La existencia del plan de los Mossos d’Esquadra para detener a Carles Puigdemont, revelado por el exmayor de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, durante su declaración ante el tribunal, el pasado 14 de marzo, no le servirá de nada en la causa que se sigue contra él ante la Audiencia Nacional ya que se le ha procesado por hechos anteriores, según fuentes jurídicas.
Dichos hechos comprenden la inacción de los Mossos tanto durante el registro de la Consejería de Economía, el 20 de septiembre de 2017, como el referéndum ilegal del 1 de octubre de ese mismo año.
Por ello, la Fiscalía solicita 11 años de prisión y 11 de inhabilitación absoluta por un supuesto delito de rebelión.
De acuerdo con lo que dijo Trapero, los Mossos prepararon, el 25 de octubre de 2017, dos días antes de la aprobación por el parlamento autonómico de la declaración unilateral de independencia, un dispositivo para la detención del entonces presidente de la Generalitat y de sus consejeros.
A LAS ÓRDENES DEL PRESIDENTE DEL TSJCat Y DEL FISCAL SUPERIOR DE CATALUÑA
De la misma forma, explicó al tribunal que tras dicha declaración envió sendas cartas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, y al entonces fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, fallecido después, poniéndose a sus órdenes.
Esta última circunstancia ya fue expuesta por la defensa de Trapero en sendos escritos dirigidos a la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 3, la magistrada Carmen Lamela, que instruía la causa.
Sin embargo, no explicó a dicha magistrada, entonces, que hubiese un plan para la detención de Puigdemont y de sus consejeros.
A juicio de las mismas fuentes, lo contado por Trapero ante el Supremo es irrelevante porque en la Audiencia Nacional se le acusa de «inacción y delación de funciones».
Por otra parte, en su declaración en el alto tribunal, Trapero confirmó lo que ya habían indicado antes que él los comisarios autonómicos Manel Castellví y Emili Quevedo: que el 28 de septiembre, tres días antes del referéndum, advirtieron a Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn del riesgo de «desórdenes públicos» el 1-O y les pidieron que desconvocaran la votación, pero que hicieron caso omiso.
Según las fuentes jurídicas consultadas, este hecho sí había sido relatado por Trapero en sus declaraciones en la Audiencia Nacional, si bien no había empleado términos tan «contundentes».
Durante la instrucción, Trapero estuvo investigado por dos delitos de sedición y uno de organización criminal; tras su procesamiento, la Fiscalía le acusó de rebelión.
TAMBIÉN VEN OTRAS CONTRADICCIONES
Además, las fuentes han subrayado lo que consideran ciertas contradicciones entre el testimonio del exjefe de los Mossos en el Supremo y las comunicaciones que intercambió con el fiscal superior de Cataluña: ante el tribunal que juzga el ‘procés’, se escudó en la falta de medios y personal para justificar por qué la policía autonómica no había hecho más el 1-O, si bien los días previos rechazó la coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil alegando que disponía de efectivos suficientes.
Además de Trapero, están a la espera de juicio en la Audiencia Nacional los exjefes políticos de los Mossos Pere Soler y César Puig, quienes también están acusados de rebelión y se enfrentan a la misma petición de condena.
Para la intendente Teresa Laplana se solicitan cuatro años de cárcel por un delito de sedición. El juicio se espera para después del verano.
