El TSJCat juzgará en noviembre a la anterior Mesa del Parlamento catalán por permitir la tramitación de las leyes del ‘procés’
El juicio se celebrará del 19 al 22 contra cinco exmiembros de la Mesa y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, por un presunto delito continuado de desobediencia
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27/9/2019 12:59
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Actualizado: 27/9/2019 15:45
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) juzgará del 19 al 22 de noviembre a los miembros separatistas de la Mesa del Parlamento catalán durante la etapa de Carme Forcadell, y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, por permitir la tramitación de mociones y las leyes del ‘procés’, que culminaron con la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017,
Serán juzgados por un presunto delito continuado de desobediencia.
Se trata de los exmiembros de la Mesa Lluis Maria Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramon Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (EUiA).
El tribunal que los juzgará está integrado por los magistrados Jesús María Barrientos -presidente del TSJCat-, Jordi Seguí y Carlos Ramos, que será el ponente de la sentencia.
La Fiscalía ha pedido para los acusados un año y ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito continuado de desobediencia, por presuntamente hacer caso omiso de las prohibiciones del Constitucional.
También reclama que se les imponga una multa de 30.000 euros.
L acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet; una multa de 24.000 euros, y un año y cuatro meses de inhabilitación para Nuet y Boya, por presunta desobediencia grave.
La acusación popular, ejercida por VOX, reclama 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación para los seis acusados, por un presunto delito de organización criminal y otro continuado de desobediencia.
El juicio se celebrará en sesiones de mañana y tarde. La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha solicitado declarar en aranés.
Esta causa se inició a raíz de varias querellas de la Fiscalía, y se juzgará en al alto tribunal catalán después de que el Tribunal Supremo decidiera separarla del proceso contra los 12 líderes separatistas acusados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, y remitirla al TSJCat para su enjuiciamiento.
LOS TESTIGOS
Declararán como testigos, a petición de las acusaciones, los exmiembros de la Mesa José María Espejo Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC), el exletrado mayor del Parlamento catalán Antoni Bayona y el secretario general de la Cámara catalana, Xavier Muro.
También testificarán la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, expresidenta del grupo naranja en el Parlamento catalán; el presidente del PP en el Parlamento catalán en la anterior legislatura Xavier García Albiol; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el que expresidente de ‘SíQueEsPot’ Lluís Rabell.
Otros testigos son los expresidentes del Parlamento catalán Núria de Gispert y Ernest Benach, el exsecretario general del Parlament Pere Sol, y la letrada Mercè Arderiu.
A petición de Mireia Boya testificarán el diputado de la CUP Carles Riera, los exdiputados de la formación Eulàlia Reguant, Albert Botran y Gabriela Serra, el diputado de ERC Ferran Civit, el exdiputado de SíQueEsPot Albano Dante Fachin y los exdiputados de JxSí Lluís Llach y Antoni Castellà.
UN DÍA ANTES SERÁ JUZGADO TORRA, TAMBIÉN POR PRESUNTA DESOBEDIENCIA
El día anterior será juzgado el presidente catalán, Quim Torra, también por presunta desobediencia.
En el caso de Torra, por negarse a retirar símbolos independentistas de edificios públicos.
El Palacio de Justicia de Barcelona, donde tiene su sede el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Sala de Gobierno.
La Fiscalía Superior de Cataluña pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra.
Reclama que se le inhabilite durante ese periodo para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito «local, autonómico, estatal o europeo».
Además, solicita que se le imponga una multa de 30.000 euros.
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