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La suspensión de actos judiciales: Una herramienta para la conciliación familiar de los profesionales

Maria Eugènia Gay
La suspensión de actos judiciales: Una herramienta para la conciliación familiar de los profesionales
Maria Eugènia Gay es decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
26/1/2020 06:30
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Actualizado: 17/2/2020 17:27
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La renovación del Protocolo sobre suspensión de actos judiciales por coincidencia de señalamientos de los abogados y las abogadas por maternidad, paternidad, matrimonio o defunción, firmada el pasado 13 de enero en el Palacio de Justicia de Barcelona, supone un avance hacia la dignidad de las personas por cuanto refleja el compromiso que tanto la Abogacía catalana como la Magistratura, han expresado a favor de la conciliación de la vida familiar y laboral de los profesionales que tienen encomendada la fundamental tarea de velar por la tutela judicial efectiva a través del derecho a la defensa.

Todo progreso en materia de conciliación es, sin lugar a dudas, un triunfo en la necesaria materialización de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que el ordenamiento jurídico debe procurar en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el art. 9.2 de la Constitución, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

La igualdad es un valor que debe impregnar toda la actividad de la Administración, especialmente la de Justicia, tanto en la resolución de los asuntos juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado bajo una perspectiva de género, como a la hora de organizar y disponer los recursos, entre ellos los señalamientos, contando con las necesidades de todos los operados jurídicos que participan de los mismos en interés de los justiciables.

Este Protocolo sobre suspensión de actos judiciales, que ha contado con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial, renueva el texto que se firmó en el año 2007 fruto del esfuerzo de la Comisión Mixta formada por representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y el Consejo de los Colegios de la Abogacía Catalana.

La labor desarrollada a lo largo de varios meses de trabajo en el seno de esta Comisión recoge las aspiraciones que la Abogacía catalana ha reclamado a lo largo de los últimos años en materia de conciliación y muestra la sensibilidad por parte de la Magistratura al haber escuchado las mismas con la renovación de dicho documento.

Acercándonos a los ODS en materia de igualdad

La suspensión de los actos judiciales se regula de manera específica en el artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la ley procesal por excelencia, que próximamente cumplirá su vigésimo aniversario.

En este tiempo, conviene hacer balance y reflexionar sobre aquellas carencias o supuestos en los que el Gobierno debe trabajar en un futuro próximo, especialmente con la oportunidad que supone el inicio de una nueva legislatura, para acercar nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en lo concerniente a la igualdad de género.

La progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo a partir de la segunda mitad del siglo XX no ha ido acompañada suficientemente de las medidas políticas que deben asegurar que aquélla se hiciera en igualdad de condiciones respecto a los hombres.

Desde la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana” de Olympe de Gouges de 1791, la mujer siempre se ha visto obligada a reivindicar su papel en la sociedad y a luchar por la igualdad. Y si bien hemos avanzado mucho en este ámbito desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, aún nos queda mucho camino por recorrer.

Por eso, consideramos que el Protocolo es ante todo una necesidad y confiamos en que su difusión y aplicación refleje el compromiso de todos los implicados del que la sociedad es acreedora en materia de igualdad de oportunidades; sobre todo teniendo en cuenta que aquél supone también un reconocimiento del derecho a la salud y al de la maternidad.

Garantía plena del derecho a la defensa

El texto recoge además una serie de supuestos que no estaban previstos en la redacción del protocolo que se firmó en el año 2007, como lo es la suspensión de un señalamiento por coincidencia de una intervención clínica o periodo de reposo relacionado con un tratamiento de fertilidad.

El Protocolo en materia de suspensiones encarna con el espíritu de la tutela judicial efectiva, por cuanto permite la unidad en la defensa y llevanza de un asunto por parte de aquel letrado o letrada a quien el cliente le haya confiado su asunto.

Recordemos que la relación entre el letrado y el cliente se cimienta y basa en la confianza, y el ciudadano tiene derecho a que esta complicidad sobre la que se ha construido una determinada estrategia procesal y de defensa se mantenga a lo largo de todo el procedimiento, previendo el Protocolo que la sustitución de un abogado o abogada no deba de ser forzada.

En ese sentido, consideramos que un fenómeno natural como puede ser el nacimiento de un hijo o una hija, el matrimonio o la defunción de un familiar, no debe ser impedimento alguno para que una determinada actuación judicial con la que haya coincidido dicho fenómeno pueda aplazarse por el tiempo mínimo indispensable, para evitar una sustitución forzada de quien asume la dirección técnica de un procedimiento, garantizando de manera plena el derecho a la defensa.

Por un Pacto de Estado que dignifique la Justicia

La renovación del Protocolo por el cual se han dispuesto una serie de criterios orientativos que ayudan a adoptar una decisión cuando tiene lugar una coincidencia de señalamientos es todo un éxito; pero somos conscientes de que la igualdad de oportunidades exige que vayamos más allá.

La dignidad del profesional a quien el ordenamiento jurídico le ha confiado uno de los derechos más fundamentales como lo es el derecho a la defensa, pilar básico sobre el que se erige la Democracia, bien merece que lo que ahora se ha recogido en un Protocolo como expresión de la buena voluntad de la Abogacía y la Magistratura catalanas se prevea de forma expresa en esa reforma valiente y profunda que reclamamos como necesaria de la Administración de Justicia a través de un Pacto Estado que dignifique la Justicia.

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