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El fiscal expulsado, Emilio Valerio, imputado por un fraude tributario de más de 4,5 millones de euros

Emilio Valerio fue apartado de la carrera en marzo de 2017, tras un expediente disciplinario por falta muy grave por ejercer “actividades incompatibles con el cargo”, en concreto por desarrollar actividades mercantiles.
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El que fuera teniente fiscal de la provincia de Madrid y fiscal de Medioambiente de esta misma provincia, Emilio Valerio Martínez de Muniáin, su esposa, María Marlene García García, y 8 empresas de su propiedad, han sido imputados por Eva María Gil González, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 12 de Estella/Lizarra, Navarra, por un delito contra la Hacienda Pública que asciende a 4.541.341,96 euros.

La causa fue iniciada, mediante una querella, por la Hacienda Foral de Navarra. 

La Audiencia Nacional confirmó, en diciembre de 2018, su expulsión de la carrera fiscal de Valerio, después de que en octubre de 2016 el Consejo Fiscal, presidido por la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, propusiera al ministro de Justicia de ese momento, Rafael Catalá, su expulsión.

Una propuesta que fue ratificada dos meses más tarde.

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GESTIONABA EMPRESAS DE SU PROPIEDAD MIENTRAS ERA TENIENTE FISCAL 

Valerio cometió una falta muy grave del artículo 62.6 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que tipifica como infracción muy grave “el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de Fiscal, establecidas en el artículo 57 de esta Ley”. 

Desde 2007 a 2013, cuando era teniente fiscal, creó un total de 16 sociedades relativas a la conversión en vino, aceite y cerveza de los frutos que se producen en las propiedades familiares sin solicitar en ningún momento la compatibilidad necesaria.

La sentencia final de la Audiencia Nacional, que tuvo su origen en la denuncia presentada por el abogado Sebastián Gómez Marfil, describe cómo el mismo Valerio reconoció que una de sus 16 empresas fue creada para “facilitar el acceso a subvenciones“, y cómo varias de sus empresas generaron un volumen de negocio de 3.365.351 euros sólo en 2015.

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Valerio fue fiscal un total de 36 años.

CONSTITUYERON UNA PLURARIDAD DE EMPRESAS PARA ELUDIR IMPUESTOS 

Es lo que dice la magistrada Gil González en su auto de transformación de diligencias previas en procedimiento que tiene fecha de 16 de diciembre pasado, al que ha tenido acceso Confilegal.

Un auto al que ahora tiene que seguir escrito de acusación del Ministerio Fiscal y de la acusación particular de la Hacienda Foral de Navarra, y después el consiguiente auto de apertura de juicio oral.

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El delito que se imputa es muy grave. 

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Está castigado con prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación que se haya cometido exceda los 600.000 euros, que es el caso. 

Emilio Valerio y su esposa, María Marlene García, según la magistrada, “constituyeron una pluralidad de sociedades con el solo fin de eludir el pago de impuestos (impuesto sobre el valor añadido) y una vez iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, se desprendieron de su patrimonio, aportándolo a otra sociedad, Hacienda Agraria de Di Castillo, S.L., con el solo fin de no asumir las responsabilidades pecuniarias derivadas de ello”, se puede leer en el auto.

LAS DEFRAUDACIONES SE HICIERON CUANDO ERA TENIENTE FISCAL 

A continuación constituyeron las sociedades, que tienen el mismo domicilio social en la localidad Di Castillo –que coincide con la casa en la que vive el matrimonio–, las cuales emitieron facturas que no se correspondían con una actividad de tráfico mercantil real con el fin de pagar menos impuestos a la Hacienda Tributaria de Navarra.

Las defraudaciones se produjeron en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, cuando Valerio todavía ocupaba el puesto de teniente fiscal –número 2– de Madrid. 

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“Del procedimiento de inspección fiscal pudo concretarse el importe en las siguientes cantidades” –escribe la magistrada–:

“1. Laderas de Montejurra, S.L. El importe de las cuotas anuales supuestamente defraudadas en el IVA es de 315.156,55 euros en el año 2013, 519.281,43 en el año 2014 y de 224.718,96 euros en el año 2015″.

“2. Vasconia Compañía Navarra de Cervezas, S.L. El importe de las cuotas anuales supuestamente defraudadas en el IVA es de 532.859,68 euros en el año 2013, 182.112,65 en el año 2014 y de 194.438,65 euros en el año 2015″.

“3. Izar & Alai, S.L. El importe de la cuota anual supuestamente defraudadas en el IVA es de 229.803,28 euros en el año 2015″.

“4. Abauntza, S.L. El importe de las cuotas anuales supuestamente defraudadas en el IVA es de 544.060,07 euros en el año 2014, y de 448.353,90 euros en el año 2015″.

“5. Abbatia Compañía Cervecera del Norte, S.L. El importe de las cuotas anuales supuestamente defraudadas en el IVA es de 340.723,36 euros en el año 2013, y de 215.102,65 euros en el año 2014″.

“6. Talleres de Costura de Estella, S.L. El importe de las cuotas anuales supuestamente defraudadas en el IVA es de 189.890,32 euros en el año 2015″.

“7. Bandera de San Andrés. S.L. El importe de las cuotas anuales supuestamente defraudadas en el IVA es de 196.751,83 euros en el año 2015″.

“8. Olaldea Compañía de Comercio, S.L. El importe de las cuotas anuales supuestamente defraudadas en el IVA es de 171.557,02 euros en el año 2016″.

“9. Compañía Agraria San Veremundo, S.L. El importe de las cuotas anuales supuestamente defraudadas en el IVA es de 236.531,61 euros en el año 2016″.

“Una vez iniciado el procedimiento administrativo de comprobación por parte de la Hacienda Tributaria, el matrimonio formado por Don Emilio Valero Martínez de Muniáin y su esposa Doña. María Marlene García García, las sociedades Vasconia Compañía de Cervezas, S.L.; Laderas de Montejurra, S.L.; Olaldea Compañía de Comercio, S.L.; y Bandera de San Andrés, S.L., administradas por el matrimonio, realizaron una aportación de 56 inmuebles a la sociedad Hacienda Agraria de Di Castillo, S.L.”, añade.

“El conjunto de los bienes aportados se valoran en 3.242.932 euros resultando un capital social de 3.242.932 participaciones de un euro cada una”.

Todos los socios están afectados por el procedimiento de regularización tributaria instruido por el Servicio de Inspección de la Hacienda Tributaria de Navarra y, por lo tanto, tenían conocimiento, al haber sido citadas en dicho procedimiento, de la existencia de previsibles responsabilidades patrimoniales derivadas de sus actividades económicas pendientes de liquidar”, concluye su parte expositiva.