El magistrado Salvador Alba relató hoy al tribunal que lo está enjuiciando que el empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado por fraude fiscal en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas –del que había sido titular la magistrada Victoria Rosell–, le había contado en su despacho que «era socio» en varios negocios de Carlos Sosa, pareja de la juez y director del periódico digital Canarias Ahora.
El magistrado sustituyó a Rosell al frente del Juzgado citado desde el 3 de noviembre de 2015 hasta el 3 de mayo de 2016, donde se instruían las diligencias previas 644/2014, por supuestos delitos de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, que ascendían a 23,5 millones de euros.
Rosell había dejado su juzgado en octubre de 2015 para competir como cabeza de lista por Las Palmas de Gran Canaria representando a Podemos en las elecciones que se celebraron el 20 de diciembre de ese año.
De acuerdo con Alba, se alarmó, al asumir la dirección del Juzgado, porque las diligencias sobre el caso de Ramírez avanzaban lentamente y no investigaban otros posibles delitos, como blanqueo de capitales.
Durante el interrogatorio, al que se sometió por parte de su abogado y del fiscal del caso, Vicente Garrido relató que aceptó la reunión con Ramírez en su despacho en horas de trabajo el 16 de marzo de 2016.
Una reunión que Ramírez después grabó y dio origen a este procedimiento que ha culminado en este juicio, ante un tribunal colegiado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que lo juzga por su condición de aforado.
UNA REUNIÓN EN HORAS DE OFICINA
El magistrado explicó que el encuentro no fue una reunión clandestina.
«Si yo hubiera buscado la clandestinidad es evidente que un despacho del edificio judicial de Las Palmas no es el más indicado para eso. Aparte de que yo no buscaba ningún tipo de clandestinidad», explicó.
Aceptó verlo porque le parecía muy grave que Ramírez le hubiera contado que era socio de la pareja de la magistrada Rosell.
«Aquello era muy grave. Porque si era así, ella no debió instruir el caso de Ramírez», señaló.
«Ramírez me contó que había comprado acciones de una empresa de Carlos Sosa, la pareja de la juez. Claro que tenía interés en saber sobre eso. Yo era entonces el instructor y no podía mirar para otro lado. Muchísimo interés. Si se acreditaba que ese señor era socio de la pareja de la juez todo era un disparate como la copa de un pino», relató.
La empresa en cuestión era una emisora de radio.
Negó que su objetivo fuera acceder a los contratos que este había firmado con Sosa con el fin de perjudicar a Rosell.
El magistrado negó haberle prometido a Ramírez ningún tipo de favor en el procedimiento por fraude fiscal, por el que sigue imputado a día de hoy.
UNA GRABACIÓN MANIPULADA
Alba incidió en que la grabación que le hizo Ramírez de la conversación que mantuvieron está manipulada.
«Esa grabación está manipulada, está alterada y es fruto de muchas composiciones», afirmó.
Dicha afirmación ha sido corroborada por Héctor de Armas, durante 12 años mano derecha de Ramírez en sus empresas de Seguridad Integral Canaria, Grupo Ralons y miembro del Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las Palmas, a través de un escrito protocolizado ante un notario y enviado a la fiscal de delitos económicos Evangelina Ríos.
De Armas, cuyo testimonio ha sido admitido por el tribunal y fijado para el miércoles por la tarde, dice en el mismo que Ramírez realizó aquella famosa grabación para «chantajear al juez Salvador Alba, según el mismo Miguel Ángel Ramírez me refirió tiempo después, para obtener de ese modo el archivo de las diligencias previas 644/2014″, la descripción de la causa en la que está imputado Ramírez.
Su declaración es una de las piezas clave del proceso por haber tenido acceso a informaciones hasta ahora desconocidas.
Alba sólo respondió a las preguntas de su abogado y del fiscal, cuya acusación mantiene que el magistrado supuestamente manipuló el procedimiento para perjudicar a la diputada en su reputación política y profesional.
Y cuando el entonces ministro de Industria y Turismo, el popular José Manuel Soria, se querelló contra ella ante el Tribunal Supremo, por ser aforada.
Al declinar volver a presentarse en las elecciones del 26 de junio de 2016 por Podemos, el caso pasó al TSJC, donde después fue archivado por la instructora, Margarita Varona.
La grabación realizada por Ramírez dio lugar a este procedimiento contra Alba, al que se le acusa de los supuestos delitos de prevaricación judicial, cohecho, falsedad, revelación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, por los que el fiscal pide diez años de cárcel.
