El abogado de Junqueras ve ‘absurda’ la acusación de rebelión porque, según él, sólo se produjeron ‘tres casos’ de violencia en el 1-O

Andreu Van den Eynde ha hablado de «exageraciones» por parte de la letrada judicial Montserrat del Toro, quien tuvo que salir por el tejado de la Consejería tras el registro.

«Su adscripción ideológica está demostrada. Es seguidora de grupos anti independentistas», ha afirmado.

DICE QUE ‘HA HABIDO MUCHO RUIDO DEL OTRO LADO DE LA SALA’

Andreu Van den Eynde ha comenzado su alegato refiriéndose a Junqueras y a Romeva como «compañeros de viaje inseparables ahora en lo judicial, no hace mucho en la política y toda una vida en lo épico y lo moral».

Ha dicho que en esta causa «ha habido mucho ruido del otro lado» de la Sala, en alusión a la bancada en la que se sientan los representantes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de VOX, que ejerce la acusación popular.

«Ha habido estridencias, exageraciones, alguna mentira, y ha faltado a veces a la melodía de los hechos», ha añadido.

Para este letrado, los hechos enjuiciados responden a una «desobediencia de toda la vida», y ha pedido al tribunal no desperdiciar «la oportunidad» de dictar una sentencia que «resuelva el conflicto porque es el valor honesto de la Administración de Justicia».

Asimismo, ha apuntado que hay que «devolver la pelota a la política».

«Estamos ahí con la mano tendida para solucionar este conflicto», ha agregado.

En su opinión, la resolución del Supremo definirá el «modelo de Estado» presente en España y describirá cómo reacciona ante «la protesta» o «incluso a la desobediencia».

«Ahí es donde se ve cómo funciona una democracia y un Estado autoritario», ha apostillado.

‘TENEMOS DOS COCHES ROTOS Y HABLAN DEL APOCALIPSIS’

A continuación se ha referido con ejemplos a esas «exageraciones» que, a su juicio, se manifestaron en el vocabulario de los atestados que iniciaron la investigación al independentismo en 2015: «Escudos humanos, atrincherados, devastación, miedo. Tenemos dos coches rotos y ellos hablan del apocalipsis, y cuando un «mosso» llama por teléfono no llama por teléfono, utiliza la clave 51. Y eso es sesgo y exageración».

La defensa de Junqueras y Romeva ha acusado a la Fiscalía de «cambiar palabras» para «confundir la desobediencia con rebelión» y ha asegurado que esto se debe a la «imposibilidad de basar razones y prueba en violencia», requisito necesario que contempla el artículo 472 del Código Penal, que contempla el delito por el que acusa la Fiscalía.

También ha afirmado que el informe del Ministerio Público a cuatro voces (Javier Zaragoza Aguado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, Jaime Moreno Verdejo y Fidel Cadena Serrano) fue confuso «y transitaba desde leyes del siglo XIII hasta delitos de futuro, como la rebelión impropia o distinta».

De la Abogacía del Estado ha dicho que «es capaz de enfrentarse a la Fiscalía para defender su tesis -la de la sedición- si bien aplicando «el Código Penal de la disidencia política a la respuesta a la movilización ciudadana, y se decanta por la represión penal».

Sobre VOX se ha limitado a señalar que ha tratado de imponer un «marco ultra» que a su juicio no influirá en el tribunal.

IRONIZA SOBRE CUÁNDO TUVO LUGAR EL ‘ALZAMIENTO VIOLENTO’

Entrando en la valoración del presunto delito de rebelión, Van den Eynde ha ironizado sobre cuándo tuvo lugar el «alzamiento violento». Si fue el 20 de septiembre, en la concentración ante la Consejería de Economía o el día de referéndum ilegal, «o las dos cosas».

Ha apuntado que ni los votantes ni los manifestantes se encuentran implicados en este procedimiento judicial por la «falta de tipicidad» y porque «ejercían derechos fundamentales».

También ha indicado que en los hechos que se han enjuiciado «no hay violencia, ni está conectada con los acusados, ni es idónea», por lo que, en su consideración, los acusados tampoco han cometido un delito de sedición, que imputa la Abogacía del Estado.

En cuanto al presunto delito de malversación, ha recalcado que el «miedo» que hay es «la internacionalidad del debate territorial, que en el siglo XXI no se puede entender».

Según ha dicho, para las acusaciones lo que ha generado «ilicitud» es la «observación» que han hecho extranjeros o «la difusión de ideas» cuando se explican «a los colegas o al público fuera de España».

Sobre el supuesto delito de organización criminal, del que acusa VOX, ha dicho brevemente que es «impensable acudir» a esta «hipótesis» porque no se ha podido demostrar durante le juicio «ni jerarquía, ni la historia».

«No pescó ni un pez», ha dicho en alusión a las escasas preguntas que han realizado los abogados de la acusación popular a los testigos.

HABLA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS EN ESTE PROCEDIMIENTO

El abogado de Junqueras y Romeva también ha hablado de vulneración de derechos en este procedimiento, como la presunción de inocencia o el derecho a la defensa.

Ha calificado la investigación de la Fiscalía de «causa general», porque se inició encargando unos atestados al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, contra quien ha cargado especialmente por basar su investigación en noticias periodísticas desde 2012.

Esta investigación recayó en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, del que Van den Eynde ha señalado que proceden «el 90%» de las que han llegado a este juicio y que parte de una investigación «sesgada» por revelación de secretos contra personas que no han sido procesadas, en referencia al juez Santiago Vidal.

También ha cuestionado la validez de cada una de las pruebas presentadas como el documento denominado ‘Enfocats’, la hoja de ruta secreta para la independencia de Cataluña, incautada en el domicilio del diputado de ERC en el Parlamento catalán y ‘exnúmero dos’ de Oriol Junqueras en la Consejería de Vicepresidencia y Economía, que ha calificado de «panfleto».

«Me pondría a reír si no fuera porque el tema es tan grave, es un compendio de marketing, de fantasías, no está en boca de nadie, se decomisa en un registro que no está firmado por su autor, sin hojas sellada. ‘Enfocats’ es nada, es humo», ha dicho.

El registro de la casa de Jové, realizado por la Guardia Civil, fue ordenado el 20 de septiembre de 2017 por el entonces titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, ya fallecido, en la investigación por la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 

En él, los agentes, además del documento ‘Enfocats’, la hoja de ruta secreta para la independencia de Cataluña, hallaron una agenda con nombres y reuniones de los supuestos implicados en la misma.

El pasado 7 de junio, Jové declaró como investigado ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) Alejandra Gil y se negó a hacer una prueba caligráfica sobre la agenda.