El expresidente catalán Artur Mas dejó ayer de estar inhabilitado para ocupar un cargo público por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.
En marzo de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) lo condenó a dos años de inhabilitación por desobediencia al organizar dicha consulta, pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
Mas recurrió la condena en casación ante el Tribunal Supremo, que la revisó en noviembre de 2018, y rebajó la pena 11 meses, a un año y un mes. La igualó a la que se impuso al exconsejero Francesc Homs.
La inhabilitación de Mas empezó a contar desde el 23 de enero de 2019, cuando el Alto Tribunal dictó la sentencia firme, que le ha impedido presentarse como candidato en unas elecciones hasta ahora.
Artur Mas señaló ayer que «por voluntad propia» no se presentará en una lista electoral. No es su prioridad, según dijo en sendas entrevistas en TV3 y en Rac1.
Ha afirmado que no desea volver a la política activa, pero también ha indicado que no puede «rechazar cualquier posibilidad si realmente hay mucha gente, a nivel interno y externo, que apuestan por esta posibilidad».
Escuchará lo que le pidan: «Intentaré encontrar una solución que no pase por mí».
Mas ha explicado que quiere dedicarse a las ideas, al pensamiento, y a identificar nuevo talento político.
«Pienso que un país, para ir bien, necesita en la política personas que realmente tengan valía», ha indicado el expresidente catalán.
Sobre el tipo de perfil que debería encabezar la lista de JxCat, ha señalado que tiene un perfil en la cabeza, pero no el nombre de una persona, y que «hasta que el tema de JxCat no esté aclarado» no puede definir al 100% su posición.
Ha contado que «hay conversaciones intensas entre el mundo de la Crida Nacional y el PDeCAT, pero no se ha encontrado la fórmula para resolver el problema de forma estructural», y que las próximas semanas serán decisivas.
Mañana Mas publica un libro, ‘Cap fred, cor calent. El procés en primera persona’, de Columna Edicions, en el que explica los entresijos de su etapa al frente de la Generalitat y el proceso independentista.
TAMBIÉN FUERON INHABILITADAS ORTEGA Y RIGAU Y MULTADOS TODOS ELLOS
El Supremo también rebajó el tiempo de inhabilitación a la exvicepresidenta Joana Ortega, a 9 meses y a la exconsejera Irene Rigau a 6 meses, que habían sido condenadas a un año y nueve meses, y un año y seis meses, respectivamente.
Lo que no tocó fueron las multas, que se confirmaron en 36.000 euros para Mas, 30.000 para Ortega y 24.000 en el caso de Rigau.
El TSJCat concluyó el 13 de marzo de 2017 que Mas y las exconsejeras Ortega y Rigau desobedecieron “consciente y deliberadamente” el mandato del Constitucional al mantener esta consulta sobre la independencia, pese a la orden de suspenderla.
La sentencia señalaba que tras la suspensión cautelar del máximo órgano de garantías del 4 de noviembre, se mantuvo activa la web institucional, la campaña de publicidad, el reparto masivo de correspondencia oficial, se repartió el material para la votación, se instalaron los programas informáticos y se acondicionó un centro de prensa para dar los resultados.
También se dictaminó que lo que se juzgó fue la desobediencia de una orden del Tribunal Constitucional y no la convocatoria del proceso participativo ni tampoco la colocación de urnas.
En sus recursos ante el Supremo, Mas, Rigau y Ortega invocaron sus derechos constitucionales a la participación en asuntos públicos y a la libertad ideológica y de expresión en busca de su absolución.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados Luciano Valera, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magro y Eduardo de Porres, celebró la vista de los recursos de casación de los exdirigentes catalanes el 7 de noviembre de 2018.
En ella, el fiscal Jaime Moreno calificó lo ocurrido el 9-N, por tratarse de una convocatoria que fue prohibida por el Tribunal Constitucional, de “desafío a la legalidad”, y recordó que Mas afirmó ante los medios de comunicación que el “responsable” de la consulta era él y su gobierno.
En sus recursos ante el Supremo, Mas, Rigau y Ortega habían invocado sus derechos constitucionales a la participación en asuntos públicos y a la libertad ideológica y de expresión en busca de su absolución.
MAS y 9 EXMIEMBROS DEL GOBIERNO CATALÁN, ENTRE ELLOS HOMS, ORTEGA Y RIGAU, TAMBIÉN FUERON CONDENADOS A PAGAR 4,9 MILLONES
Por esta consulta ilegal de 2014, Artur Mas y 9 exmiembros de su ejecutivo, entre ellos los exconsejeros Homs, Rigau y Ortega, también fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable en el desembolso del dinero que gastó la Generalitat de Cataluña en organizarla y celebrarla.
El Tribunal de Cuentas los considera responsables contables, así como a Luis Bertrán Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignaci Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.
A Mas se le hace responsable de los 4.946.788,16 euros y al resto se les ha imputando importes en función de su papel en el 9-N.
Este procedimiento se abrió a raíz de una denuncia presentada por ‘Societat Civil Catalana’ y la ‘Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución’ por considerar que, aunque Mas y tres exconsejeros ya fueron condenados por desobedecer al Constitucional al organizar aquella consulta, no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
