El gobierno británico se ha visto obligado a suspender temporalmente las venta de armas a Arabia Saudita, armas que podrían ser utilizadas en Yemen, contra la población civil.
Dicha decisión es la consecuencia directa del fallo de la Corte de Apelación de los tribunales londinenses de Old Bailey, ante la que había recurrido la asociación Campaña Contra el Comercio de Armas (CAAT, por sus siglas en inglés).
CAAT había alegado que los aviones de combate y las bombas que el Reino Unido había vendido a Arabia Saudí se estaban utilizando para matar civiles y violar el derecho internacional.
Con anterioridad, en 2017, el Tribunal Supremo había fallado a favor del gobierno, concluyendo que tenía «derecho racional» a pensar que la coalición dirigida por Arabia Saudí no estaba atacando deliberadamente a civiles y que estaba investigando los incidentes denunciados.
La CAAT impugnó esa sentencia y presentó, ante la Corte de Apelación, nuevas pruebas del conflicto del Yemen, que examinó en vistas a puerta cerrada a principios de este año.
Liam Fox, secretario (equivalente a Ministro) de Comercio Internacional, ha declarado que el gobierno impugnaría el fallo del Tribunal de Apelación, pero que había suspendido las nuevas licencias de exportación para Arabia Saudita y sus socios en esa sangrienta guerra.
De acuerdo con la Corte de Apelación, el gobierno británico no ha hecho «ningún intento» para esclarecer si la coalición que capitanea Arabia Saudita en Yemen «había cometido violaciones del derecho internacional humanitario».
Desde que comenzó la guerra del Yemen, en marzo de 2015, el Reino Unido ha suscrito contratos por valor de casi 5.300 millones de euros con Arabia Saudita, de acuerdo con la BBC.
EL CASO ESPAÑOL
La ministra de Defensa, Margarita Robles, levantó una gran polémica en España el pasado mes de octubre cuando paralizó la entrega de 400 bombas de precisión a Arabia Saudita que podían ser utilizadas en la guerra del Yemen contra población civil.
El acuerdo había sido suscrito por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015 por un valor de 9,2 millones de euros.
La decisión de Robles provocó protestas de los trabajadores de la empresa pública Navantia, que tiene un contrato de construcción de 5 corbetas para el régimen saudí, por considerar que ponía en riesgo los 6.000 puestos de trabajo.
La situación derivó en una crisis que obligó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a enmendar a su ministra de Defensa, dando libre al envío de los misiles a Arabia Saudita.
