Iberdrola ha iniciado acciones penales contra su exempleado José Antonio del Olmo, autor de un supuesto informe interno que acusa a la dirección de la compañía de ordenar espionajes y usar facturas falsas y del que la empresa afirma no tener «constancia alguna» en sus archivos.
«Para demostrar la falsedad absoluta» del mismo, señala en un comunicado.
Los abogados de la energética han remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en el que se solicitan la apertura de diligencias contra Del Olmo, que fue en la compañía director de funciones corporativas dentro de la dirección de administración general y corporación, por los delitos que se desprendan de la investigación del fiscal, pero que la empresa considera susceptibles de ser calificados «como falsedad documental, injurias y calumnias».
La Fiscalía de Bilbao ya admitió a trámite una denuncia presentada por Iberdrola el pasado 5 de diciembre para que se investigara el origen de ese supuesto informe interno.
Ahora, el escrito va dirigido directamente contra Del Olmo, al que se acusa de tener una «actitud obstructiva» contra la investigación abierta por la propia compañía.
Ibedrola señala que el autor del supuesto documento parece ser el único conocedor del mismo y que ni en el momento de la presunta redacción -diciembre de 2004- ni con posterioridad a los hechos ha formulado la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes por las supuestas irregularidades que, presuntamente, él conocía.
Indica que el supuesto informe «únicamente es conocido por haber sido publicado por un medio de comunicación, ‘El Confidencial’, en sendas informaciones, los días 2 y 3 de diciembre».
La empresa subraya que desde esa fecha, los directivos de Iberdrola José Luis San Pedro, director de administración, control y regulación en 2004; Juan Carlos Rebollo, actual director de administración y control de Iberdrola, y Pablo Insunza, director en el momento de los hechos del departamento de administración general y corporación, han firmado una declaración en la que manifiestan «la inexistencia del informe y su total desconocimiento del mismo, ya que no recuerdan haberlo recibido o tenido conocimiento de él ni en 2004 ni con posterioridad».
Afirma que «la única persona que no ha querido colaborar con la investigación interna» desarrollada por Iberdrola ha sido precisamente su presunto autor.
Según Iberdrola, Del Olmo «no solo ha mostrado una absoluta falta de voluntad de cooperación en el esclarecimiento de los hechos, sino que, además, se ha dedicado, por motivos que solo él conoce, a supuestamente filtrar información que, o bien no se corresponde con la realidad -el supuesto Informe-, o está tergiversada, tal y como queda reflejado en una noticia publicada en ‘El Confidencial’ el pasado 18 de diciembre».
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, abrió a finales de octubre una pieza separada y secreta, la número 17 de la macrocausa, para investigar los trabajos que el excomisario José Manuel Villarejo ha realizado para Iberdrola entre 2004 y 2017.
Dicha pieza quiere llegar hasta el fondo de las relaciones que la empresa energética tuvo con el excomisario, en prisión preventiva por el ‘caso Tándem’ desde hace dos años, prorrogada recientemente otros dos más.
El juez instructor ha citado como investigado al responsable de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, por supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos, en relación a los contratos que la eléctrica habría suscrito con las empresas del excomisario José Manuel Villarejo.
Asenjo ha sido sometido recientemente a una intervención quirúrgica que le mantiene de baja médica, por lo que su defensa registró un escrito ante el Juzgado poniéndose a disposición de los investigadores e informando de que su situación médica le impediría comparecer en al menos un mes.
No ha trascendido si ya ha sido fijada la fecha de su comparecencia.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha manifestado que «la cúpula» de la energética «no se dedica a espiar a nadie».
Señala que Iberdrola tiene un sistema de gobierno corporativo y de cumplimiento «muy sólido» y que, tras conocerse las informaciones sobre el presunto espionaje que Villarejo habría perpetrado en diferentes ocasiones por encargo de la energética, se abrió una investigación con medios internos y externos en la que «no se ha encontrado nada que no se adapte a la ley».
En ambas se determinó que se habían encargado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre 2004 y 2017 y que tanto en el proceso de contratación como en la posterior facturación se habían seguido todos los controles internos de Iberdrola, según informó en su momento la compañía.
