Los cuatro directivos y exdirectivos del BBVA que estaban citados hoy en la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos se han acogido a su derecho a no declarar.
Se trata de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman; y Eduardo Arbizu, quien hasta el pasado julio ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA. Fue cesado entonces al conocerse la imputación del BBVA; el que fuera jefe de Riesgos de la entidad, Manuel Castro; y el responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega.
Su predecesor, José Manuel García Crespo, también estaba citado, pero se ha suspendido por razón de un viaje. García Crespo está investigado por los mismos delitos.
Los cuatro estaban citados a partir de las 9.30 ante el magistrado Manuel García Castellón, instructor del ‘caso Tándem’.
Han rechazado responder a las preguntas del juez y los fiscales alegando que desconocen el contenido de las actuaciones, dado que esta pieza separada número 9 de esta macrocausa permanece bajo secreto.
En ella se investiga las actividades presuntamente ilícitas del excomisario José Manuel Villarejo, quien habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que ronda los 10 millones de euros.
Para mañana está citado a declarar el BBVA como persona jurídica investigada.
El juez instructor imputó el pasado julio a la entidad como persona jurídica por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos supuestos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de consumidores, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Las supuestas actividades ilícitas se iniciaron en 2004 y se prolongaron hasta 2017.
UNA DECENA DE INVESTIGADOS
Hasta el momento, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, entre ellos el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y a quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión, que abonó.
También están investigados la sustituta de Corrochano en el cargo,Inés Díaz Ochagavia; el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y su exdirector de finanzas, Javier Malagón Navas.
Todos ellos, salvo Béjar, se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.
También se ha negado a declarar ante el juez Antonio Bonilla, policía que en segunda actividad trabajaba para una de las empresas de Villarejo y que ya está imputado en otras piezas de la causa.
Además de Béjar, ha declarado ante el magistrado el expresidente del BBVA Francisco González.
Ayer González respondió durante más de dos horas y media al extenso interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción y negó cualquier conocimiento sobre los contratos con las mercantiles de Villarejo.
