El diablo siempre está en los detalles. Es una máxima incontrovertida que quiere decir que los detalles guardan la verdad y pueden dar un vuelco a las cosas, y a los casos.
Es lo que puede ocurrir en la pieza separada «Iron», desgajada de la «Operación Tándem», la investigación que comprende las actividades paralelas –e ilícitas– del comisario jubilado, José Manuel Villarejo, que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
Un conocido bufete de abogados madrileño ha puesto el dedo en la llaga, a través de un escrito, al que ha tenido acceso Confilegal, en el que afirman que los audios supuestamente grabados por Villarejo, su socio, Rafael Redondo, y los cuatro empresarios que representa el despacho, son nulos.
Dichos archivos de audio, contenidos en una memoria USB o «pen drive», «no pueden considerarse prueba válida al no ser los originales que se obtuvieron con la grabadora o dispositivo de grabación empleado por el Sr. Villarejo o el Sr. Redondo cuando grabaron las reuniones mantenidas con mis representados, puesto que son copias que supuestamente se harían desde tal dispositivo grabador», dice el escrito.
Dichos archivos de audio «no son los archivos originales, no tienen la firma electrónica o sellados necesarios y exigidos por la legislación para que pueda garantizarse su originalidad e integridad, pudiendo haber sido manipulados».
Y adolecen, además, de la certificación digital de volcado por la Policía.
Los mencionados audios se encontraron en el interior de un «pen drive» PFIZER, que fue intervenido en noviembre de 2017, en el curso del registro al domicilio de Villarejo.
EL AUDIO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PRECEPTIVA
Dicha memoria USB fue copiada por dos agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional.
«Desconocemos cómo se llevó a cabo el clonado de la información contenida en el pen drive, y si los agentes siguieron las pautas establecidas por el propio Auto de 20-11-2017, dado que a posteriori sólo encontramos el informe ‘AVANCES 5194/2018’, de 23 de marzo, de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, al que se unió un DVD al folio 834, sin más documento, acta o resolución que especifique técnicamente la diligencia de desprecinto y clonado, y sobre todo, que garantice un debido control de la cadena de custodia», afirman en el escrito.
El perito tecnológico contratado por el despacho no pudo examinar la copia original del Juzgado y se le entregó otra copia exacta. Tras ser examinada, el perito concluyó que el archivo «carece de firma electrónica y sistema de sellado que garantice la autenticidad e integridad de la grabación».
De acuerdo con este despacho de abogados, no cumple la condición sine qua non del artículo 388 ter, f, control de la medida, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que exige que debe indicarse el origen y destino de las grabaciones íntegras realizadas «y se asegurará, mediante un sistema de sellado o firma electrónica avanzado o sistema de adveración suficientemente fiable, la autenticidad e integridad de la información volcada desde el ordenador central a los soportes digitales en que las comunicaciones hubieran sido grabadas».
Lo que no se cumple en este caso.
El archivo original «que obra en el Juzgado, carece del sistema de sellado y la firma electrónica exigida por la Ley, por lo que no puede aseverarse su autenticidad e integridad, constituyendo una prueba nula de pleno de derecho».
«Y es de esperar que el resto de grabaciones que contiene el pen drive PFIZER tampoco reúnan tal requisito, entre otras cosas porque todo el contenido que obre en el pen drive PFIZER necesariamente proviene de un dispositivo de grabación cuyo original no ha sido hallado, por lo que no se puede garantizar la cadena de custodia de las grabaciones que obren en dicho pen drive ni que ellas se corresponden con las grabaciones originales», añaden.
Lo que encontró e intervino la Policía Nacional durante el registro fue un mero «pen drive» y no una grabadora.
Por lo que ninguno de los archivos de audio que se hallaron en su interior son originales, puesto que los «pen drive» no son dispositivos grabadores de sonido.
En consecuencia, dichos audios son nulos al ser meras copias que han podido ser adulteras y manipuladas. Y por ello solicitan que sean considerados ilícitos, nulos «y sean expulsados de la causa». Como si nunca hubieran existido.
Todo un reto para el magistrado García-Castellón. Porque muchos de los audios incautados a Villarejo pueden estar en estas mismas condiciones. ¿Efecto dominó? Todo depende de lo que él decida.
