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«Operación Magistrado»: Que Borrego se marche del Supremo

El promotor de la Acción Disciplinaria le abre un expediente disciplinario José María Díez-Picazo, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la izquierda, y el magistrado Javier Borrego, a la derecha.
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El exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por España y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Javier Borrego Borrego, no es de la cuerda del presidente en funciones de ese órgano judicial y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Ni tampoco del presidente de esa Sala, Luis María Díez-Picazo Giménez –hombre de máxima confianza del anterior–.

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Existe un interés porque se marche «voluntariamente» de la casa.

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Es la «Operación magistrado» que hoy se ha materializado con la incoación de un expediente disciplinario al magistrado Borrego por supuesta desatención de sus funciones jurisdiccionales y por –también supuesta– desconsideración al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el susodicho Díez-Picazo.

El promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, al parecer, aprecia indicios de «alguna» falta disciplinaria, leve, grave o muy grave; todavía por definir.

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La agenda oculta de esta «operación» tiene el objetivo de promover a un candidato alternativo a Borrego que parece ser Juan José Torres-Fernández Nieto, abogado del Estado Jefe ante el Tribunal Supremo.

Un hombre más en «sintonía personal» con Lesmes –que tendrá que volver a esa Sala como magistrado cuando se produzca la renovación del CGPJ, si no le salen otras cosas– y con Díez-Picazo.

Torres-Fernández Nieto obtuvo cero apoyos de los vocales en la votación que llevó a cabo el Pleno del CGPJ del 25 de octubre del 2018, en el que fue elegido Borrego por 16 votos, de los 21 en liza.

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Si Borrego se marchara, el CGPJ podría volver a convocar su plaza, para juristas de reconocido prestigio, y elegir a Torres-Fernández antes de que los partidos políticos se pongan de acuerdo en elegir a un nuevo Consejo, que, como muy pronto, sería para noviembre. 

La «sugerencia» que se le había hecho llegar a Borrego, que cumple 70 años el próximo 21 de septiembre, es que renunciara a pedir la prórroga hasta los 72 años como magistrado de la Sala.

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Una petición que tendría que hacer antes del 21 de julio, dos meses antes de su cumpleaños, como es preceptivo.

Y que, como es preceptivo, se concedería de forma automática.

De esa forma finalizaría su carrera profesional con honores, voluntariamente.

Borrego ha hecho caso omiso de dicha «sugerencia»con su silencio.

Poco más de una semana después, y visto que Borrego no respondió positivamente, le ha sido comunicada la decisión del pAD.

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RETRASOS QUE SON COSA DEL PASADO 

Los hechos que son el origen del conflicto fueron los retrasos en los que incurrió el magistrado en sus primeras semanas de andadura en el Tribunal Supremo.

Retrasos que ya han sido solventados. La Sala, por lo que a él respecta, se encuentra al día. 

Borrego venía de ser abogado del Estado Jefe del Tribunal de Cuentas y la adaptación, a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, una de las que tienen un ritmo de trabajo más intenso –es competente sobre asuntos de contratación, urbanismo y agua entre otros, de los más complejos de la Sala– ha llevado su tiempo, cosa comprensible.

Díez-Picazo fue informado de esta circunstancia por el presidente de la Sección Quinta, en la que se encuentra destinado Borrego, quien fue llamado, el pasado 2 de abril a su despacho.

De acuerdo con Díez-Picazo, cuando le comunicó a Borrego que informaría al CGPJ sobre ello, éste supuestamente lo «amenazó» y lo «zarandeó».

Es lo que dice Díez-Picazo.

Porque Borrego lo niega.

Y no había una tercera persona en el despacho que pueda corroborar una versión o la otra. 

Dar por buena la versión de Díez-Picazo frente a la de Borrego, en esas circunstancias, sería como poco menos que asimilar su testimonio al de una mujer maltratada, que no necesita de testigo alguno para que sea dado por bueno.

Podría colar. Pero no cuela.

El relato de Díez-Picazo, que mide más de 1,80, pesa más de 90 kilos, y posee una vitalidad y fortaleza fuera de toda duda, además de un carácter visceral, conocido por sus prontos, estallidos de carácter y propensión a subir el tono de voz. 

Borrego, por su parte, no llega al 1,75, es muy delgado, no llega a los 65 kilos, y es de carácter afable y tranquilo.

En sus 48 años de servicio a la Administración del Estado jamás ha tenido problema alguno. Su expediente profesional está inmaculado, limpio como una patena. 

No encaja el cuento.

Es inverosímil, por lo tanto, que los acontecimientos sucedieran como se pretende hacer creer.

Y no hay base para dar más verosimilitud a la versión de Díez-Picazo, visto lo visto.

El hecho –y no tiene nada que ver, ya lo sé; misterios de la mente– me lleva a recordar una de las estrofas del número «Tango del bloque de celdas», del Musical Chicago –que recomiendo encarecidamente– en el que una acusada relata como «murió» su marido:

«Ahora, estoy parada en la cocina, cortando el pollo para la cena, ocupada en mis propios asuntos, cuando entra enfurecido mi marido Wilbur, en un ataque de celos. ‘Te has estado metiendo con el lechero’, dice. Estaba loco y no paraba de gritar. ‘Te has estado metiendo con el lechero’. Y luego se topó con mi cuchillo. Se topó con mi cuchillo diez veces…».

Pues eso.

Al final, como bien saben los maestros de la desinformación, lo importante siempre es «el relato».

Pero los relatos se desmontan con el análisis crítico, porque tienen agujeros.

Y este los tiene.

El «tam tam» del Supremo dice que Díez-Picazo cuenta con el testimonio de «sus dos» secretarias.

Ninguna de las dos fueron testigos presenciales y –muy importante– dependen de su jefe para mantener su trabajo.

LA SALA DE GOBIERNO

Con este caldo de cultivo, Díez-Picazo llevó la cuestión a la reunión de la Sala de Gobierno del Supremo –formada por el presidente, vicepresidente, los cinco presidentes de Sala y cinco miembros electos– del pasado 23 de mayo.

Allí se acordó remitir toda la documentación al pAD por entender que existía «materia disciplinaria».

Lo que no se tuvo en cuenta, y es curioso porque dentro de esa reunión estaban las mejores mentes de la Justicia española, es el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice: «No podrán estar presentes en las discusiones y votaciones los que tuvieren interés directo o indirecto en el asunto de que se trate, siendo de aplicación en este caso lo dispuesto en la ley para la abstención y recusación». 

Y Díez-Picazo, que se sepa, tenía un interés directo claro y evidente en el caso: la «Operación magistrado».

EL CONSTITUCIONAL 

Desconozco lo que va a hacer Borrego, pero es evidente que su reputación se vería gravemente afectada si no solicitara la prolongación de su servicio como magistrado, hasta los 72 años; hasta 2021.

Porque supondría admitir públicamente que «el relato» de Díez-Picazo responde a la verdad.

Sería un colofón triste a una carrera brillante para uno de los juristas españoles más internacionales, conocidos, respetados y reputados, y uno de los mejores conocedores de las instituciones europeas. 

No en vano, entre 2003 y 2008 fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo, Francia.

Y entre 1990 y 2003 fue Agente del Reino de España y Abogado del Estado-Jefe en el Servicio Jurídicos ante la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Su nombre había comenzado a sonar por los mentideros políticos y judiciales como posible candidato a una de las vacantes que dejarán, a finales de este año, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional: Su presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés.

Borrego es un rival serio –por el lado conservador– para el presidente en funciones, Lesmes, en esta próxima elección que tiene que realizar el Parlamento. 

O para Manuel Campos Sánchez-Bordona, actualmente abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), otro de los candidatos de los que se habla.

En esa variante, Lesmes, que en los últimos meses está estudiando francés intensivo –el idioma del TJUE–, calculaba marcharse al puesto que dejara Campos Sánchez-Bordona.

Su desaparición de la escena profesional aumentaría las posibilidades de Lesmes para ocupar un puesto de magistrado en el Constitucional o de abogado general del TJUE, si saliera esa carambola.

DÍEZ-PICAZO, TOCADO PARA LA PRÓXIMA REELECCIÓN 

Pase lo que pase, lo ocurrido con Borrego no le viene nada bien a Díez-Picazo de cara al futuro.

Su gestión al frente la Sala de lo Contencioso-Administrativo está en tela de juicio.

Fue aupado a la Presidencia por decisión personal de Lesmes y en detrimento de José Manuel Sieira, tras hacer una gestión brillante durante sus cinco años de mandato, está en tela de juicio.

No son pocas las voces de magistrados del Supremo que reconocen la ineficacia de Díez-Picazo a la hora de manejar al grupo que actualmente preside.

El «hipotecazo», como ya se conoce a la decisión que tomó un Pleno de la Sala, convocado por él, dividido por la mitad en torno el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, supuso una varapalo público para el prestigio de la Sala y, de un modo especial, para el suyo propio.

Díez-Picazo está «tocado».

De ahí que sean muchos que dar por hecho que con el nuevo CGPJ, con una composición mayoritaria progresista, el destino que le espera a Díez-Picazo es el mismo que fraguó Lesmes en su momento para Sieira.

Con la diferencia de que el del anterior presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo todavía hoy es recordado por su gestión ejemplar. Cosa que no será su caso.

¿Y QUÉ PASA AHORA CON BORREGO?

El manual dice que tendrá que declarar ante el pAD y que, dependiendo de lo que encuentre Conde, o lo archiva o lo manda a la Comisión Disciplinaria para que decidan en consecuencia.