La AEGC denuncia que durante el estado de alarma han aumentado las agresiones a guardias civiles 
La AEGC se ha personado como acusación particular "en gran parte de los casos" y dice que sólo en la Comunidad de Aragón por medio de su letrado Jorge Piedrafita lleva la defensa de "siete agentes". Foto: Guardia Civil

La AEGC denuncia que durante el estado de alarma han aumentado las agresiones a guardias civiles 

Informa que está habiendo atropellos en controles de tráfico y atentado contra los agentes por parte de individuos que incumplen el confinamiento
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18/5/2020 06:50
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Actualizado: 18/5/2020 01:42
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La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denuncia que durante el estado de alarma han aumentado las agresiones a agentes de la Benemérita.

«Se han incrementado de forma alarmante; en la AEGC estamos muy preocupados», señala a Confilegal el portavoz de esta asociación, Juan Amado.

Informa que la AEGC se ha personado como acusación particular en gran parte de ellas.

«Se están dando casos todas las semanas», detalla Amado, y lamenta que «se está perdiendo el respeto a la Guardia Civil».

Juan Amado, secretario nacional de comunicación de la AEGC.

Según explica, ha habido «varios atropellos a guardias civiles en controles de tráfico».

«Estamos hablando de controles perfectamente señalizados en los que la gente no para y llega incluso a arrollar a los agentes, que acaban heridos, y algunos muy graves, como es el caso de un cabo de Madrid, que tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital», apunta Amado.

El caso al que alude ocurrió el 25 de marzo.

El conductor se dio a la fuga.

También se están dando «agresiones físicas a agentes» por parte de individuos a los que han llamado la atención por saltarse el confinamiento. 

«Responden con puñetazos, atentados y resistencia a la autoridad, les escupen… Ha habido numerosos casos de este tipo repartidos por varias comunidades», detalla el portavoz de la AEGC.

Indica que en la madrugada del pasado 8 de mayo, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), «una patrulla de la guardia civil necesitó incluso refuerzos para poder reducir al agresor que les había atacado con un tablón y también les había escupido asegurando que tenía coronavirus».

Uno de los agentes quedó lesionado.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad, Carmen García Anciso, decretó el ingreso en prisión provisional de este individuo, a instancias de la Fiscalía, al apreciar “serios y notables indicios” de la comisión de delitos de atentado, desobediencia, amenazas, lesiones y daños.

Desde el pasado 23 de marzo este hombre, que «cuenta con numerosos antecedentes», había sido sancionado siete veces por incumplir las restricciones del estado de alarma y esta fue el octavo incumplimiento.

Por otra parte, informa que la asociación ha tenido que intervenir en la defensa de dos agentes de Monzón (Huesca) que denunciaron que «un detenido al que se le incautó droga pretendía que se la devolvieran bajo amenazas vulneró el estado de alarma y les faltó a los respecto, motivo por el que le pusieron tres sanciones administrativas».

Señala que «muchas de las agresiones quedan en multas, al no ser muy graves» y que en otros casos los agresores no entran en prisión por ser la pena impuesta menor a dos años y no contar con antecedentes penales. 

Afirma que desde la asociación «van a pedir por medio de las acusaciones que se impongan las penas máximas en cada agresión que se produzca contra guardias civiles en el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas». 

Amado explica que sólo en la Comunidad de Aragón el servicio jurídico de la AEGC por medio de su letrado Jorge Piedrafita lleva la defensa de «siete agentes que han sufrido agresiones en estos dos meses».

EL SUCESO MÁS GRAVE QUE LLEVA PIEDRAFITA TUVO LUGAR EL 20 DE MARZO ‘A MANOS DE DOS ALEMANES QUE DEJARON A TRES AGENTES HERIDOS’

Piedrafita cuenta con 8 años de ejercicio, los últimos cinco con la AEGC. 

Jorge Priedrafita, colegiado del ICA Huesca.

Preguntado por los casos más graves que lleva, dice que «el triple asesinato a manos de Igor el Ruso en Andorra, y el atentado ordenado por Josu Ternera contra la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que estamos hablando de 11 asesinatos y 88 tentativas de asesinato».

Respecto a las agresiones que se han producido durante el confinamiento, informa que el suceso más grave tuvo lugar en la primera semana del estado de alarma, el 20 de marzo, a manos de dos alemanes a bordo de un BMW, que dejaron a tres agentes heridos.

«Intentaron cruzar la frontera por Cataluña y no pudieron, entonces se dirigieron hacia Aragón pensando que iba a haber menos vigilancia policial, pero también se toparon con un control y se lo saltaron a alta velocidad. Se dio el aviso a la Guardia Civil, que los interceptó en otro control y volvieron a arremeter contra él llevándose por delante un coche policial«, relata Piedrafita. 

Cuenta que entonces, «un coche patrulla y dos agentes motorizados emprendieron una persecución tras el vehículo, que circulaba por una carretera de montaña a 170/200 km por hora y al cabo de unos 40 o 50 kilómetros consiguieron detenerlos».

Detalla que durante la persecución, el coche patrulla logró ponerse delante de estos individuos y las motos detrás, para arrinconarlos e irlos frenando, y que cuando se vieron acorradolados «embistieron al coche policial a alta velocidad y acto seguido dieron marcha atrás para intentar atropellar a uno de los motoristas, que tuvo que saltar de la moto para que no se lo llevaran por delante».

«Mientras iba hacia la moto, los agentes del vehículo sacaron el arma reglamentaria e hicieron un disparo al aire, pero no se detuvieron. Entonces dispararon a una rueda, sin poner en riesgo a ninguno de ellos, y al intentar huir de nuevo se salieron de la carretera y pudieron arrestarlos», relata el letrado.

Los agentes que iban en el coche patrulla «sufrieron latigazos vertebrales fuertes por el impacto trasero y el motorista que tuvo que saltar y tirarse al suelo para no ser atropellado, quedó herido en la mano». 

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Huesca, Cristina Salueña, en funciones de guardia, acordó prisión provisional y sin fianza para los dos alemanes, que posteriormente fue ratificada por la titular del Juzgado de Instrucción número dos de Jaca, la magistrada Mercedes González.

Piedrafita también lleva el caso de «dos agentes que sufrieron un atentado en Binefar (Huesca)», una población cercana a la frontera con Cataluña. 

«Una patrulla vio a un ciudadano paseando a un perro y después a otra persona con el mismo perro. A este segundo lo pararon y le dijeron que estaba vulnerando el estado de alarma, le pidieron la documentación, se negó a darla y en ese momento le dio un cabezazo a uno de los agentes, lo tuvieron que reducir y en el transcurso de la reducción temieron un posible contagio porque el sujeto no paraba de salivar y estaban pegados», relata este letrado.

Resalta que «el atentado y las lesiones, se agrava además por el riesgo de contagio».

«Afortunadamente no se produjo», apunta.

También informa que «además de agresiones físicas está habiendo amenazas», incluso de muerte.

Además, cuenta que en el Cuerpo existe preocupación a que conforme se vaya levantando el confinamiento «estas conductas de agresión vayan en aumento y sean de mayor gravedad». 

«Un guardia civil me comentaba estos días que tiene inquietud a que llegue junio, que sea fase 3 o 4, y que la gente salga en grupos a los bares y haya dificultad para controlarlos«, apunta.

Piedrafita señala que «desde la AEGC se va actuar con contundencia para que estas conductas lesivas hacia los agentes mientras garantizan el cumplimiento del estado de alarma y la salud de los ciudadanos no salgan nunca gratis o pueda existir cualquier resquicio de defensa para quienes agreden a los miembros y fuerzas de seguridad».

Considera que debería reformarse el artículo de atentado para que las penas sean mayores.

A su juicio, «debe haber criterios más estrictos e imposición de penas de más gravedad».

«Nosotros siempre pediremos la pena máxima», advierte.

También reclama que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean colectivos susceptibles de protección por delitos de odio.

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