La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca, Victoria Pelufo, ha citado a declarar como investigado por un supuesto delito de desobediencia al joven que obligó a seis policías a salir de un domicilio grabando con un teléfono móvil los hechos con la argumentación de que el dueño de la casa no les autorizaba a permanecer en su interior.
Lo que podría constituir un delito de allanamiento de morada.
Los hechos se hicieron virales después, cuando la grabación terminó en las redes sociales.
La magistrada Pelufo admitió a trámite la denuncia del sindicato de policía Jupol por el posible delito de desobediencia a la autoridad, pero sin entrar en los delitos de injurias, calumnias con publicidad y delito contra la intimidad, que también planteaba la organización sindical.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de mayo.
Mallorca se encontraba en la fase cero del plan de desescalada. Los siete agentes de la Policía Nacional se presentaron en el domicilio en el que se encontraba este joven con otros en respuesta a la llamada de una vecina que aseguraba que estaban celebrando una fiesta varias personas que no residían allí.
Jupol asegura en su denuncia que otra persona que se identificó como residente en el piso autorizó a los agentes a entrar.
En la vivienda estaba el denunciado, que grabó lo que ocurría con su móvil y conminó a los agentes a marcharse.
El hombre rechazó identificarse ni dejar de grabar porque defendía que estaba en su derecho.
Argumentó que no tenían una orden judicial, y negaba que se les hubiera dado permiso para entrar, por lo que en el vídeo les acusa de haber entrado «por la fuerza». En las imágenes, el hombre dice que llevados meses viviendo en el piso, mientras que los policías mantienen que no es su casa.
Jupol sostiene que la actuación de los agentes se ajustó «plenamente» a la ley. La denuncia también ataca la publicación del vídeo en Internet, destacando que en las imágenes aparece el rostro y cuerpo de los agentes, «permitiendo que éstos sean fácilmente identificados, comprometiendo de este modo gravemente la intimidad de los policías implicados».
Además, afirman que el vídeo suscitó «todo tipo de debates y comentarios», algunos de ellos «calumniosos e injuriosos para la imagen del Cuerpo Nacional de Policía».
El secretario provincial de Jupol en Baleares, Chechu Enrique, ha expresado la satisfacción del sindicato por el inicio de las diligencias.
