Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, vicepresidente y presidente de la Generalitat disuelta; son los supuestos responsables de los pagos realizados con dinero público para organizar el referéndum del 1-0. EP.
El Tribunal de Cuentas calcula en 4,1 millones la cantidad que el gobierno de Puigdemont deberá pagar por el 1-O
Las defensas de los investigados presentan alegaciones antes de que se fijen las fianzas, que deberán abonar si quieren evitar embargos
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28/1/2020 13:50
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Actualizado: 28/1/2020 14:12
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El Tribunal de Cuentas ha comunicado hoy al expresidente catalán Carles Puigdemont –huido de la justicia– y a todo su gobierno la cuantía que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum ilegal de 1 de octubre, que ha cifrado provisionalmente en 4.146.000 euros, según han informado fuentes jurídicas.
El órgano fiscalizador citó a partir de la 09.30 horas a las defensas de Puigdemont, el que fuera su ‘número dos’ en el gobierno catalán, Oriol Junqueras (condenado a 13 años de cárcel por el ‘procés’), y a otras 29 personas, entre ellas exconsejeros y altos cargos, para fijar la liquidación provisional.
Esta cifra es aún provisional, pues el Tribunal de Cuentas ha dado hasta las 11.30 horas de plazo para que los representantes legales de los investigados estudien el acta de liquidación y presenten las alegaciones pertinentes, lo que podría hacer que la cantidad varíe.
El Tribunal de Cuentas requerirá a los investigados para que paguen o avalen el importe que se fije en el acto de liquidación provisional, y que en caso de no hacerlo se procedería al embargo de sus bienes.
Será después cuando comience el procedimiento jurisdiccional, que es diferente al penal, y la Sala de Justicia de este órgano celebre la vista para juzgar a Puigdemont, sus exconsejeros y altos cargos.
Este procedimiento comenzó a finales de 2018 a raíz de las denuncias presentadas por la Fiscalía y por ‘Societat Civil Catalana’ (SCC) junto a Abogados Catalanes por la Constitución.
‘Societat Civil Catalana’ y Abogados Catalanes por la Constitución presentaron una denuncia contra Puigdemont y sus 13 exconsejeros por los gastos de la organización del 1-O, que ambas entidades cifran en 1,97 millones de euros de fondos públicos.
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, que presentó otra, reclama la responsabibilidad contable de 19 personas que tenían algún cargo en la Generalitat entonces.
La denuncia del Ministerio Público no fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que, a su juicio, se debe reclamar.
Sí que cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.
También destaca que la “acción de la presidencia catalana” en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.
La magistrada instructora también ha tenido en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo del ‘procés’, que se remitió al Tribunal de Cuentas, dado que no puede reclamar el dinero, ya que la competencia es del órgano fiscalizador.
El Supremo cifró en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en la consulta independentista y condenó por el delito de malversación de caudales públicos a Junqueras y a los exconsejeros catalanes Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Entre los investigados, además de Puigdemont y Junqueras, también se encuentran los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia en la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos).
También se ha citado hoy, entre otros, a los representantes legales de la exconsellera Neus Munté y a los exaltos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Josep María Jové -uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez- y Josep Ginesta, actual secretario general de Trabajo de la Generalitat.
El diputado de ERC en el Parlamento catalán Josep Maria Jové está investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación por los preparativos del 1-O.
Ginesta también está investigado por supuesta malversación de caudales públicos por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que desde febrero de 2017 mantiene abierta la investigación de los preparativos del referéndum y de presuntas irregularidades en torno al proceso separatista cometidos presuntamente por miembros del gobierno autonómico catalán o vinculados a él.
La magistrada titular del Juzgado 13 de Barcelona, Alejandra Gil, prorrogó el pasado mes de marzo otros 18 meses la instrucción por la complejidad de la causa.
‘Societat Civil Catalana’ y Abogados Catalanes por la Constitución también denunciaron al expresidente de Cataluña Artur Mas ante el Tribunal de Cuentas por la consulta ilegal del 9 de noviembre 2014.
El 12 de noviembre de 2018, el Tribunal de Cuentas condenó a Mas y a 9 exmiembros de su gobierno catalán a pagar 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable en organizarla y celebrarla. El resto de condenados son los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, Luis Bertrán Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignaci Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.
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