El fiscal Javier Zaragoza ha manifestado hoy que «lo que ocurrió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, pero sobre todo en el otoño de 2017, fue un golpe de Estado».
«Eso pretendían los acusados. Eso es el ‘procés'», ha añadido.
El fiscal Zaragoza se ha pronunciado así al inicio en el juicio por el proceso independentista, en su intervención para exponer el informe de conclusiones de la Fiscalía ante el tribunal de la Sala de lo Penal que juzga el caso desde el pasado 12 de febrero.
Los cuatro fiscales que llevan la acusación –Javier Zaragoza Aguado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, Jaime Moreno Verdejo y Fidel Cadena Serrano- apuntarán en esta sesión las pruebas que a su juicio son claves para acreditar que hubo una «situación claramente insurreccional» y una instrumentación de la violencia que justifica las condenas que solicitan para los 12 acusados.
Los fiscales mantienen la acusación de rebelión para 9 de los 12 encausados, con una petición de 25 años de cárcel para el exvicepresidente catalán y diputado suspendido Oriol Junqueras como dirigente del ‘procés’ independentista, por los delitos de presunta rebelión y malversación de fondos públicos.
El fiscal Zaragoza ha señalado que el proceso independentista fue «un ataque al orden constitucional» en el que «la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional».
«Por eso fue una rebelión y no puede ser una sedición», ha sentenciado.
El fiscal ha subrayado que «lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y sobre todo, en los meses de septiembre y octubre de 2017, es lo que en la terminología de Hans Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, es lo que se llama golpe de Estado».
Y ha subrayado que «la única violación de derechos civiles que en este momento se produce en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución».
Ha negado que se persiga «el voto», sino «incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales» como así sucedió el 1-O cuando el gobierno catalán y los entidades separatistas «impidieron» la acción policial que debía cumplir el mandato judicial, por lo que «el uso de la fuerza necesaria es legítimo cuando no existen otros medios».
El fiscal les ha acusado de haber «desobedecido todas y cada una de las decisiones, autos y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional», sin que ninguno de ellos haya asumido responsabilidad alguna por lo sucedido en Cataluña, especialmente con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
ESTE JUICIO ‘NADA TIENE QUE VER CON LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DISIDENCIA POLÍTICA’
También ha hecho hincapié en que el juicio del proceso independentista que se ha celebrado los últimos cuatro meses en el Tribunal Supremo «nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política».
«No se persiguen ideas políticas ni tiene que ver con la represión de proyectos políticos. Los acusados, y todas sus terminales políticas y mediáticas, son conscientes de ello. La razón de este juicio es haber intentado liquidar la Constitución, atacado gravemente el orden constitucional mediante metodos ilegales, usando la violencia y métodos coactivos», ha expuesto el fiscal.
Todo ello, ha añadido, «al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de normativa nacional e internacional».
Zaragoza ha remarcado que no lo reconoce ni la Constitución Española y «ni siquiera la ley de transitoriedad jurídica» que aprobó el Parlamento catalán el 7 de septiembre de 2017.
ACUSA A JUNQUERAS DE HACER ‘UN EJERCICIO DE CINISMO SIN PRECEDENTES’ POR DECIR QUE EL GOBIERNO NO QUERÍA DIÁLOGO
El fiscal también ha recordado que al inicio del juicio Junqueras dijo que el Estado «nunca tuvo la intención de dialogar» con la Generalitat.
Zaragoza ha destacado que Junqueras fue quien «rompió y quebró gravemente la legalidad democrática, se colocó al margen de la ley y responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas».
«Es un ejercicio de cinismo sin precedentes», ha remachado.
CRITICA EL INFORME DE UN GRUPO DE TRABAJO DE LA ONU QUE HA APOYADO A JUNQUERAS, SÀNCHEZ Y CUIXART
Zaragoza ha elogiado la reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de avalar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender el Pleno del Parlamento catalán en la que el expresidente Carles Puigdemont iba a valorar los resultados del referéndum del 1-O y, por tanto, proclamar la independencia de Cataluña.
Por otra parte, ha criticado el informe de un grupo de trabajo de la ONU contrario a la prisión provisional de los acusados, publicado la semana pasada en la que se pedía la puesta en libertad de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, sobre el que España denunció ante la ONU «errores» y «distorsiones».
España se ha quejado por escrito a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por el grupo de trabajo que ha apoyado a Junqueras, Sànchez y Cuixart.
El fiscal Zaragoza ha rechazado tajantemente que los acusados en este juicio sean «presos políticos», como «tampoco hay detenciones arbitrarias», en referencia a las conclusiones del informe del citado grupo de trabajo de la ONU.
Además, ha censurado que dicho grupo de trabajo de la ONU admitiera «todas las alegaciones de parte» y rechazara las presentadas por el Gobierno español.
Si hubiera sido al revés, «quizá el resultado del informe hubiera cambiado, teniendo en cuenta que no se perseguían ideas», ha apuntado.
«Han quebrantado las leyes de la convivencia, han roto el orden constitucional, han enfrentado a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público, han obstaculizado gravemente las actuaciones judiciales, han destinado los fondos públicos para financiar actividades ilícitas. Este es el objeto del juicio», ha destacado el fiscal.
Tras la exposición del fiscal Zaragoza ha continuado el fiscal Jaime Moreno, que ha manifestado que los acusados «se sirvieron de la violencia» para conseguir sus fines, la independencia de Cataluña, y por eso «alentaron a la población»a tratar de impedir que la Policía y la Guardia Civil cumplieran la orden judicial de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Moreno ha responsabilizado a los acusados de todos los heridos del 1-O, tanto policías como civiles.
Después ha proseguido con la exposición de las conclusiones finales la fiscal Consuelo Madrigal, quien ha asegurado que el gobierno de Carles Puigdemont actuó como una «organización criminal» para sufragar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 al llevar a cabo una serie de «maniobras para encubrir delitos» y «estrategias negacionistas».
El último en intervenir ha sido el fiscal Fidel Cadena, que ha afirmado que en el proceso independentista en Cataluña se dio la violencia necesaria que requiere el delito de rebelión, que según ha indicado, no tiene por qué ser «física o militar», y ha responsabilizado a los 12 acusados de provocar esta situación al «manejar a las masas y utilizar a los ‘Mossos d’Esquadra'» para sus objetivos.
