El exdirector la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid y presidente de las mesas de contratación de este organismo, Silvano Corujo, ha reconocido hoy ante el juez instructor del ‘caso Púnica’ que el organismo adjudicó a Indra un contrato por importe superior a 200.000 euros fuera del procedimiento legalmente establecido.
Silvano Corujo, que en su día denunció ante Fiscalía Anticorrupción irregularidades en las adjudicaciones, ha declarado como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
Según informan fuentes jurídicas, este exalto cargo se ha desmarcado de aquella adjudicación a Indra en tanto que no pasó por la Mesa de Contratación y, por tanto, no accedió al expediente ni tuvo conocimiento de la resolución hasta mucho después, iniciada la causa judicial por Púnica.
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción es que siguiendo «un plan preconcebido en el año 2011», el ICM licitó un contrato en beneficio de la Dirección General de Medios para «normalización de la difusión en iniciativas ‘Open Goberment’ en el marco de las redes sociales integradas en portales de Madrid.org 2011-2012» por importe de 202.844, 36 euros y adjudicado mediante contratación negociada a INDRA.
A cambio, esta mercantil contrataría a su vez a la sociedad EICO suscribiendo un contrato simulado para una supuesta auditoría del trabajo adjudicado a Indra «y que consumaría el desvío de los fondos públicos» mediante la emisión de facturas por servicios inexistentes.
Sobre este asunto debía responder el responsable de procesos electorales en Indra, Vicente Gil Ortega, que estaba citado esta mañana y se ha acogido a su derecho a no declarar.
Se le investiga por haber intervenido en la decisión de entregar dinero en efectivo a quien se les indicaba desde el PP madrileño, así como en la adjudicación de contratos de cobertura, o en el pago de facturas a las empresas del entramado de confianza del partido por trabajos que nunca se realizaron
UN MILLÓN PARA EL PP
Asimismo, Silvano Corujo se ha reafirmado en lo que ya declaró ante juez y fiscales en julio de 2018: que el exconsejero delegado de ICM José Martínez Nicolás, le hizo saber que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le había solicitado colaborar para reunir un millón de euros a fin de sanear la ‘caja b’ del partido, que estaba maltrecha tras la campaña electoral de 2011.
Conforme recoge el auto de imputación, la presunta cantidad solicitada por González debía detraerse del sobrecoste de alguno de los contratos licitados tanto por el propio ICM como por el Canal de Isabel II.
«Los fondos de la entidad pública ICM han nutrido de forma ilícita, y alejada de los órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid, las arcas del PP de Madrid y enriquecido fraudulentamente a los gestores de los mismos y terceros intervinientes», señalaba Manuel García-Castellón.
Hoy también ha declarado como investigada la exdirectora de la Agencia Madrileña de la Emigración (AME), Victoria Cristóbal Araujo, cargo para el que fue designada por el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, según el auto de imputación.
Ésta ha incidido en que dependía directamente de Presidencia de la Comunidad de Madrid y que fue nombrada por Esperanza Aguirre, perteneciendo a su gabinete.
De acuerdo a las fuentes consultadas, Cristóbal ha manifestado que todas las decisiones relacionadas con la AME se adoptaban en Presidencia, incluidas las relativas a la reforma de la Casa de Argentina de Madrid y a las tarjetas sanitarias para los emigrantes.
Según la tesis de los investigadores, la cantidad total presuntamente detraída ilícitamente de los fondos Agencia Madrileña para la Emigración a través de la «facturación falaz» de las sociedades Over, Traci, Abanico y Link, del empresario Horacio Mercado, durante los años 2008 y 2009, ascendió a 124.219 euros.
El juez sospecha que en 2008 y 2009 esta agencia pagó a Over Marketing (empresa que colaboraba en el desvío de dinero al PP) facturas por trabajos no realizados que se tramitaron como contratos menores fraccionados, lo que violaba la ley de contratación pública.
El magistrado señala que Victoria Cristóbal debió licitar un único contrato, pero lo fraccionó en cinco contratos menores.
Destaca que no tiene sentido que uno, del 1 de octubre de 2008, fuera de «plegar tarjetas y cartas, ensobrarlas y cerrar los sobres», y dos posteriores, del 24 y 31 de ese mes, del diseño y producción de esas tarjetas. Con información de EP.
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