Juan Antonio Frago (APIF): ‘Es vergonzoso que a los presos del ‘procés’ se les deje salir de la cárcel para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares’
Destaca que “la Fiscalía ya avisó en el juicio que iba a pasar y pidió la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, que habría supuesto que hasta que cumplieran la mitad de la condena, aunque les dieran el tercer grado incluso, no hubieran podido obtener estas salidas, pero el Supremo desestimó la petición”.

Juan Antonio Frago (APIF): ‘Es vergonzoso que a los presos del ‘procés’ se les deje salir de la cárcel para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares’

“Esto nunca se ha visto con presos comunes”, señala
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02/3/2020 07:00
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Actualizado: 01/3/2020 21:43
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“Es vergonzoso que a los presos del ‘procés’ se les deje salir de la cárcel para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares». Así lo manifiesta a Confilegal el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña, preguntado sobre la aplicación del artículo 100.2 a siete de los 9 condenados por sedición, sentenciados a penas de entre 9 y 13 años de prisión.

“Esto nunca se ha visto con presos comunes”, señala Frago.

Recuerda que la Fiscalía “avisó en el juicio que esto iba a pasar y pidió la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, que habría supuesto que hasta que cumplieran la mitad de la condena, aunque les dieran el tercer grado incluso, no hubieran podido obtener esas salidas, pero el Supremo desestimó la petición”.

El presidente de la APIF también ha conversado con Confilegal sobre los retos en la Administración de Justicia en general y los relativos al Ministerio Fiscal, sobre si ve necesaria una la reforma del Código Penal, y qué opina de la anunciada por Pedro Sánchez respecto a los delitos de sedición y rebelión, entre otras cuestiones.

Además, explica sus propósitos en la APIF y en la Fiscalía Provincial de La Coruña.

Juan Antonio Frago Amada ( Zaragoza, 1979) fue elegido presidente de APIF el pasado 14 de dicimbre, por unanimidad, en el último Congreso anual. Fue el único candidato que se presentó para relevar en el cargo a Miguel Pallarés Rodríguez, fiscal de la Audiencia Provincial de Las Palmas, quien presidió la asociación entre 2017 y 2019.

Frago está afiliado a la asociación desde 2014.

Es miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, organización cuya finalidad también es “la despolitización de la Justicia”, y un Poder Judicial Independiente.

Desde 2010, Juan Antonio Frago ejerce en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Primero estuvo en el grupo de delitos urbanísticos y medioambientales, y desde 2014 está en el de delitos económicos.

Ha intervenido, con sentencias condenatorias en todo tipo de delitos de corrupción y económicos, siendo su especialidad la descapitalización empresarial y el derecho penal de la persona jurídica.

Cabe destacar que Frago ha recuperado 10,4 millones euros efectivos para las arcas públicas.

En la actualidad, está preparando su tesis doctoral en Derecho Procesal en ICADE.

Frago aprobó la oposición en 2006, con 26 años. Es de la Promoción 46.

Su primer destino fue la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, donde ejerció entre 2007 y 2010 en extranjería y siniestralidad laboral.

Ha publicado dos libros: ‘Casos prácticos de derecho procesal, de Editorial Ezcurra), y ‘Actualidad Compliance 2018’ (Editorial Aranzadi), y ‘Actualidad Compliance 2019’, de la Editorial Aranzadi.

Además, ha impartido más de 140 conferencias en diversos foros (Colegios de Abogados de Madrid, Barcelona, Ferrol, Zaragoza, y Huelva, la Agencia Tributaria grupo de mando de Gestión Tributaria, el Servicio de Vigilancia Aduanera, y Guardia Civil).

Frago, en una conferencia el 16 de marzo de 2016, junto al exfiscal general del Estado José Manuel Maza, fallecido en noviembre de 2017.

Ha recibido la Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo, con distintivo rojo, concedida por el Consejo General de Titulados Superiores en Relaciones Industriales y Licenciados en Ciencias del Trabajo de España, y cuatro premios de Derecho Penal: uno de la Universidad de Salamanda, y tres de la de Zaragoza.

Tiene un blog, ‘En ocasiones veo reos’, con más de 2’4 millones de visitas desde su creación en 2012, le gusta la música clásica y los clásicos grecolatinos.

¿Qué opina de que a 7 de los 9 presos del ‘procés’, hasta el momento, se les deje salir de la cárcel para ir a trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares?

Es vergonzoso. Esto nunca se ha visto con presos comunes.

Junqueras, por ejemplo, condenado a 13 años, saldrá a dar clases en la Universidad de Vic… Hasta el momento, la Fiscalía se ha opuesto a que se aplique el 100.2 a tres de ellos: Sànchez, Cuixart y Forn…

Es lógico. Es previsible que ocurra también con el resto de los condenados.

La culpa, sin paliativos, es primero del Tribunal Supremo, porque la Fiscalía ya avisó en el juicio que esto iba a pasar, y ahora vemos que se está cumpliendo.

El Ministerio Público pidió la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, que habría supuesto que al menos hasta cumplir la mitad de la condena, aunque les dieran el tercer grado incluso, no hubieran podido obtener esas salida, pero el Supremo desestimó la petición.

Pedro Sánchez anunció en enero que promoverá una revisión de los delitos de sedición y rebelión. ¿Qué opina de esto? Iceta ha defendido reformar el Código Penal como ‘gesto’ hacia los presos del ‘procés’…

Se supone que las reformas del Código penal no deben obedecer a caprichos y deben ir para destinatarios universales.

Los únicos condenados por sedición que hay a día de hoy en nuestro país, que sepa son los del ‘procés’, con lo que ese principio legislativo elemental no se estaría cumpliendo.

¿Usted ve necesaria una reforma del Código Penal?

Sí. Tiene demasiados absurdos y faltas de engarce.

¿Por ejemplo?

Que no sea delito en el Código Penal que se pueda cometer por las personas jurídicas los de los accidentes laborales.

Este delito sí se puede condenar respecto de las personas físicas, pero no de las jurídicas, y es un caso modelo de beneficio indirecto por ahorro de costes para las organizaciones.

Ponga un ejemplo más.

Que alguien hurte 401 euros en un supermercado y tenga una pena de 6 a 18 meses de prisión (artículo 234. 1 del Código Penal), pero si impaga miles de euros de la pensión de su hijo, teniendo capacidad, la pena sea de tres meses a un año de prisión o incluso una multa (artículo 227).

¿Qué desafíos a la Justicia ha visto en el último año y quiera denunciar públicamente?

Que cada vez está habiendo más contestación social teledirigida, incluyendo convocatorias de manifestaciones, contra resoluciones judiciales que ni se han leído, y que buscan finalidades políticas, nunca jurídicas, y de descrédito hacia el tercer poder del Estado.

Los claustros de las universidades públicas catalanas aprobaron manifiestos contra la sentencia del ‘procés’. ‘Universitaris per la Convivència’ pidió amparo al Defensor del Pueblo ante la “instrumentalización nacionalista” de estos centros. ¿Qué dice de esto?

Que las Universidades deberían pensar más en mejorar su calidad en la docencia y en la producción científica y dejarse de prostituir su función.

¿Qué le diría al ministro Garzón por decir que «la Fiscalía depende jerárquicamente del Ministerio”? ¿A qué achaca estas declaraciones?

No le diría nada. Algo que critico a nivel asociativo es que se tenga que estar entrando en cada provocación que cualquier político o tuitero quiera hacer por un mal despertar o padecer una ignorancia cronificada.

Nuestra guerra está en conseguir avances internos, con los grupos parlamentarios y en el Ministerio. Lo demás es perder tiempo y energías.

Lo declarado por Garzón sobre la Fiscalía General del Estado también lo dijo en su día el presidente, aunque después rectificó…

Siempre se ha dicho que una cosa es hablar desde la oposición o en un mitin político y otra cuando se está en el Poder, donde se tiene que cuidar mucho más las formas. Los políticos hablan para un público general, que va desde el más culto al más ignorante, y con las nuevas tecnologías es sumamente fácil manipular con mensajes a la masa.

¿Cuál es, a su juicio, el perfil del político ideal? 

Las cualidades de los buenos políticos ya las definen politólogos y filósofos, desde Platón a los más modernos. Hasta ahora, todos los políticos que he conocido en persona están inhabilitados y alguno hasta en prisión.

¿De acuerdo o no con la pretensión del Gobierno de modificar el sistema de acceso a las carreras fiscal y judicial?

En total desacuerdo.

Dos de las tres asociaciones de fiscales no ven necesario cambiarlo…

El sistema actual es más objetivo que uno basado en otras cosas, como curriculum universitario, que las notas sabemos que se dan como se dan, no sabiendo si las universidades privadas tendrían en cuanto a sus licenciados el mismo peso.

La memoria tiene, desde el Derecho Romano, una gran importancia para el jurista. No puedes ser juez o fiscal y con un alegato sorpresa que debes resolver inmediatamente andarte con vacilaciones de si tal cuestión está regulada o no.

¿Este tema lo sacó el ministro en la reunión con las asociaciones de jueces y fiscales?

No. No lo mencionó.

¿Cuáles son, a su juicio, los retos en la Administración de Justicia, en general?

Ahora mismo hay muchos. Entre los más importantes están la modernización de la planta judicial, la especialización por materias, las adaptación a las nuevas tecnologías y la reducción de los plazos en la resolución de los litigios.

Campo les expuso las principales líneas de actuación del Ministerio. ¿Qué opina de ellas?

Es pronto para saber si estamos ante simples buenos propósitos o no. Hay reformas que sin dinero no pueden salir adelante, con lo que yo seré prudente y esperaré movimientos.

¿Qué reclamaron las asociaciones al ministro?

Las judiciales se centraron en el problema capital de la elección de los 12 vocales judiciales del CGPJ, cuestión que pese a los informes del GRECO no creo que vaya a cambiar.

Las fiscales nos centramos en la necesidad de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con instrucción del fiscal. No es un simple cambio de instructor lo que se necesita, sino una reforma mucho más profunda que permita enfrentarnos a la delincuencia del siglo XXI.

¿Por qué cambiar la LECrim en el sentido de dar la instrucción a los fiscales?

No es un capricho. Y por cierto, el presidente de Juezas y jueces para la Democracia está de acuerdo con que se cambie.

No puede ser que en toda América y en toda Europa – salvo Eslovaquia, España y para algunos muy puntuales delitos Bélgica y Francia-, el modelo sea uno y nostros vayamos de verso libre.

Las ventajas son indudables. Celeridad, porque que la inmediata negociación con la defensa, al cribar todas las causas en instrucción, acelera las conformidades, dejando sólo para juicio los asuntos en los que deba decidir el juez.

Especialización, puesto que nosotros tenemos especialización por sectores, como violencia de género, delincuencia económica, siniestralidad laboral, urbanismo y medioambiente, cibercrimen, etc., mundos muy complicados por sí solos, a los que una sola persona, el juez de capital o pueblo -este último compaginando encima con los asuntos civiles- no puede abordar.

Otra ventaja es la unidad de criterio. El modelo actual es sumamente deficiente porque el juez de turno, al ser independiente en la recepción de los asuntos, tiene demasiado margen discrecional sobre qué hacer -detener o no si no aparece voluntariamente el citado policialmente, transformar o no a juicio rápido, etc-, mientras que un fiscal jefe puede dar órdenes muy concretas a la policía judicial que serán de obligado y uniforme cumplimiento para todos.

¿Usted le pidió a Campo algo en particular?

Le presentamos un documento con propuestas -fuímos la única de las asociaciones que lo hizo- en cuatro grandes bloques de medidas que consideramos urgentes: Estatuto profesional de los fiscales, administración de justicia en general, violencia de género y doméstica, y anticorrupción.

¿Qué sensaciones tiene de la reunión con el ministro?

Las sensaciones son buenas, ahora hay que ver qué se ejecuta y qué no de ese ambicioso plan.

Su asociación y la AF mostraron su “preocupación” por el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. ¿Qué llamamiento le haría? 

Que se mantenga independiente del Gobierno, aunque lo veo muy complicado.

Delgado ha dicho que la defensa de la legalidad e imparcialidad junto con la transparencia, motivación y publicidad serán sus únicas guías de actuación…

Eso es lo que dice la Constitución en el artículo 124, lo raro sería que un candidato a FGE dijera lo contrario.

¿Usted qué propósitos tiene en la APIF?

Ampliar el número de asociados y hacer una labor muy proactiva para conseguir cambios significativos y tangibles en nuestra situación interna y externa como carrera profesional.

¿Y en la Fiscalía Provincial de La Coruña?

Que se cree la Fiscalía Anticorrupción que llevo reclamando desde 2014 y cuya creación se está entorpeciendo deliberadamente, en mi opinión, desde dentro.

Ya ha habido dos acuerdos del Consejo Fiscal de finales de 2018 y 2019 que, pese a los mismos, no se ha ejecutado, y se están dilatando con absurdas peticiones de informes, sobre causas en curso, cuando se supone que todo eso debería estar en las memorias.

Teniendo tan cerca las elecciones autonómicas, sólo espero que no se esté contemporizando por ese motivo. Por cierto, el acuerdo del Consejo lo era también (no se entiende) para la creación en la provincia de Pontevedra.

La semana pasada participó en una jornada sobre tutela cautelar de los patrimonios y recuperación de activos procedentes del delito, en el Colegio de Abogados de A Coruña… Cuéntenos algo de lo que allí se dijo.

Vicente Corral, un magnífico comandante de la Guardia Civil que fue uno de los ponentes, cerró su conferencia diciendo que hace 175 años empezamos vigilando los caminos de España y hoy recuperamos activos procedentes del delito por todo el mundo.

Ojalá tuviera la Fiscalía el mismo celo. Se habla de cuantos delitos leves hacemos, y no cuánto dinero se ha recuperado.

De izquierda a derecha: Vicente Corral, comandante de la Guardia Civil; Beatriz Núñez, vocal del Colegio de Abogados de La Coruña, y Juan Antonio Frago durante su intervención en estas jornadas.

¿Cuánto ha recuperado usted para las arcas públicas?

10,4 millones de euros efectivos.

Háblenos de la lucha contra el crimen a través de la recuperación de los activos procedentes del delito…

Es absolutamente necesario implicarnos en la recuperación de los activos, lo cual acaba probando el último delito del circuito de la descapitalización de la administración o empresa: el blanqueo de capitales.

Juan Antonio Frago, en el Congreso de ‘World Compliance Association’ que dirigió, junto a Verónica Suárez, directora de SF Formación, y María Díaz Aldao, CO de Repsol, celebrado en octubre de 2018.

El próximo jueves se celebrará el I Congreso Nacional de Cibercrimen en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, del que usted es uno de los directores académicos. ¿Qué ponencias habrá?

Una sobre la regulación del cibercrimen: aspectos internacionales, de Luis Miguel Reyna Alfaro, profesor de Derecho Procesal Penal en la Academia de la Magistratura del Perú y Abogado. El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco Núñez hará un análisis de los delitos tecnológicos previstos en el Código Penal.

El factor humano en la prevención de la ciberdelincuencia es otra de las ponencias, de Fernando Miró Linares, catedrático de Derecho Penal; el comandante de la Guardia Civil Óscar de la Cruz Yagüe, abordará la investigación policial de ilícitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, y el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral García hará un análisis de la jurisprudencia del Alto Tribunal más relevante en materia de ciberdelitos.

¿Con qué desafíos nos encontramos respecto al cibercrimen y cómo frenarlo?

Es necesario centrarnos en la formación y en la cooperación jurídica internacional. Muchos delitos se cometen fuera de nuestras fronteras, con lo que se hacen en la práctica impunes sus autores.

Cambiando de tercio, recientemente un incendio del cuadro eléctrico en los Juzgados de Algeciras provocó la suspensión de las actuaciones judiciales. ¿Cuál es el caso más escandaloso con el que se ha encontrado usted?

Recuerdo un juicio no hace muchos meses en la Audiencia en el que la luz estaba venga irse y volver, con unas fluctuaciones muy importantes. Lo escandaloso, siguiendo su expresión, es lo mal que funcionan las videoconferencias en este país, con lo bien que funciona Skype.

Tiene un blog, ‘En ocasiones veo reos’… ¿Qué persigue con él?

Realmente nada. Cuando lo creé en 2012 era anónimo. Sólo buscaba tener a mano diversas cuestiones dado que veía que me volvían a surgir meses después y tenía que volver a buscar el dato o la sentencia correspondiente.

Ahora es una forma más de estudiar novedades legales o jurisprudenciales y mantenerme al día.

¿Qué consejo daría a los jóvenes que empiezan a estudiar Derecho?

Si tiene claro que va a opositar, que vaya estudiando con el temario de la oposición, como hacen no pocos opositores a notarías y registros, porque saberse de memoria los principales cuerpos legales dan una ventaja mayúscula frente al resto de los competidores.
Si desea ser abogado o consultor, que haga prácticas en algún despacho o vaya a ver juicios siempre que pueda. Casi nunca se ve gente en sala buscando aprendizaje.

Frago, el día de la jura, el 22 de junio de 2007 en el TSJ de Galicia.

¿Y qué aconsejaría a los que acaban de sacarse la plaza de juez o fiscal?

Que elijan muy bien una u otra carrera, porque las dos tienen cosas muy buenas, pero también es una elección para toda la vida casi irreversible y pocas cosas hay peores que verse atrapado haciendo lo que a uno no le gusta.
Por lo tanto, que indaguen entre jueces y fiscales los pros y contras de cada elección, dado que son trabajos de una responsabilidad máxima como para no rendir por el hecho de no estar a gusto con el modo de vida que se eligió.

Frago, junto a sus padres, recogiendo una medalla el 2 de marzo de 2018 en Córdoba; de su época de opositor recuerda fundamentalmente el trabajo de sus padres: «Mi padre tomándome vueltas y más vueltas de los temas, y mi madre con el trabajo poco reconocido socialmente de estar encima, no dejarme flaquear y cuidar mis necesidades».

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