Los magistrados que componen el tribunal que está enjuiciando a su compañero Salvador Alba, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, han admitido como testigo a Héctor de Armas, quien fuera mano derecha del empresario Miguel Ángel Ramírez, tal como había propuesto la defensa del magistrado encausado, Nicolás González-Cuéllar.
De Armas, que fue administrador único de Seguridad Integral Canaria, y de las empresas del Grupo Ralons, así como miembro del Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las Palmas, protocolizó una carta ante notario que hizo llegar a la Fiscalía y al propio magistrado Alba.
Una carta a la que ha tenido acceso Confilegal.
En la misma revelaba que la grabación de la conversación que su antiguo jefe mantuvo con el magistrado Alba el 16 de marzo de 2016 en el despacho de este tenía como objetivo «chantajearlo».
“La razón de realizar aquella famosa grabación no era otra que la de chantajear al juez Salvador Alba, según el mismo Miguel Ángel Ramírez me refirió tiempo después, para obtener de ese modo el archivo de las diligencias previas 644/2014, que se instruían en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria”, explica De Armas en la carta, que fue entregada por González-Cuéllar al tribunal colegiado.
En la misma, De Armas identifica a la persona que hizo la manipulación que después Ramírez entregó a la Justicia.
De la misma manera, revela que tanto la diputada de Podemos, Victoria Rosell, como su pareja, el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, como el abogado José María Aranda, se reunieron para tratar el asunto antes de la citada entrega.
El tribunal ha aceptado que De Armas declare como testigo en el juicio. Su testimonio puede ser decisivo a la hora de dilucidar si lo que sucedió fue una confabulación de su antiguo jefe junto a otras personas para quitar de en medio, mediante medios no ortodoxos, a Alba porque estaba afectando de forma directa a sus negocios.
En concreto por la imposición de una fianza de 35 millones de euros, que puso en tela de juicio la liquidez de Ramírez y le cerró, de facto, la mayor parte de los créditos bancarios.
El empresario había sido acusado por supuestos delitos de fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 que ascendían a 23,5 millones de euros. Un caso que todavía está pendiente de resolverse.
