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Admitida la querella contra el rector de la URJC por malversación, falsedad en documento público y prevaricación

Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido citado el 1 de octubre para declarar por los tres supuestos delitos que se le imputan.
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Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, y el gerente general, Luis Mediero, han sido citados a declarar, el próximo 1 de octubre,  por la magistrada Carolina García Durrif, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Móstoles, tras admitir a trámite una querella por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación

“Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, dice la magistrada en un auto que tiene fecha de 9 de junio pasado. 

Ramos y Mediero han sido citados como investigados.

Los querellantes son Jorge Urosa Sánchez, quien fue director del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP) de la URJC y Antonio Jesús Mateo Sanz, profesor del Departamento de Economía de la Empresa de la misma Universidad.

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El CIFP fue creado para atraer a la universidad el mundo de la empresa y conectar ambos mundos para mejorar la formación de los alumnos.

De acuerdo con la querella, el rector Ramos, con el fin de descabezar a Urosa del CIFP, convocó un concurso para llevar a cabo una auditoría forense que ganó Grant Thornton SLP por 261.791,97 euros, lo que se hizo sin el acuerdo previo del Consejo Social el 4 de octubre de 2018.

Fue la segunda auditoria realizada al centro pues ese mismo año, la empresa Fiscal Line Consultores S.L., había llevado otra por un precio sensiblemente inferior: 16.940 euros. 

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En ninguna de las dos se hallaron indicios de delitos. 

Y eso que el objeto del pliego de prescripciones técnicas de la auditoría forense era evidente: la “Identificación de posibles fraudes, conductas irregulares o desvíos de fondos, detallando cuantía, efectos directos e indirectos, posible tipificación y presuntos autores, utilizando para ello las técnicas de evidencia digital, análisis financieros, entrevistas u otras que sean necesarias”. 

El rector, al parecer, buscaba despedir a Urosa de la forma más expeditiva.

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Se desconoce el resultado de la misma, que terminó en marzo de 2019, porque no fue remitida ni al Claustro Universitario ni al Consejo Social.

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TERCERA AUDITORÍA: BAKER MCKENZIE

Sin embargo, la Secretaría General, por orden del rector, el 28 de mayo de 2019, inició la tramitación de un contrato menor con ese mismo fin, buscarle las vueltas a Urosa: Realizar un “informe jurídico externo sobre la subsumibilidad penal de determinadas actividades de dicho Centro Integral de Formación Permanente de la Universidad Rey Juan Carlos.

Un contrato que se llevó Baker McKenzie por 17.036,80 euros –por contrato menor– frente a otros dos ofertantes, Morán Valdés Abogados y Calero Martinez Abogados, a los que se les solicitó  presupuesto.

Un presupuesto para la realización del citado informe, todo ello de manera urgente, sin describir el trabajo ni remitir información alguna sobre la auditoría forense realizada, ni siquiera se remite el índice de los objetivos del informe a realizar, es decir se solicita un presupuesto sobre la nada y estableciendo un plazo para remitir la propuesta de informe y presupuesto de 48 horas”, dice la querella.

En la misma se especifica que tal petición era un paripé puesto que los dos despachos mencionados estaban vinculados a la Universidad.

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“La decisión estaba tomada a favor de Baker. Las invitaciones eran una mera formalidad, de hecho la invitación no se hace a Baker and Mckenzie, sino a un of Counsel de la firma (abogado externo de la firma), Don Fernando Lascuráin, como consta en el mail remitido por la Secretaria General, siendo este mismo abogado el que realiza finalmente el informe, conforme al expediente de contratación”.

De acuerdo con los querellantes, antes de tramitar el expediente de contratación, el 3 de junio de 2019, ya se había contratado al citado despacho por lo que toda la tramitación posterior era irreal y ha sido falseada con la única finalidad de cubrir una contratación irregular creando ad hoc la documentación pública de la que consta el expediente. 

“Esta parte tiene constancia verbal por comunicación realizada por el propio Rector a Don Jorge Urosa que en fecha 7 de junio ya se había remitido el citado informe a la fiscalía y así lo declaró a la prensa. (…) El Rector le puso de manifiesto que se había realizado el informe por parte de Baker and McKenzie y que lo había remitido a Fiscalía, todo ello para evitar que el señor Urosa firmara una moción de censura que finalmente se presentó el día 30 de julio de 2019, a pesar de las amenazas recibidas”, apunta la querella.

No tuvo consecuencias jurídicas.

Urosa y Sanz afirman en su querella, además, que “a sabiendas de que existía una auditoría con la obligación de tipificar los posibles delitos, a sabiendas de que se tenía contratado un despacho de abogados cuya labor era el asesoramiento y litigación en el orden penal por valor de 120.000 euros [el propio Baker McKenzie] se continuó con la contratación de un contrato menor que en realidad ya se había encargado y realizado, es decir que habiéndose gastado más de 380.000 euros para realizar la función de tipificar los hechos y las actividades del CIFP, el Rector y el Gerente General deciden volver a disponer de fondos públicos para justificar una nueva contratación contra los informes de la intervención general de la URJC”.

De la querella se puede deducir con claridad que los motivos del rector, detrás de todas estas acciones, no eran otros más que el cese de Urosa al frente del CIFP y su control, acallando así “a los disidentes políticos”, logrando “su descredito universitario”.  

Por ello, los dos querellantes acusan al rector y al gerente general de los delitos de malversación de fondos públicos –penas de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años–.

Y especifican: porque “se licitó una auditoria forense por un precio desorbitado (261.791,97 euros frente a los 16.940 euros que costó la auditoría realizada por Fiscalline Cosultores) y en un tiempo récord (dos días), justificándose en un acuerdo del Consejo Social de la universidad, acuerdo inexistente, y con un informe de intervención que cuestionaba la procedencia de la licitación, la declaración de urgencia del concurso, los requisitos de los licitadores, y sin establecer parámetros económicos de la cuantía de la licitación y sin que constara en el expediente el fundamento de los criterios elegidos, informe al que se hizo caso omiso”. 

El segundo delito, prevaricación administrativa está castigado con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años; y el tercero, el de falsedad en documento público, la pena es de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 mees e inhabilitación especial de 2 a 6 años.

La pelota está ahora en el tejado de la magistrada García Durrif.