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El magistrado Alba: La sentencia que me condena es ‘tremendamente injusta’ y tiene ‘los días contados’

Como avanzó ayer Confilegal, la recurrirá ante el SupremoSalvador Alba, magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.
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El magistrado Salvador Alba ha afirmado que la sentencia que le ha condenado a 6 años y medio de prisión y a 18 años de inhabilitación por conspirar contra la magistrada en servicios especiales y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell Aguilar, es «tremendamente injusta».

El tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo ha sentenciado por un delito de prevaricación, en concurso medial con uno de cohecho, y otro de falsedad en documento público.

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Los magistrados José Félix Moto Bello, Jaime Requena Juliani y Julio Luis Wood Rodríguez lo han absuelto, asimismo, de los delitos de falsedad continuada, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos.

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El tribunal considera acreditado que el magistrado Alba, actualmente suspendido en sus funciones judiciales, ofreció a un encausado por graves delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública, el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, archivar esos procedimientos si se prestaba a declarar una serie de cuestiones que podían dañar la reputación de Rosell, recién elegida diputada por Podemos.

También lo ha condenado a indemnizar a Rosell con 60.000 euros, por daños morales.

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Como avanzó ayer Confilegal, el magistrado Alba recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.

«Considero que es tremendamente injusto y discrepo con él, con el más absoluto de los respetos hacia el tribunal y, además, mi total confianza en la Justicia», ha señalado en declaraciones al periódico Canarias7, y ha dicho que tiene «la absoluta seguridad de que esa sentencia tiene los días contados».

Para el magistrado Alba, es «evidente» que no le quieren en la Justicia canaria, algo que, dice, tiene «más que asumido».

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«Hay interés de alguien en que Salvador Alba esté fuera de la judicatura canaria, aunque, afortunadamente, el procedimiento irá al Supremo», ha añadido.

Salvador Alba insiste en que su condena es «tremendamente injusta», al entender que su fundamentación jurídica «no puede sostener una pena de prisión».

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‘NO SE HA CONSIDERADO PROBADO NI UN SOLO EPISODIO DE QUE DEMUESTRE ESE SUPUESTO ODIO QUE PODÍA TENER HACIA ROSELL’

Alba ha comentado que le «extraña» que el único elemento de ánimo o intención que aprecia el tribunal sea el de perjudicar a Rosell, «cuando no se ha considerado probado ni un solo episodio que demuestre ese supuesto odio que podía tener hacia ella en marzo de 2016».

Además, ha dicho que no entiende que se haya considerado que cometió falsedad cuando emitió un informe al Tribunal Supremo «siendo este mismo órgano el que pedía que se hiciera constar en el mismo lo que yo considerase relevante en este procedimiento»; ni la construcción que ha hecho el tribunal del delito de prevaricación.

Sobre el delito de cohecho, ha mostrado su «perplejidad» por ver cómo un tribunal «considera delito que un juez de instrucción, después de una declaración del investigado con presencia de las partes en la que reconoce su relación con el marido de la juez que lo investigaba, se le pida al mismo que entregue los documentos que acreditan esa acusación tan grave, y hacerlo, es considerado cohecho».

El juez Alba se ha mostrado convencido de que el recurso que presentará «podrá apreciar la realidad de los hechos, pondrá sentido común y aplicará el Derecho de una vez por todas a un asunto al que se le ha dado la vuelta».

IMPUNIDAD A RAMÍREZ A CAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE ROSELL

Salvador Alba fue acusado de dar instrucciones al empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a la por entonces también diputada de Podemos Victoria Rosell, a la que había sustituido en sus funciones, e iniciar en 2015 un procedimiento en su contra.

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La magistrada en servicios especiales y diputada de Podemos, Victoria Rosell, aplaude la sentencia contra Alba después de «tres años de sufrimiento».

Esas conversaciones fueron grabadas por Ramírez y se hicieron públicas, dando inicio posterior a esta actuación.

El tribunal considera probado que Alba ofreció «una nulidad de declaración de las actuaciones» en su contra a cambio de «información lesiva» sobre Rosell.

«En el curso de la reunión [de Alba con Ramírez], el investigado informó al juez sobre estas relaciones [entre él y alguna de las empresas de Carlos Sosa, pareja de la jueza], suministrándole datos que no había podido obtener en las actuaciones y ambos acordaron la entrega de esta documentación», señala la sentencia.

«A cambio», Alba prometió «una declaración de nulidad de las actuaciones» e «incluso pronunciarse sobre el fondo del asunto», algo que podría haber favorecido a los intereses de Ramírez «impidiendo posteriores actuaciones de la Agencia Tributaria».

Esa información, por su parte, servía para «incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por José Manuel Soria [entonces, aún ministro de Industria, Energía y Turismo] en el procedimiento penal promovido» por él contra Rosell y que estaba pendiente de admisión a trámite.

Fruto de lo ocurrido y de su «repercusión pública», el TSJC reconoce que Rosell sufrió «un relevante perjuicio a su consideración personal, profesional y social».

Entre otras cosas, ésta «renunció a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, perdiendo su consideración como diputada».

A consecuencia de todos estos hechos, el tribunal también considera probado que Rosell «sufre un trastorno mixto ansioso-depresivo reactivo, de moderada intensidad, precisando tratamiento psico-farmacológico por tiempo prolongado».