Carlos Ramos, magistrado instructor de la querella interpuesta por el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, contra el presidente del gobierno autónomo catalán, Quim Torra, ha dado tres días a ambos para que soliciten la práctica de aquellas medidas que entiendan necesarias.
La querella es por un supuesto delito de desobediencia.
Por no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las banderas separatistas de los edificios públicos.
De acuerdo con un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), el magistrado instructor, considera que no es necesario hacer más.
Pero éste ha dado tres días a las partes para que puedan «solicitar la práctica de otras diligencias de instrucción que entiendan necesarias, siempre que sean pertinentes».
La querella fue presentada ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat, al ser Torra aforado, y admitida a trámite.
Ramos Rubio, miembro de esa Sala, fue designado instructor del caso.
En su querella, Bañeres acusa formalmente a Torra de un supuesto «delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la ‘autoridad superior’, cometido por una autoridad o funcionario público».
El fiscal superior de Cataluña señala que el presidente incumplió «consciente, abierta y reiteradamente lo decidido por la Junta Electoral Central» en dos acuerdos del 11 y el 18 de marzo en los que ordenaba la retirada de banderas no oficiales y símbolos partidistas en cualquier edificio público de la Generalitat.
El Ministerio Público querellante asegura que, «lejos de obedecer los mandatos de la JEC, el querellado mantuvo más allá del término fijado por el organismo electoral los elementos que había sido conminado a retirar perentoriamente en numerosas dependencias y establecimientos públicos dependientes de la Administración catalana presidida por él».
La querella también indicaba que la JEC dictó un nuevo acuerdo el 21 de marzo de 2019 en el que, después de constatar el «flagrante incumplimiento» de las órdenes, decidió ordenar al consejero de Interior, Miquel Buch, que ordenara a los «Mossos d’Esquadra» retirar los símbolos.
