La Fiscalía ha pedido hoy Tribunal Supremo que desestime los recursos de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en 2016.
El fiscal Álvaro Redondo ha destacado que fue un «ataque ideológico» contra agentes, por ser miembros de una institución «fiel a España, al Rey y al pueblo español».
El Supremo ha celebrado hoy la vista pública para deliberar los recursos de casación presentados por los 8 condenados por la agresión contra la sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que confirmó las penas a siete de ellos por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, impuestas por el tribunal de la Sala de lo Penal de la AN (Sección Primera).
En el caso de Iñaki Abad, el tribunal rebajó la condena de 10 a 6 años de cárcel al quitarle dos delitos de lesiones.
En el resto de los casos, la Sala de Apelación confirmó la sentencia inicial que impuso 13 años de cárcel para Ohian Arnanz, 12 para Jokin Unamuno y Adur Ramírez, 9 años para Jon Ander Cob, Julen Goicoechea y Ararz Urriola, y 2 años para Ainara Urquijo, la única condenada que no ha llegado a ingresar en prisión, porque no tiene antecedentes.
Las defensas reclaman la absolución de los condenados.
La Fiscalía siempre ha defendido que lo ocurrido el 15 de octubre de 2016 fue terrorismo, pero tras las dos sentencias de la AN que rechazaron que lo fuera – del tribunal de la Sala de lo Penal y de la Sala de Apelaciones-, decidió no recurrir ante el Supremo y se limitó a impugnar los recursos de los condenados.
Hoy ha reclamado que se confirme la sentencia del pasado marzo.
Redondo ha rechazado los argumentos esgrimidos por los abogados de los condenados contra la aplicación de la agravante ideológica por delito de atentado: «¿No puede haber una razón ideológica para atacar a la Guardia Civil?, ¿cómo qué no? Claro que sí», ha subrayado.
El fiscal ha señalado que el Instituto Armado «no es una asociación de amigos que se reúne para comer un asado», sino una «institución del Estado que asume los valores constitucionales y es fiel a España, al Rey y al pueblo español».
Por ello, considera un «hecho probado» que la agresión se produjo por su condición de guardias civiles, argumento con el que coincide la acusación popular ejercida por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que señala que dicho «amor a España» es precisamente la «ideología» del Instituto Armado.
Las defensas también aluden a que las recusaciones que fueron presentadas contra magistrados de la Sala de Apelaciones de la AN, pero sobre todo contra la magistrada del tribunal de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel –condecorada por la Guardia Civil y esposa de un coronel del cuerpo- lo que a juicio de varios de los abogados defensores denota la falta de imparcialidad y garantías con las que se dictó la sentencia.
También ha rebatido a las defensas, que han cargado contra la magistrada Espejel, presidenta del tribunal que les condenó en primera instancia, a quien trataron de recusar, sin éxito, por su matrimonio con un coronel del Instituto Armado y haber sido condecorada por la Guardia Civil, lo cual a juicio de varias de las defensas denota «falta de imparcialidad y garantías» con las que se dictó la sentencia.
«Decir que la condecoración de la Guardia Civil genera sesgo no tiene el más mínimo sentido», ha sentenciado el fiscal.
Ha apuntado que él también ha recibido premios y que esta circunstancia no genera la menor vinculación con ninguna institución.
El tribunal que estudiará los recursos presentados por los ocho condenados y que dictará la sentencia en las próximas semanas está presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, e integrado, además, por los magistrados Antonio del Moral, Andrés Palomo, Susana Polo y Vicente Magro, que será el ponente de la sentencia.
LO ALEGADO POR LAS DEFENSAS
La abogada Amaia Izco, defensa de Jokin Unamuno y Ainara Urquijo, ha denunciado quebrantamiento de las garantías constitucionales y del derecho a un juez imparcial -por la participación de Espejel-; así como el hecho de que la única prueba de cargo haya pivotado sobre las declaraciones de los perjudicados.
También ha cuestionado que el relato de hechos probados describiera una brutal agresión que debiera haber tenido otro tipo de consecuencias, dado que la lesión más grave según los partes médicos fue la rotura de un tobillo.
El letrado de Arazt Urriola, Javier Montero, ha hablado de irregularidades constatadas, a su juicio, tanto en los reconocimientos fotográficos como en las ruedas de reconocimiento, donde se confrontó a los condenados con personas de características fisiológicas e incluso razas diferentes.
Por su parte, el abogado de Julen Goicoechea, Manuel Ollé, ha destacado que desde el «minuto uno» se denegó a las defensas la actividad probatoria, ya que se rechazó a sus testigos y que con ello la Audiencia Nacional se apartó de los estándares de la doctrina tanto del Supremo como del Tribunal Constitucional.
Ollé ha indicado que uno de los testigos clave llegó a decir que en el banquillo «habían metido a gente que no tenía que estar».
LA AUGC Y COVITE TAMBIÉN HAN PEDIDO LA DESESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS CONDENADOS
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido la desestimación de todos los recursos de casación y la confirmación de la sentencia dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
Ha apoyado la postura sostenida por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, que se han pronunciado en el mismo sentido.
El letrado del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha manifestado que las víctimas «fueron agredidas por lo que eran y lo que representaban», a lo que el fiscal ha asentido con la cabeza.
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