Siete mujeres y dos hombre componen el jurado popular que determinará el veredicto sobre Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz, en febrero de 2018 en Las Hortichuelas (Níjar, Almería), que es expareja sentimental del padre del menor.
Además, un hombre y una mujer son suplentes.
La constitución del jurado popular ha terminado poco antes de las 12,00, cerca de dos horas después de que arrancara la vista oral.
Con un amplio dispositivo de seguridad desplegado en el interior del Palacio de Justicia de la ciudad almeriense, para salvaguardar el anonimato de las personas encargadas de emitir veredicto tras ocho sesiones de juicio, los 36 candidatos a jurado se han sometido a las preguntas de las acusaciones y de la defensa para decidir su idoneidad.
Mientras se producía la selección del jurado popular, la procesada aguardaba en los calabozos del Palacio de Justicia para ser trasladada a la sala y la constitución del tribunal que preside la magistrada Alejandra Dodero y que debe solventar las cuestiones previas que puedan plantear las partes.
Ana Julia Quezada ha sido conducida por agentes la Policía Nacional desde el centro penitenciario El Acebuche de Almería hasta el Palacio Provincial de Justicia, al que ha llegado sobre las 8:55 horas.
La acusada ha tomado asiento junto a su defensa, ejercida por los letrados Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez, con los que ha intercambiado unas palabras antes de que rompiera a llorar conforme se ha ido llenando la sala.
La magistrada ha accedido a la petición de la defensa para que se le retiraran los grilletes de las muñecas después de que contestara afirmativamente a la pregunta de la magistrada sobre si iba a permanecer «en calma», ante lo que ha asentido.
Una vez que todas las partes han tomado asiento, la letrada de la Administración de Justicia ha procedido a leer los escritos de acusación de la Fiscalía y la acusación particular, así como el de la defensa.
Ana Julia Quezada, de 45 años y origen dominicano, se enfrenta a una petición fiscal de prisión permanente revisable como autora de un presunto delito de asesinato y a 10 años de cárcel por causar lesiones psíquicas a los padres del pequeño.
El Ministerio Público solicita también el pago de los 200.203 euros de los gastos generados en la búsqueda del menor, y en concepto de reparación del daño moral reclama 600.000 euros para los padres, 160.000 para la abuela materna y otros 170.000 por los gastos médicos en conceptos de lesiones psíquicas y secuelas.
Además, pide que Quezada no pueda comunicarse o aproximarse a menos de un kilómetro de los padres durante 30 años.
La defensa, por su parte, ve un posible delito de homicidio, por el que solicita un máximo de tres años de prisión.
LA FISCAL ACUSA A QUEZADA DE ASESINAR A ‘SANGRE FRÍA’ AL PEQUEÑO
La fiscal, Elena Fernández, ha asegurado ante el tribunal el pequeño «no tuvo opción alguna de salir con vida de aquella finca» de Rodalquilar, a la que fue en coche con su presunta asesina.
«Yo tengo una convicción subjetiva y personal que no sirve de nada pero tengo la convicción jurídica de que Ana Julia Quezada cometió un delito de asesinato y otro de lesiones sobre los padres del menor», ha trasladado no sin advertir a los integrantes del jurado que van a oír un «audio que les va a impactar por las expresiones usadas por la acusada» cuando trasladaba el cuerpo sin vida de Gabriel en maletero del coche en el que fue detenida.
La fiscal ha subrayado el «destrozo moral» y «la total desolación» que sembró Ana Julia Quezada en los 11 días en los que se prolongó la búsqueda del pequeño y ha dicho que es «incuestionable» que «le causó la muerte» de forma independiente a las circunstancias que hacen que sea un asesinato o un homicidio.
«Actuó con claro ánimo de ocasionar la muerte a Gabriel, de modo deliberado y consciente, a sangre fría, con desprecio de la vida del menor, de forma impredecible y que anuló por completo la capacidad de reacción de Gabriel, quien no podía esperar de ninguna manera que el ataque fuera a proceder de la pareja de su padre, una persona que le generaba confianza por formar parte de su entorno», ha afirmado.
En esta línea, ha remarcado que Ana Julia Quezada «aprovechó la situación de desamparo, de ese desequilibrio de fuerzas» que le daba una «mayor facilidad» para cometer el delito y «asegurar el resultado de la muerte» aquel 27 de febrero de 2018.
Sobre su comportamiento en los días posteriores a la desaparición y a la postre muerte del niño, la fiscal ha reprochado la «sobreactuación en los medios» en los que mostró un «estado de aflicción compungida y falsario» en manifestaciones, «alentando los ánimos de los padres».
«Pensamos que el impacto emocional de ese comportamiento en el estado de conmoción emocional, de angustia e incertidumbre de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, permite acusarla de dos delitos de lesiones psíquicas por su absoluto desprecio a su estado».
