Firmas
Los próximos nombramientos de las Salas Tercera y Segunda del Supremo, la prueba del algodón de que nada ha cambiado
12/12/2019 00:00
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Actualizado: 25/2/2020 13:13
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La novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957), «Gatopardo», jamás ha estado tan presente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como hasta ahora.
En ciencias políticas se suele denominar «gatopardista» o «lampedusiano» al político que aparenta iniciar una transformación política revolucionaria que, en la práctica, solo altera lo superficial de las estructuras de poder, conservando la esencia de esas estructuras.
Y se resume en la frase «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie».
Lo dijeron el pasado mes de octubre los vocales disidentes, Enrique Lucas, Roser Bach y Victoria Cinto, al criticar, en un voto particular, la «vertiginosa carrera» a la que se ha lanzado el CGPJ para «agotar todos los nombramientos posibles» cuando no existe una «imperiosa necesidad» de hacerlo.
Y, lo que es más grave, cuya responsabilidad de elección le corresponde al futuro Consejo que tiene que los sucederá, porque llevan ya 11 meses con tiempo prestado.
En ese voto particular incluyeron un párrafo que resume muy bien el «gatopardismo» imperante en el CGPJ: «Ha sido necesario que todo cambie para que todo siga igual que antes o, al menos, muy parecido. Así se aprecia en la forma de seleccionar las ternas y de confeccionar las propuestas de nombramiento en las que no existe una auténtica motivación digna de tal nombre».
También se refirió a este «gatopardismo», el pasado mes de julio, el entonces portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, para criticar la nueva forma de hacer los nuevos nombramientos.
«Lo que estamos viviendo con la aplicación del artículo reformado 326.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es una versión actualizada y moderna del Gatopardo: ‘Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie’», declaró entonces.
Otro magistrado, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, Manuel Ruiz de Lara, tituló su columna, también de octubre, como «Lesmes o el ‘gatopardismo lampedusiano'».
A todos ellos, han seguido opiniones, dentro de la carrera judicial, en la misma dirección.
El nuevo sistema de elección de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, de Audiencias Provinciales o de magistrados del Supremo, introducido por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del pasado mes de diciembre, no convence a nadie.
El artículo al que hizo referencia Raimundo Prado, el 326.2 de la LOPJ, es un artículo «gatopardista» o «lampedusiano».
Porque si bien es cierto que introduce una nueva forma de evaluar las candidaturas, mediante la concreción de unas bases en las que se describen los requerimientos para el puesto en liza –antes solo era necesario tener 15 años de antigüedad en la carrera judicial–, la sensación es que todo sigue igual.
Que el pescado ya está vendido.
Los aspirantes realizan unas sesudas exposiciones de casi una hora de duración ante los miembros de la Comisión Permanente, en funciones de Comisión de Calificación, quienes después «les interrogan».
La sensación general es que parece algo nuevo y que han cambiado las cosas.
Que el nepotismo o el amiguismo ha sido «extirpado».
Pero hay serias dudas. Muy serias.
ESTA COLUMNA ES LA PRUEBA DEL ALGODÓN
¿Cómo probar que las cosas han cambiado, como me comentan algunos vocales del CGPJ?
Con esta columna, amigo lector.
Porque la voy a convertir en la prueba del algodón.
Ayer la Comisión Permanente hizo públicas las dos ternas para ocupar las vacantes dejadas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, también conocida como la Sala Tercera, por la jubilación de José Manuel Sieira Míguez y por Juan Carlos Trillo Alonso.
Los seleccionados son, por una parte, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón, Juan Carlos Zapata Híjar; la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León (sede de Burgos), Concepción García Vicario; y la actual jefa del Servicio de Inspección del CGPJ, y magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN), Esperanza Córdoba Castroverde.
Y por otra, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Manuel Isidro Fernández-Lomana García; el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha Vicente Rouco Rodríguez; y la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid Ángeles Huet de Sande.
Todos son grandes magistrados, trabajadores y brillantes. Pero según mis informaciones, las elegidas van a ser Esperanza Córdoba Castroverde y Ángeles Huet de Sande.
El presidente en funciones del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, quiere que sean ellas.
Esperanza Córdoba, de 59 años, una buena magistrada que lleva seis años fuera del circuito –al frente de Inspección del CGPJ– es amiga de Lesmes, su gran valedor.
Pero es de justicia resaltar que lleva 34 años en la carrera judicial, y es la 472 del escalafón.
Su hermano, Diego Córdoba Castroverde, es magistrado de esa misma Sala y uno de los hombres de máxima confianza del presidente en funciones y su amigo más fiel.
Fue su padrino cuando Córdoba asumió la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el 7 de febrero de 2010, y volvió a serlo el 16 de enero de 2013, cuando tomó posesión como magistrado de la Sala Tercera del Supremo.
A Córdoba lo identifican en el Supremo como uno de los GAL (Grupo de Amigos de Lesmes), como se denomina con cierto tono jocoso en esa casa a aquellos a los que el presidente en funciones ha colocado a lo largo de estos casi seis años, como Fernando Román o Dimitry Berberoff.
Y son muchos más.
Ángeles Huet de Sande, de 60 años, 36 años de antigüedad en la carrera y 255 en el escalafón, fue vocal del CGPJ entre 1996 y 2001, bajo la Presidencia de Javier Delgado Barrio.
La candidata es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, asociación en la que en el pasado fue muy activa y de la que se le considera una «histórica».
Es, además, hija del desaparecido magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Huet García, fundador de la «mítica» Justicia Democrática, una asociación clandestina, fundada en los años 70, en plena dictadura franquista.
Estaba formada por jueces, fiscales y secretarios judiciales y tenía como objetivo la democratización de las estructuras de la Administración de Justicia.
Justicia Democrática desapareció tras la aprobación de la Constitución de 1978 y fue el germen de las asociaciones Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia (ahora Juezas y Jueces para la Democracia).
Huet de Sande ya trató de optar a la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid en 2016, pero fue batida por Juan Pedro Quintana.
Ahora «le toca».
Máxime cuando Lesmes necesita 13 votos –de 21, una mayoría reforzada, otra de las novedades impuestas por la reforma de diciembre pasado de la LOPJ– para sacar a Esperanza Córdoba.
Yo os apoyo a vosotros con Ángeles Huet y vosotros hacéis lo propio con mi patrocinada, es el acuerdo que parece estar latente a día de hoy.
LOS TRES DE LA SALA DE LO PENAL
Por lo que respecta a la Sala de lo Penal, más de lo mismo.
Los 28 candidatos son los mejores, en estos momentos, que se pueden encontrar para ocupar, con garantía de solvencia y profesionalidad, las tres plazas vacantes en liza por jubilación de Luciano Varela –uno de los magistrados que formaron parte del juicio del procés–, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde.
Entre los aspirantes hay dos presidentes de Tribunal Superior de Justicia: Jesús María Barrientos Pacho, de Cataluña; y Lorenzo del Río Fernández, de Andalucía; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda; y 10 magistrados de ese mismo órgano judicial: la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel Jorquera, Eloy Velasco Núñez, Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez; Manuela Fernández Prado, Ángel Hurtado Adrián, José de la Mata Amaya, María Teresa Palacios Criado, Carolina Rius Alarcó, Juan Ramón Sáez Valcárcel, y María Tardón Olmos.
También un magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJM, Leopoldo Puente Segura, un presidente en funciones de una Audiencia Provincial –Tarragona– Javier Hernández García, y 13 magistrados de Audiencias Provinciales: Clara Eugenia Bayarri García –Valencia–; Emilio Buceta Miller –Toledo–; Joaquín Delgado Martín, María del Rosario Esteban Meilán, María de los Ángeles Montalvá Sempere; María del Pilar Rasillo, Eduardo de Urbano Castrillo y Miguel Encinar del Pozo –todos de Madrid; este último actualmente está destinado en el Gabinete Técnico del Supremo–; María Dolores Hernández Rueda y Luis Francisco de Jorge Mesas (actualmente sirviendo en servicios especiales en Naciones Unidas) –Valencia–; Joaquín González Casso –Badajoz–; Manuel Gutiérrez Luna y María de los Ángeles Villegas García –los dos de Cádiz; la segunda se encuentra en la misma situación que Encinar del Pozo–.
La quiniela de Lesmes, los que quiere que salgan son Jesús María Barrientos Pacho, de 60 años, 34 años de carrera judicial y 404 en el escalafón; Concepción Espejel Jorquera, de 60 años, 36 años de antigüedad y 259 en el escalafón; y el «joven» Javier Hernández García, de 55 años, 30 años del antigüedad y número 1256 en el escalafón.
La elección de Barrientos sería una «compensación» por lo que ha pasado y está pasando en Cataluña por el «procés».
El presidente del TSJCat presidió el tribunal que recientemente juzgó al presidente del gobierno autonómico catalán, Quim Torra, por un delito de desobediencia, al negarse a quitar las pancartas con los lazos amarillos y a favor de la libertad de los presos independentistas en el periodo electoral del 28 de abril pasado.
Torra podría ser inhabilitado por el delito de desobediencia. La sentencia está por salir.
Una alternativa a Barrientos podría ser Lorenzo del Río, a quien también se le deben «favores».
En el caso de Concepción Espejel, quien fue recusada por la Sala de lo Penal en 2015 por su supuesta afinidad con el PP y apartada del caso Gürtel, Lesmes guarda con ella una afinidad personal y de confianza.
La candidatura de Javier Hernández, miembro de JJpD –de quien todavía se recuerda en la «milla judicial» que elevó una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de Europa poniendo en tela de juicio la Ley 13/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (De la Mata la calificó, en su intervención, de «extraordinario avance»–, supone un voto seguro para sumar 13: el de la vocal Mar Cabrejas.
La vocal, que ya no forma parte del sanedrín de los 7 vocales «full time» de la Comisión Permanente, hizo, desde el comienzo de su mandato, uno de sus objetivos en el CGPJ convertir a su amigo en magistrado de la Sala Segunda.
Esta es la oportunidad de oro que estaba esperando después de que la anterior fuera fallida.
Tú apoyas a los míos, yo apoyo al tuyo.
«Gatopardismo» en estado puro.
¿Ocurrirá así? Ojalá que me equivoque.
Porque las pruebas del algodón jamás mienten. Y esta no va a ser la excepción.
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