El tribunal enjuiciador del caso procés: Andrés Palomo, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena (presidente y ponente), Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Ana María Ferrer.
Marchena puso coto a los intentos de las defensas de poner en duda la investigación sobre el proceso independentista
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27/3/2019 06:15
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Actualizado: 27/3/2019 02:49
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El presidente del tribunal que juzga a los 12 procesados por el proceso independentistas, Manuel Marchena, interrumpió repetidas veces los interrogatorios que las defensas hacían al teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena, jefe de la policía judicial en Cataluña, cada vez que las preguntas dejaban entrever que se estaban cuestionando los indicios aportados a la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo, así como en otros órganos judiciales.
«Los atestados valen para lo que valen», ha enfatizado el magistrado en una de sus intervenciones en la que ha querido dejar claro que la «fuente de conocimiento» del tribunal son los escritos de acusación de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.
Baena, que firma los informes policiales entregados en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en el marco de las instrucciones sobre el proceso independentista, la creación de estructuras de Estado y el presunto uso de fondos públicos para estos cometidos, contestó durante cinco horas y media a las distintas preguntas que han realizado las partes.
LAS DEFENSAS CUESTIONAN SU IMPARCIALIDAD
Fue justo antes de parar la sesión para comer, y una vez que se ha retomado, cuando se ha enfrentado a las preguntas de las defensas, que cuestionaron su imparcialidad desde la fase de instrucción, ya que se le relacionó como usuario de un perfil de Twitter en el que se publicaron mensajes contra los líderes independentistas, cuya autoría negó el propio Baena.
El primero de ellos fue Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva, que centró todo su interrogatorio a cuestionar los inicios de la instrucción con veladas críticas al hecho de que se abrieran diligencias en diferentes órganos judiciales.
Concretamente, Marchena interrumpió al abogado cuando quiso saber por qué no se archivaron las diligencias de la Fiscalía una vez que se incoaron las del Juzgado número 13 de Barcelona, para hacerle ver que el testigo no tiene por qué conocer ese dato.
Fue a la abogada Ana Bernaola, representante del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, a la que más veces frenó, ya que, según dijo el magistrado, parece que la letrada «está sometiendo o incorporando al objeto de proceso las razones por las que la Policía valoran indicios».
No obstante, Bernaola explicó al presidente del tribunal que el fin de estas preguntas es conocer cuál fue el criterio para incorporar en los informes unos hechos y otros no sobre su cliente, teniendo en cuenta que las acusaciones se han basado en ellos para argumentar sus tesis.
Además, recordó que algunos de los recogidos datan de los años 2013 y 2014 y sirvieron para su ingreso en prisión, el 16 de octubre de 2017, dictada por la entonces magistrada de instrucción de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
NI «VALORACIONES PROBATORIAS», NI «DEFINICIONES»
Hasta en dos ocasiones pidió Marchena a la abogada del expresidente de la entidad soberanista que no pidiera «valoraciones probatorias», ni «definiciones» al teniente coronel.
«Usted pregúntele qué presenció y luego ya nos ponemos de acuerdo sobre si es un acto violento o no», sugirió a Bernaola en un momento en el que preguntó al guardia civil que dijese qué es un «escrache».
En el mismo sentido cortó a Francesc Homs, abogado del exconsejero Josep Rull, cuando le preguntó sobre si la hoja de ruta del proceso independentista era considerado como un programa político.
Incluso el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tuvo que salir al amparo del testigo cuando este mismo abogado le exigió que explicara por qué se investigó una reunión en la que se trató la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat: «Pero es que es el juez o el fiscal el que dice lo que se tiene que investigar, no era él el que decidía», dijo. «Desborda el objeto del juicio», añadió.
Otra advertencia hizo Marchena a Jordi Pina, abogado del exconsejero Jordi Turull, que preguntó si en algún momento avisó a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) Mercedes Armas que en la investigación de un presunto delito de malversación relacionado con el referéndum ilegal podía perjudicar a los miembros del Govern, que son aforados.
«Esos caminos no llevan a ninguna salida. El declarante es quien es, un teniente coronel de la Guardia Civil, y no hace advertencias sobre competencia o aforamientos a un juez de instrucción», reprendió el magistrado, al mismo tiempo que no permitió que este letrado empezara otra pregunta con un «¿Le parece normal…?».
SE INVESTIGAN A «PERSONAS QUE HACEN COSAS»
El teniente coronel, que respondió en un tono sosegado a toda la batería de preguntas de las defensas y que en numerosas ocasiones se remitió a lo que «consta en las diligencias», aseguró que durante su declaración contó lo que vivió y «no lo que está en los atestados», algo que fue apoyado por el magistrado, que le dijo que «eso es más sano».
Asimismo, Baena dijo varias veces que lo que se ha investigado es «a personas que hacen cosas» para saber si han podido incurrido en algún delito y no a entidades soberanistas como ANC y Òmnium Cultural.
Así lo repitió a la abogada del presidente de la última organización, Marina Roig. EP.
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