No puede ser descrito con otras palabras. El fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, so pretexto de una supuesta apariencia de imparcialidad, exige que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), Antoni Terrasa, y a los magistrados Carlos Gómez y Pedro José Barceló se abstengan de formar parte del tribunal que va a enjuiciar al magistrado Miquel Florit por el «caso móviles».
El fiscal jefe de Baleares, máxima autoridad de la Fiscalía en este territorio, le advierte, además, al presidente del TSJIB, máxima autoridad en la misma Comunidad Autónoma, que si no lo hace le recusará a él y a sus dos compañeros.
De acuerdo con Barceló, su causa tiene base. Está prevista en el artículo 219.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia.
El fiscal superior afirma que los tres jueces han dictado varios autos como sala de apelación o tribunal de admisión de la querella, por lo que están contaminados por lo que ha quedado «afectada su apariencia de imparcialidad para dictar sentencia».
Entre otras, esas decisiones serían, por un lado, los autos por los que se deniega el sobreseimiento de las actuaciones y se acuerda la ampliación de la querella inicial, tanto sobre los hechos como sobre los posibles implicados; y, por otro, el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado».
Barceló también señala que la causa «es especial porque ni los hechos ni la autoría son objeto de debate» y considera que la condena o absolución del magistrado acusado depende básicamente de la valoración jurídica que haga la Sala de enjuiciamiento.
Por eso, en este caso, escribe que «más que nunca», es necesario que los magistrados que la formen «no hayan intervenido con anterioridad en la causa en aras a garantizar la imparcialidad de la Sala para dictar sentencia».
Ante esto, el fiscal superior considera que los magistrados designados para formar la Sala de enjuiciamiento «ya tienen formado un criterio predeterminado» respecto de la presente causa.
Por su parte, el TSJIB ha actuado de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial: ha emitido una providencia en la que se da por planteado el incidente de recusación y pide que se dé traslado a las restantes partes del proceso para que, en un plazo de tres días, se manifiesten sí se adhieren o se oponen a la recusación propuesta.
‘CASO MÓVILES’
En el ‘caso Móviles’ se investiga al juez Florit tras una querella presentada por Europa Press, ‘Diario de Malllorca’ y los periodistas de estos dos medios, Blanca Pou y Kiko Mestre, respectivamente.
El motivo es la incautación de sus teléfonos móviles –así como dos ordenadores y diverso material en la sede de Europa Press– y se le acusa de prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio y vulneración del secreto profesional periodístico.
Le piden 42 años de inhabilitación y multas que suman 58.400 euros.
Posteriormente, la documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre, Pou, una periodista de EFE y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma.
En el caso de Pou, requirieron a una operadora datos que abarcaban hasta enero de 2016.
Florit, como juez instructor, ordenó estas actuaciones en diciembre de 2018 en el marco de una pieza abierta para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas sobre el ‘caso Cursach’.
