Hace hincapié en que esta situación “requiere de la unión y de la participación de todos; de una participación real, sin exclusivismos, sin imposiciones, con más colaboración y más coordinación que imposiciones”.
Javier Jordán de Urríes (CSIF): ‘El CGPJ está dejando bastante que desear en la gestión de la crisis del coronavirus’
HACE UN LLAMAMIENTO AL DIÁLOGO A CAMPO Y A LAS ADMINISTRACIONES PARA QUE CUENTEN CON LOS EMPLEADOS PÚBLICOS "PARA REACTIVAR AHORA Y MEJORAR DESPUÉS LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA"
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15/4/2020 07:00
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Actualizado: 29/1/2021 12:36
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Javier Jordán de Urríes Sagarna, presidente de CSIF Justicia, señala a Confilegal que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “está dejando bastante que desear en la gestión de la crisis del coronavirus”.
Recientemente ya había criticado en este diario que “la actuación del CGPJ en esta crisis está siendo errática, sorda y autoritaria”.
Después, los seis sindicatos con representación en la mesa del Ministerio de Justicia –CSIF, STAJ, CC OO, UGT, CIG y ELA- lanzaron un comunicado conjunto reprobando la actuación del Consejo y de Lesmes. Critican que “se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales”.
Preguntado por el plan de choque del Consejo General del Poder Judicial, afirma que «el CGPJ una vez más demuestra que no es consciente de la realidad en la que estamos». Destaca que «lo que se necesitan son medidas concretas y de aplicación inmediata», y que para eso «no hacen falta 436 páginas».
Asimismo, insiste en que “uno de los principales problemas que hay en la gestión de la crisis del coronavirus en la administración de Justicia es la falta real de coordinación y de colaboración entre instituciones”.
El presidente de CSIF Justicia afirma que «la resolución del Ministerio sobre dotaciones de personal del sector, publicada el pasado lunes y que entra hoy en vigor, no garantiza la seguridad y la salud de los trabajadores».
Informa que CSIF presentó ayer un recurso de reposición contra esta resolución por presunta vulneración de la ley de prevención de riesgos laborales.
CSIF considera que esta resolución abre la puerta a «un escenario de desescalamiento encubierto en la Administración de Justicia y, en consecuencia, contrario al escenario de confinamiento y contención del virus».
Reclama que mientras no se pueda garantizar la salud de los trabajadores, se mantengan las dotaciones de personal conforme a la resolución del pasado 30 de marzo, donde se estableció la modalidad de disponibilidad reduciendo al máximo las dotaciones presenciales de funcionarios.
Javier Jordán de Urríes solicita al ministro de Justicia «transparencia en relación con los planes de choque, agilización o actuación que está negociando con el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores».:
Reclama al Ministerio que «haga públicos sus planes cuanto antes y empiece a negociar el diseño, implantación y seguimiento de los mismos con los sindicatos».
Por otra parte, también informa que a CSIF le “preocupa que se intente ahora buscar la excusa del Covid-19 para externalizar parte del servicio público de la justicia a través, por ejemplo, de sistemas de mediación, y que se haga de manera forzada, y sin meditar”.
Jordán de Urríes también conversa con Confilegal sobre las carencias que esta crisis ha puesto relieve en Justicia.
Y hace un llamamiento al diálogo al ministro Juan Carlos Campo y a las administraciones «para que cuenten con los empleados públicos para reactivar ahora y mejorar después la administración de Justicia”.
Destaca que esta situación “requiere de la unión y de la participación de todos”. “De una participación real, sin exclusivismos, sin imposiciones, con más colaboración y más coordinación que imposiciones”, subraya.
Javier Jordán de Urríes hace balance de los seis meses que lleva como presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, sindicato mayoritario en este ámbito. El pasado junio CSIF ganó, por tercera vez consecutiva, las elecciones celebradas en la Administración de Justicia.
Jordán de Urríes fue elegido presidente por el 98% de los votos de los compromisarios en el Congreso Nacional celebrado el pasado 29 de octubre en Madrid.
Javier Jordán de Urríes Sagarna (Zaragoza, 1967) es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, y es funcionario de Justicia desde 2001.
Comenzó en el sindicato como delegado de base y de prevención de riesgos en Cantabria en 2007. En 2012 pasó a formar parte de la ejecutiva nacional del sector ocupando la secretaría de coordinación territorial, negociación y comunicación, y desde 2015 ha sido vicepresidente nacional de Justicia.
Tomó el relevo de Francisco Lama al frente de CSIF Justicia con el reto de recuperar la estructura salarial anterior a 2010, consolidar el Registro Civil dentro de la Justicia y eliminar diferencias salariales entre comunidades autónomas en los próximos cuatro años de mandato.
Dice que es consciente de que “el escenario al que nos enfrentamos va a exigir otro tipo de medidas”, pero que esas reivindicaciones siguen siendo justas y que no van a renunciar a ellas.
¿Qué opina del plan de choque del CGPJ?
El CGPJ, una vez más, demuestra que no es consciente de la realidad en la que estamos. Lo que se necesitan ahora son medidas concretas que ayuden a salir a la administración de Justicia de la posible avalancha de asuntos que se va a encontrar conforme vayamos recuperando la normalidad. Y para eso no hacen falta 436 páginas.
Muchas de las medidas que propone implican reformas legislativas, incluso modificaciones de leyes orgánicas que tienen que ser aprobadas por el Congreso de los Diputados en una situación de normalidad.
Además, convendría que tuviera en cuenta que la administración de justicia no son solo jueces y magistrados, sino que también hay letrados, funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, y funcionarios de cuerpos especiales, con los que de vez en cuando convendría que hablara y se interesara por sus propuestas.
Uno de los principales problemas que hay en la gestión de la crisis del coronavirus en la administración de Justicia es la falta real de coordinación y de colaboración entre instituciones.
Aquí cada uno está lanzando sus planes de activación, el CGPJ por un lado, el CGAE por otro, el Consejo General de Procuradores por otro… El ministro de Justicia se ha reunido con todos ellos, pero sigue sin contar con la opinión de los trabajadores que van a ser los que van a tener que poner en marcha esos planes de actuación.
¿El Ministerio no ha informado a los sindicatos de cómo piensa afrontar el escenario poscrisis?
No, nos ha contado nada. Desde CSIF solicitamos al ministro transparencia en relación con los planes de choque, agilización o actuación que está negociando con el CGPJ y los Consejos Generales de Abogados y Procuradores.
Debe hacerlos públicos cuanto antes y empezar a negociar el diseño, implantación y seguimiento de los mismos con los sindicatos.
Volviendo al CGPJ, los seis sindicatos con representación en la mesa del Ministerio de Justicia han reprobado su actuación y la de Lesmes en la crisis del coronavirus. Critican que “se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales”…
Ha intentado imponer sus criterios en cuestiones como las dotaciones presenciales de plantilla para cubrir los servicios esenciales, que en este caso está íntimamente ligado con una cuestión de prevención de riesgos, de salud laboral y de salud pública porque de lo que se trata es que el mayor número de ciudadanos se quede en casa para evitar la propagación de este virus.
También hemos denunciado que en uno de sus comunicados hizo una alusión a los funcionarios bastante desafortunada y aún no ha rectificado pese a que se lo pedimos expresamente desde CSIF.
CSIF exige a la Comisión permanente del Consejo que rectifique y se disculpe con los empleados públicos de la Justicia.#CSIF #CSIFJUSTICIAhttps://t.co/NJGRRsHP45 pic.twitter.com/imf8YWfMHe
— CSIFJusticiaNacional (@CSIFJusticiaNac) March 19, 2020
El CGPJ en la gestión de la crisis del coronavirus está dejando mucho que desear.
Los sindicatos también denunciaron que ha empleado una “táctica de sabotaje” para “impedir el cumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Justicia” y de las comunidades con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia…
Sí, porque si alguien se quiere coordinar con otro lo que tiene que hacer es hablar con esa persona y no publicar los documentos y las propuestas antes de mantener ese contacto. Está mediatizando la acción del resto de instituciones.
Además, ha creado unos comités de seguimiento de la crisis sanitaria donde se toman decisiones sobre salud laboral y sobre dotación de plantilla, y en ellas no se ha contado con la representación de los trabajadores, salvo una excepción.
¿Y qué le parecen los planes propuestos por el CGPE y el CGAE?
Nos preocupan dos cosas fundamentalmente. Las prisas por volver a la actividad normal de la Justicia cuando seguimos en estado de alarma y el final de la pandemia queda aún muy lejos y no se puede garantizar aún la seguridad de los trabajadores.
En segundo lugar, nos preocupa que se intente buscar la excusa del Covid-19 para externalizar parte del servicio público de la justicia, por ejemplo implantando sistemas de mediación extrajudicial y que estas medidas se apliquen de manera forzada y sin meditar.
Estamos en confinamiento porque este virus se contagia con mucha facilidad y no se puede poner en riesgo todo lo que se ha conseguido por incorporarse a la actividad laboral de forma precipitada, insisto. Hay que hacerlo con todas las garantías de seguridad.
Para CSIF, la solución a los problemas en la Justicia está primero en los propios funcionarios. Hay que acometer la reforma de los perfiles profesionales, hay que abordar el tema de la redistribución de las funciones dentro de la oficina judicial y fiscal, y hay que apostar por los funcionarios públicos de Justicia dándoles funciones de valor añadido y decisorias haciendo legal lo que es real en las oficinas judiciales.
Si se incrementan este tipo de medidas se puede mejorar mucho la prestación de servicio público de la Justicia.
Además, tendrían que hacerse test a quienes van a cubrir esos servicios esenciales, que haya medidas de protección suficiente para todo el personal que se vaya a incorporar y que se haga un seguimiento de los casos positivos y de los casos posibles porque la única manera de tener controlado el virus es saber perfectamente dónde está incidiendo.
CSIF, STAJ, CC OO, UGT, CIG y ELA también reclamaron a Campo la participación de los sindicatos en la Comisión del coronavirus…
Sí. Debería haber una verdadera negociación e información en materias que afectan a las condiciones de trabajo de los empleados públicos, adaptando esa negociación a la situación actual.
¿Han recibido respuesta a esta petición que le hicieron el 3 de abril?
Aunque seguimos fuera de la comisión, el Ministerio se comprometió el pasado lunes a regularizar las reuniones con los sindicatos y a enviar la documentación a la vez que lo hace al resto de componentes de esa Comisión de seguimiento.
Como se suele decir, el movimiento se demuestra andando y habrá que ver si ese compromiso se hace efectivo.
¿Qué opina usted de la resolución del Ministerio sobre dotaciones de personal de Justicia, que entra en vigor hoy?
En primer lugar hay que dejar claro que todos los funcionarios de Justicia desearían estar hoy en sus puestos de trabajo porque eso significaría que todo lo que estamos pasando no sería sino un mal sueño, pero el Covid-19 es una realidad y los trabajadores de Justicia tienen derecho a que se garantice su seguridad y su salud en sus puestos de trabajo, incluso en una crisis sanitaria como esta.
Por esta razón, CSIF ha recurrido esta resolución del Ministerio por presunta vulneración de la ley de prevención de riesgos laborales, porque no garantiza la seguridad y la salud de los trabajadores.
Con esta resolución se pretende que los trabajadores se reincorporen a sus puestos de trabajo en las diferentes oficinas judiciales de todo el territorio nacional sin que se les hagan los test de detección del coronavirus, lo que puede conllevar más contagios y peligro para la salud y la vida de las personas.
Además, el Ministerio debe asegurar un suministro estable de material de protección y en cantidad suficiente, y asegurarse que la provisión de los mismos es realmente efectiva, es decir que llegan a todos y cada uno de los funcionarios que se incorporan a su puesto de trabajo.
¿Qué propone CSIF?
Que mientras no se pueda garantizar la salud de los trabajadores, se mantengan las dotaciones de personal conforme a la resolución del pasado 30 de marzo, donde se estableció la modalidad de disponibilidad con una dotación reducida de funcionarios en los Juzgados.
El pasado martes usted denunció que la MUGEJU había “abandonado” a los mutualistas que están de baja. Después, aquel mismo día el Gobierno garantizó a los mutualistas de MUGEJU y MUFACE en situación de incapacidad temporal que cobrarán bajo el estado de alarma. Ha corregido la situación…
Agradecemos que se haya reaccionado y se haya corregido este problema, si bien no se ha hecho en su totalidad.
Explíquese.
El problema se suscitó cuando los compañeros que están en esa situación de baja de más de 6 meses comprobaron que en sus nóminas no habían percibido la totalidad de las retribuciones. Les faltaba el complemento que tiene que abonar la mutualidad.
Esta disposición adicional prevé su aplicación de ahora en adelante, y por lo tanto para poder cobrar las retribuciones de marzo tendrán que esperar a que la actividad de la mutualidad vuelva a la normalidad.
¿Queda algún problema por solucionar por parte de la MUGEJU?
Sí. La mutualidad reaccionó tarde a la crisis. Sólo empezó a publicar información cuando CSIF lo requirió formalmente al Ministerio. La primera comunicación de la mutualidad se sucede a una reclamación que hizo CSIF sobre el uso del número de teléfono 112 por parte de los mutualistas.
A partir de ahí, la MUGEJU solo ha respondido reaccionando ante reclamaciones que le hemos ido haciendo, como por ejemplo que los mutualistas se están encontrando con dificultades para acceder a la receta, que tienen que adelantar el importe del medicamento y esperar a la que la mutualidad cuando todo vuelva a la normalidad se lo reembolse, y que existen muchas dificultades para obtener bajas de enfermedades comunes o prórrogas de esas baja”.
¿Estos problemas se han resuelto?
No en su totalidad. Sigue habiendo problemas para obtener las recetas y con las bajas. Estamos insistiendo a la mutualidad que lo solucione.
Cambiando de tema, ¿qué carencias ha puesto de relieve esta crisis que haya que solventar de forma inmediata?
Básicamente cuatro problemas. El primero, las carencias desde el punto de vista tecnológico. A los ya conocidos de la existencia de diversos programas de gestión procesal se suman ahora, por ejemplo, las dificultades que se están encontrando para implantar el teletrabajo.
En segundo lugar, el sistema de prevención de riesgos en la administración de Justicia ha saltado por los aires. Cuando más se necesitaban los comités de seguridad y salud y los delegados de prevención, están desactivados, y los servicios de prevención están teniendo que afrontar esta crisis con una gran carencia de medios.
En tercer lugar se ha puesto de manifiesto la enorme falta de coordinación y cooperación entre los diversos órganos, instituciones y administraciones que tienen competencia en materia de Justicia.
Y en cuarto lugar, la falta de comunicación con los trabajadores públicos de Justicia, que les impide participar en las decisiones que afectan a su trabajo en estas circunstancias.
Los trabajadores públicos son imprescindibles para reactivar la administración de Justicia y para cualquier reforma que se pretenda realizar, y por tanto hay que contar con ellos, empezando por la reforma de aquellas cuestiones que esta crisis ha puesto patas arriba.
Por ello, hacemos un llamamiento al diálogo al ministro, al Ministerio de Justicia, y a todas las administraciones para que cuenten on los empleados públicos para reactivar ahora y mejorar después la administración de Justicia.
El 4 marzo, antes de que estallara esta crisis, el ministro presentó a los sindicatos el Plan 2030. ¿Ahora habría que hablar de un plan 2020-2021?
Hay un dicho que dice que “cuando uno duda en tomar decisiones, al final es la vida la que te hace tomarlas”. El virus este nos ha puesto a todos en esa tesitura. Es evidente que hay reformas de la Justicia que tienen que contar con un amplio consenso y, por lo tanto, la idea de Pacto por la Justicia tiene que mantenerse, pero quizás ahora hay que pensar en arreglar todo aquello que esta crisis ha puesto patas arriba.
Hay que ver qué cosas hay que mejorar de manera inmediata para evitar que se repita esta situación, este descontrol y esta descoordinación.
Hay que mirar siempre a medio y largo plazo, y sobre todo en un proceso de modernización que tiene que ocupar más de una legislatura, pero esta crisis nos ha puesto delante de las narices una serie de deficiencias que hay que corregir de forma rápida.
El ministro de Justicia, y su equipo (a la izquierda), en la reunión que mantuvo el pasado 4 de marzo con los representantes sindicales de Justicia (a la derecha). Foto: MJ
En aquella reunión CSIF entregó a Campo un dossier con reivindicaciones. El escenario al que nos enfrentamos exige otro tipo de medidas…
No vamos a renunciar a esas reivindicaciones, van a estar encima de la mesa, pero efectivamente el escenario al que nos enfrentamos va a exigir otro tipo de medidas.
Desde la situación actual está claro que gran parte de los deseos para 2020 que compartí en Confilegal no se van a poder cumplir este año.
Estas circunstancias muchas veces te hacen replantearte las prioridades y otra vez tendremos que ver cuáles son, sin olvidar estas reivindicaciones porque son justas.
¿Qué balance hace de estos seis meses como presidente de CSIF Justicia?
En este tiempo hemos podido finalizar alguno de los temas que teníamos pendientes de la pasada legislatura, como por ejemplo el acuerdo de la reestructuración en plantilla de los refuerzos, y también hemos cerrado un acuerdo sobre guardias en los institutos de medicina legal.
Hay otros asuntos que han quedado pendientes, como el Registro Civil, sobre el que vamos a pedir al ministro que haya una nueva vacatio y que finalmente se quede en Justicia.
También quedan pendientes para cuando esto vuelva a la normalidad la eliminación de la discriminación salarial en el ámbito Ministerio; la negociación de las guardias; la productividad; o las reformas estructurales de la administración de Justicia.
No nos ha dado tiempo a abordar todas estas cuestiones porque el coronavirus se ha cruzado en el camino.
La negociación es la mejor forma de salir de una crisis y de afrontar cualquier reforma o modernización de la administración de Justicia.
CSIF siempre va a estar del lado de los trabajadores defendiendo sus intereses profesionales y sus derechos laborales.
Espero que cuando pase esta crisis sigamos valorando la existencia de unos servicios públicos fuertes y la importancia del trabajo de los empleados públicos que están en estos momentos prestando los servicios esenciales para la sociedad y también de los trabajadores privados que también están sosteniendo los servicios esenciales para que podamos tener los bienes básicos para la vida y distribuirlos.
Esto se va a superar. Eso sí, requiere de la unión y de la participación de todos, de una participación real, sin exclusivismos, sin imposiciones, con más colaboración y más coordinación que imposiciones.
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