La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado Manuel García Castellón, instructor del ‘caso Tándem’ que prorrogue el secreto de actuaciones que pesa sobre la investigación relativa a los contratos que el BBVA habría suscrito durante años con las empresas del excomisario José Manuel Villarejo, para practicar nuevas diligencias.
Solicita llamar a declarar a los auditores de la consultora Price Waterhouse Cooper (PwC) que se encargaron de extraer y proporcionar a la defensa del BBVA decenas de documentos, especialmente correos electrónicos, que en algunos casos podrían resultar incriminatorios para terceros y que los abogados del banco han aportado a la causa, según publica Europa Press citando a fuentes jurídicas.
En ese material se encontrarían evidencias de que distintos miembros del BBVA conocían de los contratos con la empresa de Villarejo, Cenyt, e incluso recibieron instrucciones sobre el modo de proceder para ejecutar los pagos, si bien de momento no se ha justificado suficientemente ni su origen ni su método de extracción, materia sobre la que el ministerio Público quiere preguntar a los auditores que lo proporcionaron.
Esta pieza separada de la macrocausa Tándem se abrió el 4 de diciembre de 2018.
En ella se investigan las actividades presuntamente ilícitas del excomisario José Manuel Villarejo, quien habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que ronda los 10 millones de euros.
El magistrado instructor de Tándem imputó el pasado julio al BBVA como persona jurídica por los supuestos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos supuestos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuesta extorsión de una asociación de consumidores, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Las supuestas actividades ilícitas se iniciaron en 2004 y se prolongaron hasta 2017.
Según la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación del banco, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial de Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.
Hasta el momento, una decena de investigados han pasado por la Audiencia Nacional en relación a los contratos que durante 13 años habría suscrito el BBVA con Cenyt.
Sólo han declarado el expresidente del banco Francisco González, el que exresponsable de Real State Antonio Béjar y el director de los servicios jurídicos de BBVA España, Adolfo Fraguas.
El resto se ha acogido a su derecho a no declarar.
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