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Condenados a pagar 24.057 € ocho militantes de Arran, las juventudes de la CUP, por provocar destrozos en una manifestación

"Controladas. Basta de ficheros policiales. Basta de persecución ideológica", dicen los carteles de los miembros de Arran manifestándose. Foto: Twitter.
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La Audiencia de Barcelona ha condenado a ocho militantes de Arran –las Juventudes de la CUP, formación de extrema izquierda independentista catalana– a pagar 24.057 euros como autores de un delito de daños durante una manifestación anticapitalista que tuvo lugar en el centro de la ciudad el 1 de mayo de 2016.

En la sentencia, el tribunal considera probado que, en el marco de una manifestación en el centro de Barcelona la tarde del 1 de mayo de 2016, los ocho activistas formaron un «círculo de seguridad» en torno a un grupo de encapuchados para evitar que estos fueran identificados y permitir que ocasionaran desperfectos en establecimientos en el trayecto de la movilización por la calle Pelayo y en la Plaza Cataluña.

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El tribunal también determina que no ha quedado acreditado que los activistas condenados «actuaran con la finalidad de perturbar el normal desarrollo de la convivencia, y el normal funcionamiento de las instituciones y de los servicios públicos», por lo que descarta los desórdenes.

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La portavoz de Arran, Adriana Roca, y la diputada de la CUP, Maria Sirvent, en rueda de prensa. Foto: Twitter.

De acuerdo con la portavoz de Arran, Adriana Roca, la sentencia «no puede ser positiva» porque entienden que el juicio ha sido «político» y tenía la «voluntad de perseguir a la gente organizada de Arran».

En un comunicado realizado anteriormente,  Arran y Alerta Solidària destacaron que el tribunal había absuelto a los activistas del delito de desórdenes públicos, pero que la condena incluye una multa de 14.400 euros en total y más de 9.000 en concepto de responsabilidad civil.

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También criticaron que en el juicio, el 13 y 15 de mayo, se negó el derecho a la defensa y no se permitió «demostrar que las identificaciones a partir de ficheros policiales, que significó el inicio de la causa, no podían admitirse». EP.