Antigua fábrica de URALITA S.A. en Cerdanyola
La Audiencia Provincial de Madrid condena a URALITA S.A. a pagar la indemnización más alta de la historia de España
La Audiencia Provincial de Madrid impone a la empresa URALITA S.A. el pago de 3,5 millones de euros a 14 vecinos afectados por la exposición al amianto proveniente de la fábrica que la multinacional mantuvo operativa hasta 1997
|
04/11/2019 21:47
|
Actualizado: 04/11/2019 21:47
|
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a URALITA S.A. a pagar la indemnización más alta interpuesta en la historia de los tribunales españoles: 3,5 millones de euros a un grupo de 14 vecinos que sufrieron perjuicios sobre su salud a causa del amianto.
El amianto, material de construcción, se prohibió definitivamente en España en 2001, por orden ministerial de 7 de diciembre debido a sus efectos nocivos sobre la salud.
Pero a pesar de esta prohibición, sus efectos están todavía presentes.
Entre 1907 y 1997 estuvo activa en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) una fábrica que trabajaba con este material aislante.
Propiedad de URALITA S.A., mayor proveedora de amianto en el país, la fábrica de Cerdanyola era la más grande de las fábricas de Uralita en España.
Esta fábrica expulsó de forma temeraria sustancias nocivas para la salud, y es por eso que se condena a Uralita al pago de semejante indemnización: no sólo los trabajadores sufrieron perjuicios, sino que también los vecinos de las proximidades sufren todavía sus efectos.
De entre estos vecinos de las proximidades, 14 habitantes de Cerdanyola y Ripoll, afectados por el amianto, se pusieron bajo la representación legal de Colectivo Ronda, para llevar a los tribunales a la empresa comercializadora de la sustancia.
Lo que probablemente desconocían estos vecinos, era que recibirían la mayor indemnización de la historia de España.
Representados por las letradas Esther Costa y Esther Pérez, estos 14 afectados ya obtuvieron la razón hace un año.
En septiembre de 2018, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid, dictó sentencia apreciando la responsabilidad de URALITA S.A., pero ésta recurrió en apelación.
A finales del mes de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba la resolución de la primera instancia.
Sin embargo, tal y como explica Esther Costa, esta última sentencia no solamente es importante por la reparación del daño: la sentencia de la Audiencia Provincial abre camino jurisprudencial respecto de la responsabilidad extracontractual.
No hablamos de trabajadores perjudicados: los 14 denunciantes son vecinos, terceras personas ajenas a la fábrica. Hablamos de responsabilidad extracontractual: de víctimas en el ámbito doméstico y ambiental.
Así lo explica la sentencia de la Audiencia Provincial: “Uralita, conociendo el peligro que conllevaba la utilización e inhalación de fibras de amianto, no actuó con la diligencia exigible al emitir sin el control adecuado al ambiente exterior las fibras de amianto de su explotación industrial, con lo que incurrió en responsabilidad civil de carácter extracontractual por los daños causados en las poblaciones circundantes de Cerdanyola y Ripollet al inhalar sus habitantes las fibras de amianto emitidas al ambiente exterior sin el debido control”.
“Nuestro despacho -afirma Costa- ha llevado más de 500 casos relacionados con víctimas del amianto, de los cuales más de 400 tienen relación con la exposición al asbesto vinculada a las fábricas de Uralita. Afortunadamente, después de llegar al Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, se ha conseguido que ya no se discuta la responsabilidad de la empresa en las enfermedades y las numerosísimas muertes entre los trabajadores que estuvieron en contacto con este material hasta su completa prohibición en España en 2002”.
El problema, añade, es que “todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar el mismo nivel de reconocimiento judicial de la responsabilidad de Uralita respecto a las víctimas domésticas y, sobre todo, las ambientales. Hablamos de miles y miles de personas que han estado expuestas a un gran riesgo para su salud como consecuencia del evidente menosprecio de la empresa hacia su deber de seguridad y protección”.
Noticias Relacionadas:
