Londres se ha corregido a sí mismo y ha pedido disculpas a España por comunicar, en un principio, que la euroorden cursada a ese país por el magistrado Pablo Llarena, solicitando la detención y entrega de la exconsejera de Educación del gobierno autonómico, Clara Ponsati, que presidió el también fugado Carles Puigdemont, era «desproporcionada».
«En nuestro mensaje anterior nuestra respuesta es incorrecta al declarar que la orden era desproporcionada. No es desproporcionada, actualmente carece de información esencial. Pedimos disculpas por esta falta de comunicación», dice un segundo documento recibido a través del Servicio Nacional SIRENE del Reino Unido, el sistema a través del cual se comunican los países las órdenes de detenciones europeas.
En este segundo documento, sin embargo, indican algunas deficiencias de las que adolece la euroorden.
«La solicitud no proporciona suficientes detalles de la naturaleza del delito; también carece de una descripción de la hora y el lugar en el que fue cometido. La solicitud también debe mostrar una conexión clara entre el delito y el individuo nombrado», dice.
En consecuencia, este servicio solicita a España que se faciliten todos los detalles requeridos. Una vez que se reciban y que sean certificados por la Agencia Nacional contra la Delincuencia (NCA en sus siglas en inglés), el organismo nacional encargado de la aplicación de la ley en el Reino Unido, se ordenará la detención de Ponsati y se enviará la solicitud de entrega a las autoridades judiciales británicas por su supuesta responsabilidad en el «procés».
Estas tendrán la última palabra.
