Panteón de la familia en el cementerio de El Pardo, donde está enterrada la mujer de Franco, Carmen Polo. Foto: EP
El Gobierno anuncia que Franco será enterrado en el cementerio del Pardo el próximo 10 de junio
Fija la fecha para exhumación sin esperar a que el Supremo decida sobre la suspensión cautelar del traslado de los restos
|
15/3/2019 13:47
|
Actualizado: 15/3/2019 14:49
|
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha informado hoy que los restos de Francisco Franco serán exhumados del Valle de los Caídos y enterrados el próximo 10 de junio, lunes, en el panteón del cementerio de Mingorrubio, en el Pardo.
Así lo ha anunciado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y ha señalado que si la familia quiere, que celebre una «íntima» ceremonia, dejando claro que sólo sería «para los familiares».
La vicepresidenta ha señalado que se adoptarán las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido, para «preservar la intimidad» de la familia.
Calvo ha manifestado que con este último paso «se está ejecutando la Ley de Memoria Histórica» del año 2007. «Una ley propia del esfuerzo de una democracia por atender los informes de la Naciones Unidas», ha añadido.
Ha contado que expirados los sucesivos plazos que han tenido los familiares para recurrir la decisión y disponer sobre el destino de los restos mortales de Franco, el Gobierno ha elegido un «destino alternativo compatible» con la garantía del orden público y la seguridad ciudadana, puesto que se trata de un lugar de «titularidad estatal».
Ha insistido en que el 10 de junio «se concluirá con el procedimiento» de la exhumación, cumpliendo con el Acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018, por el que se inició el procedimiento administrativo.
LA FAMILIA Y LOS MONJES DEL VALLE RECURRIERON ANTE EL SUPREMO LA ORDEN DE LA EXHUMACIÓN
La familia Franco presentó la semana pasada un recurso ante el Alto Tribunal contra la orden para exhumar a Franco que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero.
El Supremo lo admitió a trámite, y abrió una pieza separada de medidas cautelares, ya que los Franco también han pedido que el acuerdo del Gobierno quede en suspenso mientras el tribunal resuelve sobre el fondo.
Los monjes del Valle también recurrieron ante el Supremo esa resolución sobre la exhumación porque, según destacan, los poderes públicos no pueden entrar en la Abadía “sin autorización eclesiástica”.
El Gobierno ha fijado la fecha para exhumación sin esperar a que el Tribunal Supremo decida sobre la suspensión cautelar del traslado de los restos, pero ha indicado que esta fecha puede ser pospuesta si el tribunal anulara o suspendiera esa decisión del Ejecutivo.
La familia envió una carta al Gobierno anunciándole que presentaría el recurso, en la que manifestó que si el Supremo avala la exhumación, los restos deben ser llevados a La Almudena, una ubicación que el Gobierno rechaza alegando riesgos para la seguridad y el orden público.
Catedral de la Almudena, en cuya cripta quieren los familiares de Franco que se le entierre, si es exhumado. Foto: EP
“Sólo en el hipotético caso” de que el Supremo, además de avalar la exhumación, también reconociera el derecho del Gobierno de vetar la elección del nuevo lugar de enterramiento por parte de la familia si no la considera idónea, los nietos accederán a elegir un lugar distinto a la cripta de La Almudena, pero después de que el Gobierno les conceda “un plazo razonable” para tomar esa decisión.
También le dijeron al Ejecutivo que los restos de Franco “no son de su propiedad, ni constituyen un bien de dominio público del que el Gobierno pueda disponer a su antojo” puesto que “la única facultad de disposición de los mismos recae en sus familiares directos”.
Y destacaron que no hay precedentes en la historia de España de “ningún cadáver español respecto del cual el Gobierno imponga o condicione un lugar de inhumación a sus familiares”.
Por su parte, los monjes del Valle informaron en un comunicado que “la Comunidad benedictina se ha visto obligada a recurrir» ante la «imposibilidad de aceptar que los poderes públicos puedan actuar libremente en un recinto sagrado sin la necesaria autorización eclesiástica”.
Advirtieron que “interferir en un acto de culto como es la inhumación, custodia y exhumación de restos humanos yacentes en sepultura religiosa vulnera el principio de inviolabilidad protegido por los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede y el derecho a la libertad religiosa y de culto”.
Noticias Relacionadas:
