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Segarra encomienda a la Fiscalía de la AN la investigación a las agencias intermediarias de vientres de alquiler

El Gobierno recuerda que es una práctica prohibida por la legislación española y que se recurre por ello a terceros paísesLos vientres de alquiler son una práctica prohibida en España.
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La Fiscalía General del Estado, encabezada por María José Segarra, ha encargado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigue las actividades de las agencias intermediarias de gestación subrogada que operan en España.

Así ha informado el Ministerio Público este martes, después de que el Ministerio de Justicia le instase a investigar estos hechos, tras recordar que la gestación por «vientres de alquiler» es una «práctica prohibida» por la legislación española.

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El departamento que dirige Dolores Delgado emitió este lunes un comunicado en el que señaló que las las agencias que ofrecen estos servicios en España «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».

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Por ello, pidió a la Fiscalía General del Estado que procediera a estudiar los posibles delitos cometidos con la realización de dichas actividades.

El Gobierno además, tiene en cuenta otra circunstancia como «la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes» y que, «en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas».

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Todo ello, según precisa el Ministerio de Justicia, «sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor».

Justicia insta a la Fiscalía a que investigue las agencias de vientres de alquiler en España

El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler que operan en España.

El Gobierno recuerda que la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y que las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países.

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Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor.

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Subrogalia ya fue condenada con 88.000 euros por engañar dos parejas que contrataron vientres de alquiler

Un juez de Barcelona condenó en 2017 a la empresa Subrogalia a indemnizar con 88.408 euros en total a dos parejas que la contrataron para tener hijos con un «vientre de alquiler» en el extranjero, por incumplimiento grave de sus compromisos.

En su sentencia, el juzgado de Barcelona estimaba la demanda presentada por ambas parejas, representadas ante los tribunales por el bufete Marín Fonseca, y declara resueltos los contratos que Subrogalia firmó con ellas, a las que deberá indemnizar también por los daños y perjuicios causados.

Además, la sentencia entiende que la empresa les engañó, ya que les exigía más dinero del pactado para seguir adelante con los trámites de la gestación subrogada.

Entre 2010 y 2016, según las cifras del Gobierno, se han tramitado en España un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero, aunque la asociación Son Nuestros Hijos eleva esta cifra a mil cada año.

En la actualidad existen varias agencias españolas que actúan de intermediarias, previo pago, para que ciudadanos nacionales recurran al extranjero para tener un hijo por gestación subrogada.

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Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia y Sudáfrica son algunos de los países a los que los españoles han acudido con este fin.

«Altruista y garantista»

Ciudadanos es el único partido que defiende la legalización de la gestación subrogada y el pasado julio registró una nueva proposición de ley en el Congreso para regular «el derecho» a la gestación subrogada en España en la que se contempla que la mujer gestante pueda tener relación de consanguineidad con los futuros padres.

La formación naranja propone un modelo «altruista y garantista» en el que la mujer gestante tome la decisión de prestar su cuerpo para el embarazo «con total y absoluta libertad».

A su juicio, la regulación de esta práctica evitaría los problemas que surgen cuando los ciudadanos españoles viajan a terceros países para acceder a esta práctica, previo pago de las gestiones exigidas por agencias intermediarias.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

La denuncia de la ministra Delgado

La denuncia interpuesta por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se refiere a la presunta actividad delictiva de una entidad que ofrece servicios de gestación subrogada en Ucrania y que tiene una sede en España, ofertando además sus servicios en una página web.

Según consta también en dicha documentación, existe una investigación en trámite en Ucrania, aun cuando, a diferencia de lo que ocurre en España, la gestación subrogada en aquel país, es legal.

En la misma, no obstante, se indagan hechos atribuibles a la empresa que pudieran ser constitutivos de los delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, según tipificación del Código Penal ucraniano.

A consecuencia de la investigación, como se ha detectado la existencia de la sede española, aun cuando según se explicita en la documentación, hasta el momento presente los hechos ocurridos en España no están siendo investigados en Ucrania y, por tanto, los indicios existentes están aún en fase embrionaria.

La denuncia ha sido remitida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por ser la competente para conocer, aun cuando parte de los hechos hayan tenido lugar fuera de España, de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y 65 de la LOPJ.