La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) advierten que el plan de choque del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «poco realista».
Ambas asociaciones presentaron ayer sus respectivos informes de alegaciones.
La APM manifiesta que el borrador elaborado por el CGPJ «peca de optimista o poco realista», y que «junto a medidas acertadas, se proponen otras excesivamente ambiciosas, sea porque, aunque necesarias, exigen reformas legales que se dilatarán en el tiempo, o por requerir un presupuesto que es difícil que exista; hay medidas que son ineficaces o que tienen poco que ver con la realidad; y también alguna que parece pensada solo para la galería».
Para el presidente de la AMP, el magistrado Manuel Almenar, este plan «tiene serios riesgos de resultar ineficaz para el objetivo pretendido», según ha manifestado a Confilegal.
Señala que «no se prevé un calendario concreto para la reanudación ordenada de la actividad ni un diseño claro de las medidas que deberían entrar en vigor el mismo día del levantamiento del estado de alarma».
«Carece de sentido proponer medidas cuya implantación no sea inmediata», añade.
Almenar destaca que «una avalancha como la que se prevé, solo se puede resolver reduciendo la litigiosidad e incrementando la tasa de resolución», y dice que «la mayoría» de las medidas del CGPJ «no responden a este fin».
La AJFV «rechaza» las medidas previstas por el órgano de gobierno de los jueces «por su falta de garantías, eficacia y realismo para evitar el colapso judicial que provocará la pandemia».
El portavoz nacional de la AJFV, el magistrado Jorge Fernández Vaquero, señala a este diario que el plan del CGPJ «es insuficiente porque no incluye una programación ordenada de la vuelta a la normalidad en los juzgados», sino que «por el contrario, se excede en otras cuestiones al proponer reformas procesales que nada tienen que ver con la crisis» del coronavirus, «como la despenalización de determinados delitos leves o las medidas destinadas a descongestionar los juzgados de cláusulas suelo».
‘LAS PRIMERAS MEDIDAS, ESENCIALMENTE ORGANIZATIVAS, DEBERÍAN SER OPERATIVAS ANTES DE JUNIO’, SEGÚN LA APM
La Asociación Profesional de la Magistratura expone en su informe que «la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto las consecuencias de unas políticas erradas en materia de Justicia y las graves carencias que soporta, fruto de un secular olvido».
«Si ya conocíamos y sufríamos la evidente penuria de medios personales y materiales, una organización territorial y estructural desfasada, una normativa procesal poco permeable a las exigencias de agilidad y eficacia y un atraso tecnológico sin parangón con otras Administraciones, ahora se han hecho evidentes las consecuencias de la distorsión competencial entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, en perjuicio de un servicio público esencial en una sociedad democrática», explica.
La APM indica que a pesar de que los jueces han seguido trabajando, dentro de sus posibilidades, durante el estado de alarma, «la reanudación de la actividad ordinaria va a provocar un ingreso masivo de asuntos con riesgo grave de colapso en determinados órdenes jurisdiccionales y el consiguiente perjuicio, muchas veces irreparable, para los derechos de los ciudadanos».
Esta asociación afirma que es necesario un plan de choque que «minimice en lo posible el daño, mediante la implantación de medidas, fundamentalmente organizativas y que puedan aplicarse al tiempo del cese del estado de alarma o incluso antes».
La APM considera que el borrador elaborado por el CGPJ es «bienintencionado, pero peca de optimista o poco realista».
Dice que «junto a medidas acertadas, se proponen otras excesivamente ambiciosas, sea porque, aunque necesarias, exigen reformas legales que se dilatarán en el tiempo, o por requerir un presupuesto que es difícil que exista; hay medidas que son ineficaces o que tienen poco que ver con la realidad; y también hay alguna que parece pensada solo para la galería».
Manifiesta que «un plan de choque para atender una situación de emergencia es, por esencia, temporal, y que «aunque pueda sentirse la tentación de aprovechar la ocasión de conseguir avances o mejoras en otros ámbitos, singularmente de carácter procesal y de cuya necesidad nadie duda, debemos evitar que estas últimas impidan o dilaten la inmediata aplicación de las primeras».
Afirma que ello implica la adopción de «medidas generales y concretas, por órdenes jurisdiccionales, tendentes a reducir la litigiosidad, agilizar los procesos e incrementar los niveles de resolución mediante planes de apoyo y refuerzos».
Añade que ha de tratarse de medidas que, por su naturaleza, puedan ser aplicadas de modo inmediato, como por ejemplo la puesta en funcionamiento de todos los órganos judiciales creados hace un año y que aun están pendientes.
A la APM le «causa perplejidad que se ponga como ejemplo de medida de agilización la adoptada en relación con las cláusulas suelo».
«Se trata de una medida que no sólo se adoptó y mantiene en contra del parecer de jueces y colectivos afectados, sino que se ha demostrado ineficaz y disfuncional en la mayoría de los territorios», explica.
Dice que «lejos de resolver el problema, el encapsulamiento ha provocado que nos encontremos con órganos con miles de asuntos y, lo que es peor, con una perspectiva de resolución a varios años vista, cuando de haberse optado por atender a las circunstancias de cada provincia, la mayor parte de los casos se habría digerido y estarían ya sentenciados».
«No se trata de volver a criticar la medida, sino que se invoque como modelo a seguir», apunta y pide no perseverar «en el error de medidas que se han demostrado ineficaces».
Destaca que es preciso abordar medidas sobre cómo se va a producir la reincorporación, cómo se van a practicar las notificaciones o cómo se va a priorizar los asuntos. «Es necesario contemplar una previsión al respecto», apostilla.
Por otra parte, ante una avalancha de asuntos, plantea que las medidas son «esencialmente tratar de reducir la entrada y aumentar la resolución», y dice que para conseguir este último objetivo son esenciales los recursos personales.
«No se entiende que, como propuesta general (se recoge de forma absolutamente improcedente como propuesta sectorial del orden social -6.25- y con olvido de que el destino natural de los jueces recién incorporados deben ser los órdenes civil y penal), no se prevea la inmediata incorporación de los 62 jueces en prácticas que están haciendo funciones de sustitución y refuerzo, ni se contemple la supresión de dicha fase para los 188 alumnos de la Escuela Judicial que comienzan la fase de prácticas tuteladas en septiembre», expone.
Asimismo, manifiesta que uno de los mecanismos para disminuir la litigiosidad, fomentar los acuerdos extrajudiciales y agilizar los procesos, es la unificación de criterios, y que ya existen mecanismos legales a tal fin.
Agrega que «si no han dado el resultado pretendido es porque la decisión final de unificación, que es la dada en primera instancia por la Audiencia Provincial y finamente por el Tribunal Supremo, ha tardado excesivamente».
Según la APM, «habría que diseñar mecanismos que permitieran un pronto pronunciamiento en aquellas materias donde se detecta una bolsa de litigiosidad, previendo cauces acelerados susceptibles de facilitar que el órgano de apelación o casación se pronuncie a la mayor brevedad».
También señala que «al hilo de la emergencia se proponen medidas», muchas de las cuales la asociación pide desde hace tiempo, pero a la APM le parece «dudoso que sea el momento oportuno».
«En ocasiones, incluso podría parecer que el CGPJ pretende monopolizar y asumir competencias excepcionales sobre el estatuto de los jueces, con ocasión de la situación excepcional de emergencia», agrega.
Hace hincapié en que «la solución de la crisis está tanto en las medidas de agilización, necesarias ante una situación excepcional, como que las mismas se dicten con escrupuloso respeto de las normas constitucionales y orgánicas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, que es lo que en definitiva genera confianza en los ciudadanos y garantiza la seguridad jurídica».
Señala que «hoy más que nunca es necesario un Pacto de Estado en materia de Justicia» y que «es en el seno de ese Pacto donde debe trabajarse por esa Justicia independiente y debidamente dotada, capaz de dar respuesta a las demandas y necesidades de los ciudadanos».
«A este objetivo se encaminan nuestras propuestas de concretas reformas legales que se formulan en los sucesivos órdenes jurisdiccionales, de sencilla tramitación, rápida aplicación y efectos inmediatos», explica, y dice que «entre tanto, las primeras medidas, esencialmente organizativas, deberían ser operativas antes del próximo mes de junio».
INFORME DE ALEGACIONES DE LA APM AL PLAN DE CHOQUE DEL CGPJ
ANEXO AL INFORME
AJFV: ‘HA APROVECHADO LA SITUACIÓN PARA PROMOVER MEDIDAS QUE CONSTITUYEN UN CAMBIO ESTRUCTURAL DE MODELO PROCESAL’
Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el plan de choque del CGPJ también «ignora la realidad diaria de la Justicia española».
Según explica, «rechaza» las medidas previstas por el órgano de gobierno de los jueces «por su falta de garantías, eficacia y realismo para evitar el colapso judicial que provocará la pandemia».
Ayer presentó ante el CGPJ sus alegaciones.
La AJFV afirma que «no es un plan de choque frente a la crisis por el estado de alarma».
Manifiesta que al socaire de la paralización efectuada por el estado de alarma declarado el 14 de marzo, el CGPJ «ha aprovechado la situación para proponer una batería de medidas que constituyen, en su conjunto, un cambio estructural de modelo procesal».
Esta asociación afirma que la mayoría de las propuestas «no están justificadas por el previsible aumento de la litigiosidad tras la crisis del coronavirus», y muestra su «preocupación ante el aprovechamiento de una situación política irregular para, por vía de urgencia, tratar de introducir reformas que merecen un gran consenso político».
Y subraya que «los órganos constitucionales no deben escoger los resquicios de pérdida de garantías provocado por un estado constitucional pero excepcional, para eludir el control parlamentario y social».
Por otra parte, pone el foco en que la propuesta del CGPJ «no mide el impacto económico» del plan en su conjunto. Dice que se limita a hacer consideraciones generales sobre si cada medida tiene o no impacto económico, y que en numerosas de ellas se dice que la medida no tiene impacto «cuando, en realidad, sí la tienen».
La AJFV reitera que «sin inversión económica es imposible neutralizar el efecto de la paralización de la mayor parte de la actividad judicial durante más de dos meses».
«Los recursos personales y materiales tienen un límite y lo barato sale caro a medio plazo», apunta.
También destaca que no se tiene en cuenta el impacto psicosocial sobre la carrera judicial.
A esta asociación le «sorprende que el CGPJ recurra de forma generalizada a las adscripciones forzosas y comisiones de servicios sin relevación de funciones no remuneradas, sin tener certeza, pese a ser responsable de la prevención de riesgos laborales de los miembros de la Carrera Judicial, de si los integrantes de la misma se hallan sometidos o no a riesgos que mermen su salud laboral».
La AJFV recuerda que las cuatro asociaciones judiciales tienen planteado un conflicto colectivo ante los tribunales ordinarios frente al CGPJ, por «haberse negado a fijar las cargas laborales a efectos de salud laboral».
En otra de sus alegaciones denuncia a «eliminación preocupante de la oralidad en procedimientos civiles y laborales».
Señala que las medidas propuestas por el CGPJ introducen la posibilidad en la jurisdicción social de tramitar pleitos íntegramente escritos (pleitos de Seguridad Social) y convierten en opcionales las audiencias previas de los juicios ordinarios civiles cuando haya solo prueba documental, así como se refuerza lo escrito en los verbales civiles, al ampliar los supuestos y reconducir muchas materias a este tipo de procedimiento (verbal).
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria destaca que «la huida de la oralidad hace retroceder nuestro sistema judicial al siglo XIX», a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, «eliminando la inmediación y alejando al ciudadano de quien ha de resolver sus cuitas, de manera contraria a la voluntad del legislador constituyente».
Añade que el exceso de juicios por juez «no puede eliminarse reduciendo las celebraciones, sin reducir los asuntos, sino dotando de más medios para poder ampliar las horas de Sala en cómputo global». Considera que la medida propuesta es «un parcheo que supone una pérdida de derechos para los ciudadanos».
Por otra parte, la AJFV alega «limitación injustificada de los recursos en segunda instancia» en los órdenes civil y sobre todo social.
Señala que «cualquier limitación del derecho al recurso –especialmente en materias sensibles como la laboral o de familia–, supone una pérdida de garantías para los ciudadanos y una merma directa de sus derechos».
Además, la AJFV dice que esta medida «no tiene justificación alguna en el contexto de la crisis del coronavirus, donde el aumento de la litigiosidad se produce mayoritariamente en la primera instancia».
En otra de las alegaciones dice que es «especialmente reprobable es el hecho de escoger el modelo de los juzgados de cláusulas suelo como modelo a seguir en otras materias y jurisdicciones».
La AJFV señala que se propone la especialización por materias, reduciendo en muchos casos la oralidad y conforme a un modelo de juzgado centralizado por provincias y que «pese a que se apunta a que se podrá seguir este modelo para materias derivadas de la crisis del coronavirus, la mayoría de las medidas propuestas van encaminadas a desatascar los juzgados de cláusulas suelo»; «medidas para desatascar un modelo que se propone como ejemplo a seguir».
Para esta asociación, «carece de lógica dicha propuesta».
Por otra parte, indica que «desde el punto de vista de la administración de justicia como servicio global, habilitar el mes de agosto supone un gravamen adicional para los abogados y procuradores, quienes no podrán disponer del mes inhábil en la jurisdicción civil para conciliar su vida familiar ni para funciones organizativas de su propio negocio».
La AJFV echa en falta la valoración de las medidas tras la emisión del preceptivo informe de perspectiva de género, conforme a la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Dice que «la habilitación de un mes no producirá un efecto de mejora de la pendencia y, sin embargo, causará perjuicios en otros colectivos».
Entiende que «pueden reforzarse los juzgados mediante la habilitación de entre dos o tres tardes a la semana (las mismas en todo el territorio nacional) servidos por comisiones de servicios o refuerzos voluntarios y retribuidos, de manera más eficaz y sin merma de derechos de ningún colectivo».
La AJFV considera que «las propuestas en su conjunto suponen una burocratización de la administración de justicia, una merma de la motivación, la oralidad, la contradicción, la inmediación y el respeto por la función jurisdiccional».
Añade que «especial consideración merece la degradación de la función atribuida a los miembros de las últimas promociones de jueces, a quienes se pretende imponer funciones de refuerzo ampliando el periodo de refuerzo y sustitución o acortando la formación de la promoción actualmente en la Escuela Judicial».
La AJFV se une «al rechazo generalizado del plan manifestado tanto por otras asociaciones judiciales como por otros colectivos del ámbito de la justicia».
«Dichas medidas, con todos los respetos, obedecen a un concepto de administración de justicia al que este CGPJ ya nos tiene acostumbrados y que ha sido pergeñado con desconocimiento de lo que sucede a diario en los juzgados y tribunales españoles», concluye.
