Registrada judicialmente la sede de EY en Barcelona y el domicilio de tres empleados a los que fichó en la competencia

La magistrada Beatriz Bafalgón, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, ordenó el pasado 22 de marzo a la Policía Judicial la entrada y registro tanto en la sede social de la multinacional como en los domicilios de los tres trabajadores fichados de KLB que ostentan ahora mayor responsabilidad en Ernst&Young, para poder «acceder, visualizar y examinar todos los dispositivos informáticos» y de almacenamiento que «puedan contener información relacionada con los delitos investigados».

KLB Group, representada por el Bufete Durán & Durán Abogados, se querelló en julio de 2018 contra Ernst&Young por la presunta «captación en masa» de varios trabajadores a quienes habría ofrecido un puesto a cambio de que se llevaran consigo clientes que representasen un volumen importante de clientes y revelasen los métodos, procedimientos y demás datos de importancia que constituyen los secretos empresariales de KLB Group para servirse de ellos y ampliar la cartera a futuro.

Según ha podido saber Confilegal, el registro tuvo lugar el pasado el 26 de marzo por parte de la UDEF, unidad que ha venido realizando la investigación desde el inicio del procedimiento.

En él «se incautó todo tipo de material informático, tanto pendrives como los discos duros de los ordenadores».

Ahora está pendiente el análisis del material incautado.

Según detalla este auto, al que ha tenido este diario, «puede sostenerse la existencia de suficientes indicios de criminalidad contra los titulares de los domicilios afectados».

La magistrada indica que los exempleados de KLB rescindieron voluntariamente su contrato en enero de 2018«y pese a la cláusula de no competencia que les afectaba, comenzaron a trabajar en idéntica actividad con una empresa de la competencia, Ernst&Young, ofreciendo los mismos servicios a los clientes de KLB».

«El análisis de los correos electrónicos corporativos de algunos de los querellados evidencia que tras la dimisión, mantuvieron contactos con clientes que pudieron haber captado para pasar a la competencia y con el socio de E&Y, quien solicitaba datos para cumplimentar contratos que constituirían información confidencial», relata la magistrada.

Asimismo, apunta que el examen del contenido de los ordenadores de KLB que usaban estos trabajadores «pone de manifiesto que se descargó, modificó o eliminó gran cantidad de archivos con información sensible (facturación, contratos, lista de clientes, planes de negocio, costes…)».

Entiende que «cabe inferir que la información indebidamente apropiada se estaría utilizando en la actividad laboral que ahora realizan» para la multinacional querellada.

«Todo ello permite concluir con la provisionalidad propia de la fase inicial de este procedimiento, la existencia de indicios de la comisión de un delito relativo al mercado», dice el auto, en el que se detalla que los hechos «tienen especial gravedad atendiendo a la cuantía del perjuicio económico causado» por «la pérdida de facturación de nueve empresas».