El llamado «caso Dina», -una de las 25 piezas en las que se ha dividido la investigación sobre el «caso de Tándem», del comisario José Manuel Villarejo-, nunca fue destinado a la abogada de Podemos, Marta Flor, sino que el partido decidió desde el inicio asignar este asunto al entonces jefe del servicio jurídico, José Manuel Calvente, que vivía en Cataluña.
Fue en la primera vista sobre este caso instruido en la Audiencia Nacional para la personación de Podemos como acción popular, cuando Flor asumió, de motu propio, la titularidad jurídica del asunto del robo del teléfono y la destrucción de la tarjeta de Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias.
Desde entonces, los despropósitos «jurídicos» de Flor se fueron acumulando en razones enumeradas por Calvente en su burofax, remitido al secretario de organización, Alberto Rodríguez –su jefe político, que, además, no es abogado–, en octubre de 2019, hasta que acabó siendo apartada del caso Villarejo por «vulnerar la confidencialidad del asunto».
Sin embargo, la «gran bronca» se produjo cuando Flor planteó, el 8 de febrero de 2019, a Calvente que podía ofrecer «la denuncia del robo sufrido por Dina al fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa», aseguran fuentes próximas al exequipo legal de Podemos.
Entonces todavía no existía el «caso Dina».
La denuncia había sido interpuesta por Bousselham ante la Comisaría de Policía de Alcorcón, localidad del sur de Madrid, donde hay un IKEA, lugar en el que se lo sustrajeron el 1 de noviembre de 2015.
La pieza separada del «caso Dina» fue incoada, y declarada secreta, en marzo de 2019 por el magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Aquello provocó la consiguiente pérdida de confianza por parte de los compañeros de Flor.
Aquel equipo legal de Podemos se oponía a que la abogada «pasara información confidencial» de los asuntos del partido al fiscal anticorrupción Stampa.
«Estas conversaciones entre Flor y el fiscal anticorrupción fueron previas a la pieza de Dina. El caso Tándem es el tronco principal, con una treintena de piezas, y la abogada Flor mantenía reuniones con Stampa sobre esta macrocausa desde el principio, cuando sólo había cinco o seis piezas abiertas», explican fuentes próximas a aquel equipo que lideró Calvente, otro hecho que podría traer graves repercusiones en las piezas de Tándem respecto al presunto intercambio de información confidencial entre Stampa y Flor.
INTERCAMBIO MUTUO
Fuentes próximas al exequipo jurídico de Podemos, señalan que tenían la sensación de que el «intercambio» de datos sobre el caso Villarejo era mutuo entre el fiscal y la letrada, según se expresaba Flor, sin poder cuantificar exactamente «cuantos documentos o informaciones han podido llegar a compartir entre ambos».
De acuerdo con estas mismas fuentes, los abogados reprochaban a Flor que «marcaba los tiempos para entregar escritos en los tribunales en función de sus reuniones con el fiscal Stampa».
El letrado Calvente era muy exigente con las directrices jurídicas acordadas por el equipo estimando que «el papel de los abogados es actuar con independencia de los fiscales, sin estar sujetos a sus recomendaciones», algo que recalcó en varias ocasiones a Flor que «no entendía las reprimendas del grupo jurídico por su forma de relacionarse con Stampa».
En alguna ocasión, Calvente, -a petición de la diputada Gloria Elizo-, tuvo que revisar y rehacer el trabajo jurídico de Flor por ser deficiente para presentar ciertos escritos de algunos casos como «Granadinas».
CALVENTE Y FLOR ROMPIERON AMISTAD Y CONTACTO LABORAL EN MARZO DE 2019
El hartazgo del equipo de abogados por las «formas de trabajo de Flor» fue in crescendo.
Se le asignó otro abogado, Alejandro.
En algunos momentos intervino Elizo para poner orden en los conflictos laborales que se venían suscitando en el caso Tándem y otros asuntos, hasta que Calvente y Flor rompieron su amistad y contacto laboral en marzo de 2019, retirándose la palabra definitivamente.
Aunque la «guerra sucia» comenzaría al poco tiempo «cuando Flor empezó a acusar a Calvente de acoso», en una campaña injuriosa de «hostigamiento» hacia su persona tal como explicó este abogado al diputado, Alberto Rodríguez, en su burofax.
Aunque Flor, trató de desprestigiar el trabajo de los abogados Calvente y Azahara, la realidad es que este equipo jurídico cesó a la abogada en junio de 2019, la apartó del caso Villarejo por sus conductas «poco transparentes entre lo profesional y lo personal con el fiscal Stampa».
Pero cuando el secretario de organización, Alberto Rodríguez, se reincorporó tras su baja por paternidad, lejos de amparar las decisiones de Calvente, despidió a estos letrados y reincorporó a Flor al caso Tádem, contra el criterio de los letrados, que habían denunciado la «mala praxis ante el partido».
La letrada Azahara judicializó el despido improcedente del partido, ganó en los tribunales, y fue readmitida en el equipo legal de Podemos, trabajando en el despacho con Flor, tras las desavenencias entre el grupo y ella por su relación con Stampa.
