabo el mandato judicial.
«Pero la realidad es que no se fue capaz de llevar a cabo el cumplimiento», ha terminado reconociendo después a la abogada del Estado, Rosa María Seoane, y ha apuntado que no se podía contar con más agentes de Mossos que no fueran los de seguridad ciudadana, y que no era «realista» haber incluido en el dispositivo a los agentes de Tráfico, salas de mando o investigación criminal. «No era realista que los 16.000 pudieran intervenir», ha subrayado.
Asimismo, ha dicho que aunque estaba previsto hacer uso de los efectivos de antidisturbios, éstos no pudieron ser destinados para el cierre de colegios electorales porque estuvieron ocupados en diversas manifestaciones que se celebraron ese mismo día, así como el partido de fútbol, que finalmente se celebró a puerta cerrada, entre el Fútbol Club Barcelona y Las Palmas.
En cuanto al 20 y 21 de septiembre, Quevedo, que siguió la protesta desde el centro de coordinación, ha reconocido que son las «fuerzas policiales» y no los manifestantes los que deben facilitar las vías de acceso y salida de la comisión judicial, en referencia al pasillo que hicieron voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
A preguntas de Marina Roig, abogada del presidente de Ómnium Jordi Cuixart, ha explicado que el helicóptero de vigilancia de los Mossos sólo comenzó a sobrevolar la protesta una vez se supo que había armas dentro de los coches de la Guardia Civil que fueron destrozados por los manifestantes, y que se ordenó la intervención de agentes de orden público pasadas las dos de la madrugada del día 21 porque los Mossos supieron que «había individuos sacando objetos» de esos vehículos.
El tribunal ha suspendido la sesión hasta las 16.00 horas. Se retomará con la testificales de directivos de Unipost y del Centro de Telecomunicación y Tecnologías de la Información.
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