La acusación popular que ejerce Izquierda Unida en el caso de la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas ha presentado un escrito.
En él, solicita al juez que permita, al menos, que sean totalmente públicos los testimonios audiovisuales de la primera y la última sesión de la vista oral que arranca el próximo 14 de junio y que no será retransmitido en directo.
IU responde así al auto dictado este lunes por el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid que acordó prohibir las retransmisiones que pedía el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia tras escuchar a la Fiscalía y las defensas del PP, la extesorera Carmen Navarro y el abogado Alberto Durán, que se sientan en el banquillo.
El magistrado acordó que no se permitiese el streaming al entender, en línea con lo alegado por las defensas, que «los tres acusados distintos del Partido Popular, al igual que la mayoría de los testigos y peritos que habrán de intervenir, no son personajes públicos ni de notoriedad pública» y la retransmisión podría lesionar sus derechos a la intimidad y la imagen.
Para el equipo jurídico IU -que comparte acusación popular con la Asociación Justicia y Sociedad, y la Federación Los Verdes, Els Verds, Berdeak, Os Verdes– se debe al menos, autorizar la retransmisión de las sesiones de cuestiones previas y conclusiones del juicio oral.
Este tendrá lugar los días 14 y 28 de junio» pues esta emisión «no supone ningún obstáculo en relación a las garantías» que se busca preservar, ya que no intervienen ni testigos ni acusados.
Plantean asimismo la posibilidad de que pueda hacerse la retransmisión «tomando la prevención de que los acusados no aparezcan en pantalla».
Pero que se emita en cualquier caso porque consideran de «evidente relevancia social lo que acontezca en ambas sesiones y las argumentaciones de las partes sobre las cuestiones previas, así como sobre el conjunto de valoración de lo que ha sido el proceso».
El juez prohibió la emisión del juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas
En un auto dictado el lunes, el magistrado Eduardo Muñoz rechazaba autorizar la cobertura íntegra de la vista oral mediante señal institucional, pero no imponía restricciones para que los medios de comunicación accedan a la sala de vistas para que puedan informar sobre el desarrollo del juicio.
En este sentido, el juez comunicaba que «la emisión de imágenes se limitará a grabaciones mudas captadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales».
El PP remitió un escrito en el que afirmaba que solo basta con la presencia de periodistas en la sala del juicio para garantizar el derecho a la información, pues «no necesitan la utilización de medios audiovisuales para proporcionar una información veraz a la ciudadanía».
