Representantes de las 7 asociaciones de jueces y fiscales; de izquierda a derecha: Concepción Rodríguez (FJI), Miguel Pallarés (APIF), Raimundo Prado (AJFV), Emilio Fernández (UPF), Cristina Dexeus (AF), Manuel Almenar (APM) e Ignacio González Vega (JJpD). Foto: Carlos Berbell
Las asociaciones de jueces y fiscales critican que el Gobierno reconozca el derecho a huelga a ambas carreras ‘de forma opaca’
Lamentan que no se recoja expresamente en una normativa especifica y que el descuento haya afectado por igual a quienes realizaron servicios mínimos
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24/6/2019 11:17
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Actualizado: 07/6/2022 16:08
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Las asociaciones de jueces y fiscales han informado hoy que celebran que el Gobierno reconozca el derecho a la huelga de jueces y fiscales al descontarles la parte proporcional del sueldo, si bien critican que dicho reconocimiento se produce «de forma opaca».
Lamentan que este reconocimiento no se recoja expresamente en una normativa especifica y que el descuento haya afectado por igual a quienes realizaron servicios mínimos.
Se pronuncian así, después de que el Ministerio de Justicia haya incluido una resolución del secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, fechada a día 6, en la nómina del mes de junio, por la que se procede a detraer la parte proporcional del salario a los jueces y fiscales que hicieron huelga el 19 de noviembre de 2018, basándose para ello en Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones laborales.
Hasta el momento no lo tenían reconocido oficialmente, pero tampoco la ley se lo negaba.
Con esta decisión, Justicia ha reconocido este derecho, reclamado por el colectivo desde hace años, en aplicación del artículo 28 de la Constitución y del citado RDL de 4 de marzo de 1977 sobre relaciones laborales.
Ha igualado a jueces y fiscales con el resto de funcionarios.
«Parece», apuntan las asociaciones.
ESTUDIAN INTERPONER UN RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR EL DESCUENTO PRACTICADO A QUIENES PRESTARON SERVICIOS MÍNIMOS
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que se encuentran adscritas la actual ministra de Justicia y la fiscal general del Estado, María José Segarra– y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han lanzado un comunicado en el que lamentan que «el Ministerio haya centrado sus esfuerzos exclusivamente en realizar una cuantificación de la detracción de haberes cuando en ningún momento ha tomado iniciativa alguna para regular el derecho de huelga que dicen reconocer».
Apuntan que «como empleador no asumió responsabilidad alguna en la fijación de los servicios mínimos, no estableció fórmulas fiables para comprobar los empleados que ejercieron efectivamente su derecho de huelga o aquellos otros que prestaron los servicios mínimos fijados por el propio Comité de huelga, ni desde luego ha elaborado estudios de riesgos laborales ni de cargas laborales en la carrera fiscal».
Las asociaciones anuncian que están estudiando la posibilidad de interponer recurso contra la Resolución del secretario de Estado «en lo concerniente al descuento practicado a los compañeros que prestaron servicios mínimos».
LAS REIVINDICACIONES DEL 19-N
En la huelga del 19-N, que fue secundada por más de 3.300 jueces y 1.004 fiscales, según las asociaciones, fue convocada para reclamar al Ministerio de Justicia unas mejoras salariales y profesionales, mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Público. Reivindicaciones que también hizo el pasado mayo la ministra Delgado, que siendo fiscal participó en la anterior huelga, cuando gobernaba el PP.
Concentración a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla de representantes de las 7 asociaciones de jueces y fiscales acompañados por miembros del colectivo./ Confilegal
Jueces y fiscales pidieron a Delgado que “asuma su responsabilidad como ministra para dar satisfacción a aquellas reivindicaciones que ella misma hizo”, según manifestó la decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús Del Barco, a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla.
También reclamaron al Gobierno la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, que se podrán extender hasta los 18 meses en caso de instrucciones complejas.
Lo piden para “evitar la impunidad que, sin duda, provocará el archivo de las indicadas causas”.
El pasado 6 de diciembre venció el plazo máximo de 36 meses para la instrucción de las causas declaradas complejas a raíz de la entrada en vigor de la reforma del artículo 324 de la LECrim, y no fue derogado.
Otra petición que hicieron es el cambio del actual sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que jueces y magistrados puedan elegir a los vocales de extracción judicial (12 de los 20).
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