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El TSJ de Canarias condena al magistrado Salvador Alba a seis años y tres meses de cárcel

El magistrado Salvador Alba declarando junto a sus abogados, Nicolás González-Cuéllar, con gafas rojas, y Pedro Ayala, en primer término.
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El tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al magistrado Salvador Mesa Alba a 6 años y tres meses de prisión y a 18 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, en concurso medial con uno de cochecho, y otro de falsedad en documento público.

Además, lo condenan a indemnizar a la diputada de Unidas Podemos -y magistrada en servicios especiales, Victoria Rosell Aguilar– con 60.000 euros.

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Los magistrados del caso, José Félix Moto Bello, Jaime Requena Juliani y Julio Luis Wood Rodríguez, asimismo, lo han absuelto del delito continuado de revelación de secretos y del delito de negociaciones prohibidas.

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Consideran probado que cometió los delitos mencionados por manipular una instrucción penal para perjudicar a Rosell.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, algo que ocurrirá próximamente, según ha confirmado a Confilegal el abogado del magistrado, Nicolás González-Cuéllar.

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En su fallo, el tribunal considera «un medio de prueba fiable» el audio denominado REC004, encontrado en la papelera de la memoria USB, que procedía de la grabadora que supuestamente utilizó el empresario canario Miguel Ángel Ramírez en la conversación privada que mantuvo el 16 de marzo de 2016 en el despacho del magistrado. Archivo digital que fue puesto en tela de juicio por la defensa por considerar que no fue generado por esa grabadora sino que procede de un sistema operativo Apple, que no era el del aparato con el que supuestamente se hizo la grabación.

«La afirmación de que el archivo REC004 tenía que haber sido forzosamente editado porque de otro modo no se podría haber editado del mismo el archivo transitorio utlizado para simular el cierre de la grabación de los archivos REC001 y REC002 -ambos manipulados- carece de fundamento», dice la sentencia.

El tribunal, asimismo, considera demostrado que Alba accedió a verse con Ramírez sin la presencia de su letrado y que facilitó que el empresario accediera por el garaje en vez de por la puerta principal.

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Los tres magistrados también afirman que Alba contó a Ramírez su intención de conseguir pruebas que demostrasen que Victoria Rosell había instruido su causa, por fraude fiscal, a pesar de tener intereses económicos indirectos en el asunto, esto es, las relaciones comerciales entre su pareja, el periodista Carlos Sosa, y las empresas del entonces propietario de Seguridad Integral Canaria.

De la misma forma, el tribunal certifica la animadversión personal existente entre Alba y Rosell y considera que forzó un procedimiento penal para obtener prueas que pudieran incriminarla, ofreciendo, incluso, a Ramírez la posiblidad de archivar su caso.

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Asimismo, los magistrados confieren mucha relevancia a la conversación que supuestamente mantuvieron Sergio Armario, representante legal de Ramírez, y Salvador Alba el 7 de marzo de 2016, y que éste negó que hubiera tenido lugar.

«El testigo relató ante este Tribunal, sin que su credibilidad haya generado dudas, que al finalizar la declaración del director financiero, el día 7 de marzo, mantuvo una conversación con el instructor, Sr. Alba, motivada por la sorpresa generada en el letrado, debida al interés mostrado por el juez sobre los contratos de publicidad. A esta pregunta, según describe el testigo, el encausado respondió que buscaba información sobre contratos que permitieran relacionar al compañero sentimental de la Sra. Rosell, Carlos Sosa, con alguna de las empresas del Sr. Ramírez», se puede leer en la sentencia.

A tenor de la sentencia, no tuvo ningún impacto en el ánimo de los tres magistrados las declaraciones realizadas por Héctor de Armas, mano derecha de Ramírez durante 11 años, en las que manifestó que todo fue un montaje de Ramírez para forzar a Alba a que archivase los cargos de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, valorado en 25,5 millones de euros, por los que el magistrado le había impuesto una fianza de 35 millones de euros al empresario.

Según De Armas, que se presentó voluntariamente a declarar tras dirigir un escrito autoincriminatorio, Ramírez, se fue a hablar con el magistrado, lo grabó, luego ordenó manipular los audios y los presentó ante la Justicia, como si fueran originales, junto con una transcripción debidamente manipulada que hacía decir cosas a personas que no habían dicho.

 

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