El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración a partir de hoy al extesorero de Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Daniel Osacar, al expresidente de Infraestructuras de la Generalitat Josep Lluís Quer, y a los representantes de 15 empresas vinculadas al caso de presunta corrupción de la antigua CDC, conocido como el ‘caso 3%’.
Este caso investiga la presunta financiación irregular de CDC -partido refundado en el PDeCAT- mediante el pago de comisiones ilegales a la formación a cargo de empresarios a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña.
De la Mata cifra en 175 millones de euros el importe de las adjudicaciones de los proyectos investigados, un total de 28 obras, y en un millón de euros las presuntas «donaciones irregulares» pagadas por empresarios a CDC a través de sus fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona.
El magistrado investiga conductas que revelan, en forma indiciaria, la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.
CALENDARIO DE DECLARACIONES
Las declaraciones comenzarán hoy, a las 12.00 horas con la comparecencia del empresario Jordi Sumarroca, presidente de la empresa Teyco. Le seguirán Osacar y Quer y a continuación le tocará el turno a las empresas.
Hoy pasarán también por la Audiencia Nacional los representantes legales de Teyco y Costraula Enginyeria i Obras Sau.
Mañana, a partir de las 10.00, comparecerán los representantes de Urbaser, Fundación ACS, Grup Soler Constructora, Copisa, Tec Cuatro y Oproler Obras y Proyectos.
El viernes están citados los representantes de Romero Gamero, Benito Arno e Hijos, Pasquina, Ayesa Enginyeria i Serveis, Deco, Certis Obres y Serveis e Impulsa Ortiz.
Según el auto, el caso investiga a altos cargos de la antigua CDC, que, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y «en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político».
Para ello, asegura, «alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de ‘dirigir’ los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban donaciones a fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Fòrum Barcelona)».
EN UNAS OCASIONES LAS COMISIONES ERAN UNA ‘CONTRAPRESTACIÓN’ POR LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS CONCRETAS
Según De la Mata, estos pagos, en ocasiones, estaban vinculados, y se producía específicamente a cambio y como contraprestación por la adjudicación de concretas obras públicas «con vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia».
En otros casos, la vinculación con una adjudicación específica no existía, y las donaciones se realizaban, «de acuerdo con los jerarcas políticos del partido, para crear o mantener una buena relación con el partido y sus jerarcas».
Así, constata, podían ser consideradas ‘elegibles’, en sus palabras, para futuras adjudicaciones, es decir, «simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos».
El magistrado indica que ha habido «múltiples empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para alterar en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación» de administraciones controladas por el partido, «a cambio de efectuar gran cantidad de pagos» a la formación.
Las empresas, sostiene el juez, actuaron «siempre con el afán de disimular esas donaciones» mediante dos operativas: efectuando los pagos desde distintas sociedades o fundaciones pertenecientes al mismo holding y haciéndolas llegar a «las distintas fundaciones que tenía disponibles CDC para obtener financiación».
CDC Y PDECAT, IMPUTADOS POR PRESUNTOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COHECHO Y BLANQUEO
El caso de las presuntas comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública procede del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).
El juez de El Vendrell, Josep Bosch, acordó enviar la causa a la Audiencia Nacional en febrero de 2018 siguiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público entiende que la competencia corresponde a dicho órgano judicial dados los delitos que se investigan y el ámbito territorial donde se han cometido.
Bosch manifestó en el auto de inhibición que compartía los argumentos de Anticorrupción, y afirmó que la competencia del caso debía asumirla la Audiencia Nacional debido al grave perjuicio para la economía nacional de este caso por la «generalización de la manipulación de concursos públicos», la complejidad de la causa y que hay algunos investigados que presuntamente realizaron operaciones económicas en el extranjero.
A finales de julio de 2018, De la Mata imputó a CDC y a PDeCAT como personas jurídicas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Incluyó también al PDeCat en la investigación porque le considera “mero continuador” de esta trama que se habría prolongado durante 11 años y hasta ahora, después de que CDC decidiera cesar toda su actividad y fundara este nuevo partido, lo que fue un simple “cambio de apariencia”.
La operativa investigada, según el juez, ha sido de carácter “sistémica” y ha permanecido inalterable con independencia de los relevos en el partido.
El 12 de septiembre de 2018, el PDeCAT quiso desvincularse de Convergència ante De la Mata asegurando que son partidos completamente distintos y que, de hecho, sus estatutos así lo demuestran porque el primero sí defiende la independencia, mientras que el segundo no.
