Estamos en 2020 y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ya no puede hacer lo que hizo ayer: decir a todo el mundo que no se adelantaría el sentido de la sentencia sobre las tarjetas «revolving» y que se sabría cuando se publique, dentro de una o dos semanas.
Esto ya no funciona así. ¿Por qué se ha tomado esa decisión? ¿Sobre qué bases? ¿Con qué interés? ¿Con qué grado de unanimidad?
Y lo más importante: ¿a qué se tiene miedo si el fallo está claro?
¿Por qué retrasarlo?
Este regreso a la opacidad de la Sala es incomprensible.
Fue Juan Antonio Xiol, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, cuando era presidente de esta misma Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, el que introdujo la costumbre de acompañar a las sentencias de gran interés general con un texto sintético, elaborado por los letrados de la Sala, explicándolas en un lenguaje comprensible.
Y también de adelantar el sentido de las fallos en aquellos mismos casos de alto perfil social antes de que se hubieran redactado.
Todavía recuerdo una conversación entre Xiol y el entonces presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, durante una visita del segundo al Supremo, en la que magistrado y periodista hablaron de la forma de escribir de unos y de otros y en la que Xiol proclamó su admiración personal por la síntesis y la claridad de los informadores.
«Ustedes, en una columna sintetizan con toda claridad lo que nosotros decimos en sentencias de 50, 60 y 70 folios», le dijo Xiol a Urbaneja en tono admirado.
Xiol entendió entonces –estamos hablando de 2010- el valor de la transparencia en la justicia, y de la confianza y tranquilidad que eso genera entre la ciudadanía.
Tenía muy presente el artículo 117 de la Constitución: «La justicia emana del pueblo».
Esa costumbre ha prevalecido hasta ayer, en la que la Sala de lo Civil le dio un portazo.
Hay que decirlo muy claro.
El retraso en hacer público el fallo provoca todo lo contrario en el sector: desconfianza e intranquilidad.
UNA «PATATA CALIENTE»
Entiendo que la sentencia sobre las tarjetas «revolving» es una «patata caliente» que, por otra parte, se han creado los señores magistrados al venir aplicando, desde la sentencia 2341/2015 de 25 de noviembre, la Ley de Usura de Azcárate de 1908 para estos casos.
Un fallo que ha sido la referencia obligada para los juzgados de primera instancia y para tribunales de segunda desde entonces.
Sin embargo, la Sala de lo Civil había dictado otras anteriores, la primera de ellas la 406/2012 de 18 de junio, de la que fue ponente el hoy exmagistrado del Supremo Francisco Javier Orduña Moreno, en la que se centraba el problema no en la usura sino en la abusividad y en la falta de transparencia.
Porque son conceptos distintos.
La Ley de Azcárate exige la existencia del presupuesto subjetivo, es decir, que el usurero se aproveche del estado de vulnerabilidad clarísima del prestatario.
Y califica el contrato de inmoral.
Ese es el factor central que hace que devenga en nulo.
En el caso de las tarjetas «revolving» las empresas prestamistas no miran el estado de vulnerabilidad de la persona concreta a la que se le da el préstamo.
Es una contratación en masa seriada que se oferta a una generalidad de personas.
De acuerdo con juristas consultados, son dos fenómenos jurídicos distintos.
«Este tipo de contratos jamás podrán ser calificados de inmoral o usurarios, pero sí de abusivos, por falta de contenido, y por falta de transparencia«, explican.
«El problema con la sentencia de 25 de noviembre de 2015 es que suprimía el presupuesto subjetivo para describir a una empresa de préstamos al consumo como de usurera, con lo que se afecta al mercado de una forma directa. Y esto no es así. Podrá haber un contrato abusivo, desde el punto de vista de la contratación para condiciones generales, pero nunca será usurario, en el sentido de inmoral, de que la entidad se haya prevalecido de las circunstancias agónicas de la persona«, añaden.
Este es el nudo gordiano que los señores de la Sala de lo Civil tienen que deshacer con esta sentencia.
Y que está afectando a muchas empresas del sector, a las que les han colgado la etiqueta de usureras, lo que les está haciendo un gran daño.
¿De qué forma lo desharán?
Dentro de una semana o dos lo sabremos.
Pero este regreso a la opacidad no augura nada bueno.
Nada.
