La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid no le deja más espacio al magistrado instructor que la conversión en procedimiento abreviado y consiguiente auto de apertura de juicio oral. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La supuesta «estafa piramidal» a los millonarios de La Finca desembocará finalmente en juicio
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08/7/2020 07:00
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Actualizado: 08/7/2020 09:57
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Es la consecuencia directa de la decisión tomada por el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid de revocar el archivo provisional decretado previamente por Marcelino Sexmero, magistrado titular del Juzgado de Instrucción 4 de Madrid.
En un auto trabajado y prolijo, los magistrados Mario Pestana Pérez –presidente y ponente–, María José García-Galán San Miguel y José Joaquín Hervás Ortiz, corrigen al instructor, lo que supondrá –casi con toda probabilidad–, la conversión de la investigación en procedimiento abreviado y su consecuencia directa: la apertura de juicio oral por los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal.
Los querellados, Julio y Maite Torres, son hermanos del arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, quien hizo las casas de Cristiano Ronaldo, Amancio Ortega, Zinedin Zidane, Raúl, Fernando Torres, Gonzalo Miró, Alejandro Sanz y Fernando Hierro, en la exclusiva urbanización La Finca, situada en Pozuelo de Alarcón, una localidad al oeste de Madrid.
Esto les permitió acceder a personas de altísimo poder adquisitivo que creyeron en el negocio que les proponían, la construcción de varias plantas generadoras, con la promesa de buenos y fáciles beneficios.
Para potenciar la captación de inversores contrataron a la periodista Cristina Tárrega.
Son un total de 29 millones de euros –de los que 5 corresponden a un préstamo del Ministerio de Industria– que personas de las más adineradas de España invirtieron en la llamada tecnología Kurata, un sistema por el que Julio y Maite Torres prometían generar combustible diesel –y pingües beneficios– a partir de la transformación de residuos.
Una tecnología sobre la que el tribunal de la Audiencia Provincial concluye que «hay fuertes razones para cuestionar radicalmente su viabilidad«, según el auto 350/2020 de 19 de junio, al que ha tenido acceso Confilegal.
500.000 EUROS COMO MEDIA DE INVERSIÓN POR CABEZA
La media por inversor fue de 500.000 euros, como Alejandro Sanz y Fernando Hierro, aunque otros pusieron mucho más, como Carlos Sainz Cenamor, padre del piloto de Rallyes y abuelo del piloto de Fórmula 1, quien llegó a poner 2 millones de euros.
Sainz, a través de su empresa, Imacar, S.L., es uno de los 13 querellantes –entre personas y empresas–, junto con el constructor murciano José Ramón Carabante Aguilera y su hijo, José Ramón Carabante de la Plaza, Alberto Puig Gabarró, María y Mercedes de la Rosa Eguilior, Javier Puig de la Rosa, Alberto Boluda Sánchez y las mercantiles Centurión General, S.L.U., Hacienda Marbella, S.L. Next Tech Energy, B.V., Ruisanjol Servicios Globales, S.L., y Rupama Servicios Integrales. S.L.
Sexmero comenzó la instrucción de la causa en junio de 2015, pero el negocio comenzó mucho antes, en 2010, con la ampliación de capital de las empresas energéticas New Meloil S.L. y Biocombustibles de Melo, S.L. –propiedad de los Torres–, «llamadas a revolucionar» el sector de los carburantes con la construcción de una planta de biodiésel en Barajas de Melo, Cuenca.
En un principio captaron de los inversores 7,3 millones de euros el dinero, pero llegarían hasta los 24 millones de euros de capital privado.
Algunos de los querellantes han calificado de «estafa piramidal», o esquema Ponzi, porque recuerda a la que montó Bernard Madoff en Estados Unidos y por la que fue condenado a 150 años de cárcel. Una calificación que se acreditará, o no, tras el juicio, que previsiblemente durará varios días, y la sentencia consiguiente.
UNA CENTRAL DE ENERGÍA FANTASMA
El «complejo industrial de Barajas de Melo», como lo denominaron los periódicos, fue inaugurado el 22 de abril de 2015 nada menos que por el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y la presidenta de Castilla-La Mancha del momento, María Dolores Cospedal, ambos del Partido Popular.
Nunca llegó a ponerse en marcha.
Para el tribunal, existen indicios de que Torres, directamente o a través de sociedades que manejaba, no aportó dinero para construir la planta de Cuenca.
«No asumió riesgos y sí obtuvo beneficios derivados de la realización de la obra y el suministro de los equipos y aparatos a través de sociedades bajo su control«, subraya.
«Tampoco consta que se haya puesto funcionamiento fuera de España una sola planta de producción de combustible a partir de residuos que emplee el sistema Kurata, y la única que está en funcionamiento efectivo, la planta piloto ubicada en Cañete de las Torres (Córdoba), ha terminado por abandonar dicha tecnología», según el auto de la Audiencia Provincial.
Y añade: «La ausencia de la puesta en funcionamiento en algún país extranjero de una planta que utilice el sistema Kurata es un fuerte indicio de la inviabilidad de dicha tecnología».
El tribunal señala, en relación con los 5 millones de euros de préstamo concedido por el Ministerio de Industria a Biocombustibles de Melo, S.L., que los servicios técnicos de la Dirección General de Industria no tenían capacidad suficiente para saber si el sistema kurata funcionaba o no.
DE DÓNDE VIENE LA «TECNOLOGÍA KURATA»
El inventor de la Kurata fue el japonés fallecido Taishi Kurata, de donde toma el nombre, quien dejó para la posteridad cuatro inventos.
Para los tres magistrados es una tecnología basada «en una teoría física susceptible de calificarse al menos como extravagante en el ámbito científico, cuya propiedad pasó de su inventor a una sociedad nipona y que nunca fue patentada, acaba siendo titularidad de una sociedad con sede en Madeira (Portugal) y que está bajo el control de dos ciudadanos españoles».
El investigado Julio Torres prestó declaración en varias ocasiones, recuerda el auto.
«Manifestó que conoció el sistema Kurata en 2007 a través de un ingeniero llamado Jacinto Valerio, y añadió que pagó en total y no solo por la licencia unos 100 millones de euros al dueño de la patente (sic). No hay rastro de un pago o pagos semejantes en el procedimiento, pese a la magnitud de la suma, pese a que su acreditación no parece muy difícil para el pagador y pese a que, desde luego, tal acreditación habría excluido prácticamente la tesis de la estafa que propugnan los ahora recurrentes».
Torres no pudo demostrar documentalmente el desembolso de dicha suma.
OPERACIONES CIRCULARES
El tribunal presta mucho valor al informe pericial elaborado por el economista Francisco Javier Socastro Pereda, que dice que desde el mismo momento en el que recibieron las inversiones de 2010 Julio Torres comenzó a hacer «operaciones circulares».
Traspasos de dinero entre sociedades controladas por Julio Torres que carecen de sentido económico aparente.
Y puso un ejemplo estudiado: «Nada más recibir en 2010 la suma de algo más de siete millones de euros aportada por los inversores tras las sucesivas ampliaciones de capital de New Meloil S.L. y de Biocombustibles de Melo S.L., el citado querellado decidió transferir dichos siete millones a una de las sociedades de su grupo, Inversiones Berindi S.L., la cual amortizó la línea de crédito con saldo deudor que tenía en Cajamadrid y recuperó el crédito bancario; a continuación utilizó dicha la póliza de crédito y trasfirió a Hispania de Melo S.L., el vehículo de inversión del grupo Torres en Biocombustibles de Melo S.L., una suma próxima a los 7 millones de euros, y con ella se aporta el dinero a Biocombustibles con el que se suscribe parte de la ampliación de capital», explica Socastro.
«Con esta operación circular, Inversiones Berindi S.L. mantiene una deuda que ya tenía y Julio Torres y su grupo de empresas realiza una aportación dineraria real que es la mitad de la dice a los inversores, y resta casi siete millones de dinero efectivo al proyecto de Cuenca».
Los numerosos movimientos circulantes restantes no implicaban un aumento de la masa monetaria.
«Julio Torres Vérez justifica un gasto de nueve millones de euros en la construcción de la planta de Almería, y concretamente en concepto de anticipo del precio de tres catalizadores comprados a Legoriza S.L.», añade.
«Sin embargo, ni la planta de Almería se ha construido ni consta que se hayan comprado y ni siquiera encargado dichos catalizadores, al contrario de lo que sucedió en el caso de los catalizadores de la Planta de Cuenca».
Cabe agregar un extremo indiciariamente significativo del modo de proceder del principal investigado, «el cual ha sido puesto de relieve por alguno de los recurrentes y puede encajar racionalmente en la tesis de la existencia de un plan oculto de beneficiarse en exclusiva a costa de los inversores utilizando el reclamo de una tecnología revolucionaria pero inviable en su fundamentación científica y, lógicamente, en la práctica industrial«.
Y esa fue la operación de compra de los terrenos donde estaba proyectada la construcción de la mencionada planta de Almeria.
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