La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de 5 años de cárcel para el expresidente balear y exministro, Jaume Matas (PP), por presuntamente haber desviado 120.000 euros de las arcas públicas durante su última legislatura (2003-2007).
El juicio de esta pieza separada del llamado ‘caso Turisme Joven’ -que ya fue juzgado y sentenciado- arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Baleares.
El Ministerio Público y la Abogacía de la Comunidad han expuesto hoy sus conclusiones definitivas.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía de la comunidad han mantenido su petición de pena de 5 años por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
El Ministerio Público considera que Matas, durante su última legislatura (2003-2007), habría dado instrucciones a la Consejería de Presidencia y Deportes para que transfiriera 120.000 euros en beneficio del exregidor de Calvià, Jesús García Oeo, quien se consideraba perjudicado porque se le había rescindido un contrato con la administración para la explotación de albergues juveniles.
García Oeo, que ha declarado hoy ante el tribunal, ha manifestado que nunca le ha pedido nada a Matas ni como ministro ni como presidente.
Este exregidor, que ya fue condenado por estos hechos, ha señalado que el entonces director general de Juventud del Govern, Juan Francisco Gálvez, le llamó para reunirse con él, fuera del despacho.
En el encuentro, fue cuando le dijo cómo le iban a pagar los 120.000 euros que reclamaba por daños y perjuicios después de que se le rescindiera un contrato público por la gestión de albergues.
Tal como ha relatado, le detalló que le pagarían mediante un talón cierta cantidad -11.800 euros- y que para cobrar el resto debía presentar facturas que no fueran de su empresa. Eran facturas «falsas».
Jesús García Oeo ha admitido que cometió «un grave error». «Y lo he pagado, reconozco que nunca tenía que haberlo hecho», ha expresado.
El pago se realizó mediante la elaboración de siete facturas, fechadas entre junio de 2006 y agosto del mismo año.
La mayoría de testigos que han declarado en la vista o no recordaban la operación de transferencia del dinero o han exculpado a Matas.
El único que ha apuntado al expresidente ha sido el exdirector general de Juventud Juan Francisco Gálvez, que manifestó ayer que creía que la orden la había dado él, pero que no podía dar fe de ello «en absoluto».
Durante su declaración como testigo, Gálvez dijo que «jerárquicamente» la orden de pagar los 120.000 euros solo se pudo dar desde Presidencia o desde Vicepresidencia. «Dentro del organigrama del Govern, por autoridad, eran o la vicepresidenta o el presidente. Eran los que los podían», explicó.
En 2013, los acusados de urdir una trama para desviar fondos públicos del consorcio Turisme Jove se declararon culpables y pactaron penas de entre nueve meses y tres años y siete meses de prisión.
Entre ellos están Juan Francisco Gálvez y el exgerente de Turisme Jove Damià Amengual, que aceptaron tres años de prisión, y el exjefe de Servicios de la empresa Juan Francisco, tres años y siete meses.
El abogado que llevaba la reclamación de Oeo, que también ha declarado como testigo hoy, ha dicho que no conocía los detalles de la operación.
También ha comparecido la exconsejera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig, que ha asegurado que no recordaba el asunto.
«Este expediente no es diferente a cualquiera que se pudiera tramitar en los cuatro años de gobierno o en otros gobiernos anteriores», ha manifestado.
En el mismo sentido se ha pronunciado la que fuera secretaria general técnica de la Consejería de vicepresidencia durante ese periodo, que también ha declarado como testigo.
Matas negó ayer haber dado esa orden e incluso haberse llegado a reunir formalmente con ninguna de las personas relacionadas, supuestamente, con su ejecución.
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau considera que Matas ordenó a Gálvez, que, desde su cargo, efectuara el pago de los 120.000 euros. Sobre esto, Matas dijo que «nunca departió» con Gálvez.
«Yo no despachaba con directores generales», recalcó.
Matas está en la actualidad en prisión, en la cárcel madrileña de Aranjuez, cumpliendo una condena de tres años y ocho meses de cárcel por el ‘caso Nóos’.
Fue condenado por un delito continuado de prevaricación en concurso medial, por falsedad en documento público y por malversación de caudales públicos.
También está a la espera de la sentencia del llamado ‘caso Over’, que investiga el uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, empresa que se encargó de la campaña electoral del PP de Baleares en el año 2003.
Tiene un juicio pendiente por la adjudicación del hospital Son Espases, llamado ‘caso Son Espases’, que está previsto para junio. La Audiencia Provincial celebrará una vista previa para determinar si se llega a un pacto de conformidad.
