La víctima era miembro del grupo de los Renegados, una banda rival.
Condenados a 14 años de prisión tres Ángeles del Infierno por homicidio
La víctima quedó en coma y murió dos meses y medio después en el hospital por las graves lesiones
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07/5/2020 11:01
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Actualizado: 07/5/2020 11:03
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La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a 14 años de prisión a tres integrantes del grupo motero Ángeles del Infierno (Hells Angels MC) por un delito de homicidio doloso en el que concurre la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de abuso de superioridad.
Se trata de Jaume C.L., Sergio C.N. y Alfonso F.L.
También les ha impuesto a cada uno de ellos 10 años de libertad vigilada y que indemnicen de forma conjunta y solidaria con 357.743 euros a los familiares de la víctima: con 246.671 euros a uno, con 80.601 a otro y con 30.471 al tercero.
Los hechos ocurrieron en 2017, en un polígono industrial de Castellar del Vallès (Barcelona).
La víctima era miembro del grupo de los Renegados, una banda rival.
Quedó en coma y murió dos meses y medio después en el hospital por las «graves lesiones».
La sentencia, número 14/2020, está fechada a 20 de abril.
Contra ella cabe recurso de apelación dentro de los diez días siguientes a la última de las notificaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de esta Cataluña (TSJCat).
El caso fue juzgado del 12 al 18 de marzo por un jurado popular presidido por el magistrado Jesús Navarro Morales.
El jurado los declaró culpables de un delito de homicidio doloso con la circunstancia agravante de abuso de superioridad.
La Fiscalía pidió 14 años de cárcel para cada uno, 10 años de libertad vigilada e indemnizaciones. Una de las acusaciones particulares se adhirió a la petición del Ministerio Público y la otra renunció a la pena de prisión permanente revisable que solicitaba inicialmente e interesó una condena por delito de asesinato.
Las defensas de los tres condenados no formularon alegación alguna respecto a la petición de condena por responsabilidad civil solicitada por las acusaciones y pidieron que en el caso de acoger las tesis acusadoras, la pena de prisión fuera de 10 años y un día, anunciando su intención de recurrir la sentencia.
Según los hechos probados, el 24 de septiembre de 2017, alrededor de las 17.52 horas, Jaume C. L. mantuvo una discusión con la víctima mientras circulaban con sus respectivas motocicletas por la localidad de Sabadell, y para continuar esa discusión, el condenado y la víctima –que iba acompañado de un amigo- se dirigieron al polígono industrial de Pla de la Bruguera, en la localidad de Castellar del Vallés.
Allí, Jaume C. agredió la víctima «asestándole diversos puñetazos y empujones, llegando a tirarlo al suelo, sin que el amigo de este pudiera hacer nada para evitar la agresión».
En el transcurso de la agresión, el condenado «llegó a colocarle un cuchillo en el cuello con intención de amedrentarle». Sobre las 17.54 horas llamó por teléfono a otro de los condenados, Alfonso F.L., «para pedirle ayuda en la agresión«, asumiendo de tal forma el resultado que se pudiera desprender de la agresión conjunta.
Lanzó amenazas que hicieron que el amigo de la víctima se fuera del lugar.
Unos 20 minutos después, sobre las 18.12 horas, Alfonso F.L. y el tercer condenado, Sergio C.N. -al que Alfonso F. había llamado tras recibir la llamada de Jaume C.-, llegaron al lugar cada uno a bordo de su respectivo vehículo y a partir de ese momento los tres condenados, «actuando con la intención común de acabar con su vida, o al menos con conocimiento de las altas probabilidades de hacerlo con su conducta», agredieron a la víctima hasta que quedó tendida inconsciente en el suelo, tras lo cual se marcharon del lugar.
También consideró probado que llevaron a cabo la agresión «aprovechándose de la ventaja que les confería su superioridad numérica y la circunstancia de portar objetos potencialmente lesivos para la integridad física de su víctima, que se encontraba desarmada, todo lo cual contribuyó a mermar de forma considerable las posibilidades de defensa o huida».
La víctima murió el 9 de diciembre de 2017.
El magistrado ha acordado que sigan en prisión preventiva y ha prorrogado la condición de los testigos protegidos hasta que la sentencia sea firme.
Los condenados fueron detenidos en febrero de 2018, junto a otros 13 supuestos miembros de la banda motera.
A JUICIO 47 INDIVIDUOS POR SU INTEGRACIÓN O CONNIVENCIA CON ESTA BANDA
El pasado diciembre, el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, envió a juicio a 47 personas por su integración o su connivencia con los Ángeles del Infierno implantados en Baleares a partir de 2009 y para los que Fiscalía Anticorrupción pide hasta 38 años y medio de cárcel por un rosario de presuntos delitos que van desde la prostitución, la extorsión y el tráfico de drogas hasta la detención ilegal, el fraude y el blanqueo.
Se trata de una rama afincada en España de la Hells Angels Motor Club (HAMC), que desembarcó en Mallorca en 2009.
Se sentarán en el banquillo el fundador de esta rama o ‘capítulo’ de los HAMC, Frank Arim Hanebuth, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 13 años de prisión por organización criminal, amenazas, blanqueo y tenencia ilícita de armas, y sus dos lugartenientes, los hermanos Youssafi, que afrontan hasta 38 años y medio de cárcel, además, por prostitución y detención ilegal de tres mujeres.
La lista de 47 acusados abarca otros miembros de pleno de derecho de la organización (‘Fullpatch’), así como subordinados (‘Prospects’), simpatizantes (‘Hangarounds’ o ‘Supporters’) y miembros ambulantes de la organización (‘Nomads’) así como todos los integrantes de la estructura de esta facción balear, desde el presidente al sargento de armas, pasando por el secretario y el tesorero.
La causa llegó en 2012 a la Audiencia Nacional, cuando se constató que los Ángeles del Infierno de Baleares funcionaban como organización criminal y se relacionaban con otros establecidos con Luxemburgo, Turquía y Alemania.
Tras meses de seguimientos y escuchas telefónicas, las primeras detenciones se produjeron en julio de 2013 en la llamada ‘Operación Casablanca’ y además de los integrantes de la organización, cayeron dos policías locales y un guardia civil que les habrían dado cobertura.
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