El derribo de la Cruz de la Plaza de la Paz de la localidad, en junio de 2018; en la imagen pequeña, la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños (PSPV-PSOE), investigada por los supuestos delitos de prevaricación e incitación a la discriminación tras una querella de esta asociación.
Abogados Cristianos pide investigar a la alcaldesa de Vall d’Uixó (Castellón) también por presunto tráfico de influencias y malversación
En la adjudicación del derribo de la Cruz
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14/6/2019 16:46
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Actualizado: 14/6/2019 17:14
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La Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) ha solicitado al Juzgado de lo Penal número 1 de Nules (Castellón) que amplíe diligencias contra la alcaldesa de Vall d’Uixó, Tania Baños Martos (PSPV-PSOE), por el derribo de la Cruz de la Plaza de la Paz.
Esta organización de juristas considera que Baños pudo incurrir en los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos por la adjudicación de las obras, según ha informado en un comunicado.
Abogados Cristianos denuncia que el derribo se encargó a una empresa propiedad de un destacado miembro de Esquerra Unida, «partido con el que Baños ha gobernado en coalición desde 2015 y del que ha buscado apoyo para revalidar su cargo».
La asociación ha recordado que la alcaldesa de la Vall D’Uixó está siendo investigada por los presuntos delitos de prevaricación e incitación a la discriminación por la destrucción de la Cruz.
Abogados Cristianos presentó en 2018 una querella contra la alcaldesa de esta localidad, de 31.000 habitantes entre Castellón y Valencia, por el derribo de la Cruz en la plaza de la Paz, en junio de ese año, por los presuntos delitos de prevaricación e incitación a la discriminación.
Baños (Vall d’Uixó, 1990) presentó un recurso, y recientemente ha sido rechazado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, del que es titular el juez Ignacio Risueño Puchades.
ESTÁ CITADA A DECLARAR COMO INVESTIGADA EL PRÓXIMO 25 DE JULIO
El juez la ha citado a declarar en calidad de investigada para el próximo 25 de julio.
Argumenta que en este procedimiento todavía no ha sido practicada diligencia de investigación alguna, por lo que es, según indica el Ministerio Fiscal, «prematuro acordar su archivo».
Abogados Cristianos pide al juez la reposición de la Cruz en la Plaza de la Paz, así como el abono de los costes derivados de su derribo, y lo que costaría reponer la nueva Cruz.
Además, solicitará la inhabilitación de Baños para cargo público.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado en el comunicado que “resulta llamativo que ninguna empresa aceptase realizar el derribo y fuese precisamente una compañía vinculada a Esquerra Unida la que lo llevase a cabo”.
Además, Castellanos se cuestiona “qué interés había en que fuese esta empresa, que ni siquiera está ubicada en la provincia de Castellón, la que realizase las obras”.
También insiste en que “todo el proceso de derribo de la Cruz está envuelto en numerosas irregularidades”.
“Hay que recordar que en hasta dos ocasiones el pleno del Ayuntamiento de la Vall D’Uixó rechazó destruir el monumento religioso y pese a ello, finalmente se llevó a cabo”, ha señalado.
La Asociación Española de Abogados Cristianos es una asociación civil fundada en 2008. Defiende en el ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo.
Está formada por abogados, procuradores, juristas, profesores y estudiantes de derecho que buscan la promoción de la Cultura de la Vida, la defensa de la familia y la Libertad religiosa. En total, la integran 80 voluntarios.
Entre sus fines se encuentran la defensa de la libertad religiosa, de la vida, la familia y de todos los ciudadanos que ven lesionados sus derechos y libertades por razón de su fe.
Abogados Cristianos ha llevado a los tribunales al colectivo Femen, a varias clínicas abortistas, a un individuo que escribió “pederastia” con hostias consagradas, a Willy Toledo, a Arcadi Espada, a Manuela Carmena…
En la actualidad tiene más 60 de causas abiertas por motivos religiosos y derecho a la vida.
Uno de sus mayores “éxitos” ha sido que se le revocase el título de entidad de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar, “la filial española de la multinacional del aborto Planned Parenthood”.
También ha recurrido la decisión del Ministerio del Interior de considerar entidad de utilidad pública a la organización ‘Derecho a Morir Dignamente’ de Madrid.
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