El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite -por unanimidad- la impugnación presentada por el gobierno socialista contra la comisión de investigación del parlamento autonómico catalán sobre las actividades de la Monarquía y ha ordenado la suspensión de su creación.
El máximo tribunal de garantías ha respondido así a la petición del gobierno nacional, que entiende que el Parlamento catalán no es órgano competente para investigar las actividades de la Monarquía española «al desbordar el objeto de la investigación el ámbito institucional y competencial propio» de esta comunidad.
De la misma manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que se infringe el principio de inviolabilidad del Jefe del Estado y el artículo que atribuye exclusivamente a los jueces y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
El Tribunal Constitucional ha acordado dar traslado al Parlamento de Cataluña de la demanda y documentos presentados para que se presenten las alegaciones correspondientes en un plazo de 20 días.
La creación de la citada Comisión se aprobó el pasado día 7 de marzo, impulsada por JxCat, ERC, los ‘comuns’ y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y el PP.
La Comisión de investigación sobre la Monarquía creada en el Parlamento catalán pretendía investigar las «actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña después del 1-O».
Así constaba en el texto que presentaron los impulsores y que se refiere a las empresas que decidieron irse fuera de esta comunidad autónoma después del referéndum ilegal.
Además, querían que la comisión investigue las «presuntas cuentas irregulares del rey emérito, Juan Carlos I, en Suiza y otros paraísos fiscales», y las actividades irregulares o delictivas que se puedan derivar de las declaraciones que hizo Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya recurrió a finales de octubre pasado ante el TC la resolución aprobada en el Parlamento catalán el 11 de ese mismo mes, contra el Rey y la Monarquía, al ver en este texto «un nuevo intento» de iniciar otro proceso unilateral «que desemboque en la proclamación de una hipotética república» catalana.
La impugnación se presentó pese al criterio contrario expresado por el Consejo de Estado, que en el informe encargado por el Gobierno expuso que la moción del Parlamento catalán no constituía «objeto idóneo para su impugnación». El Gobierno no compartió entonces esta argumentación y acudió al Constitucional.
