El Consejo General de Enfermería (CGE) ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores.
También les imputa otros delitos relacionados con este, como «imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte».
Además de Sánchez e Illa, la dirige contra la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública; y la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
El Consejo General de Enfermería ha informado que «el origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos».
Según explica, dicha Comisión encargó a los servicios jurídicos del Consejo la puesta en marcha de las acciones penales para exigir las responsabilidades que procedieran a las autoridades sanitarias que están interviniendo en la gestión de la pandemia.
Detalla que los expertos del Consejo General de Enfermería «han llevado a cabo un extenso trabajo de investigación y de recopilación de información sobre los medios y materiales de protección» de los enfermeros y frente al coronavirus y que «el resultado final ha llevado al Consejo General de Enfermería a la decisión de actuar judicialmente por la vía penal».
Señala que «gracias a toda esta investigación previa, se ha elaborado una querella extensa y contundente, que contiene más de 50 folios, y en la que se realiza un amplio relato de los hechos, acompañado de abundante documentación que explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos (como mascarillas) o los test sin la fiabilidad suficiente».
Esta querella se suma a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios consejos autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidos políticos.
El presidente de Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, señala que son enfermeros y que «la única motivación» que les mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad de sus pacientes y de los ciudadanos en general, que «están por encima de ideologías o partidos políticos», ha destacado
En la querella se imputa un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores (artículo 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física».
La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de 6 a 12 meses.
LA CESM SE QUERELLARÁ CONTRA ILLA POR LAS MASCARILLAS DEFECTUOSAS
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que preside Tomas Toranzo Cepeda, también ha anunciado hoy que se querellará contra Illa y demás responsables de su departamento ante el Supremo por la distribución en centros hospitalarios de mascarillas del tipo FPP2 que resultaron ser defectuosas, por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores.
Así lo ha acordado el Comité Ejecutivo de la confederación por lo que considera una «actuación negligente» por parte del Ministerio, «poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades».
@cesm_sindicatos presenta querella ante Tribunal Supremo contra @salvadorilla y demás responsables de su departamento por infracción de la Ley de PRL en la compra y distribución de mascarillas «fake» a distintos Servicios de Saludhttps://t.co/jqXdxu3PfL
— Tomas Toranzo Cepeda (@TomasToranzo1) April 23, 2020
«No podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados a día de hoy de Covid-19, y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les deberían hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto», ha manifestado la CESM.
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